El Gobierno aplicará la flamante Ley de Huelgas y exigirá un 75% de asistencia mínima durante el paro
El Ministerio de Capital Humano ratificó este sábado que exigirá una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio educativo durante el paro docente nacional convocado para este lunes 3 de agosto, en cumplimiento de la Ley 27.802, que declara a la educación como servicio esencial.
La decisión fue confirmada durante una reunión ampliada del Consejo Federal de Educación (CFE), encabezada por la ministra Sandra Pettovello y el secretario de Educación, Carlos Torrendell, junto a los responsables de las carteras educativas de las distintas jurisdicciones del país.
Según informó la cartera nacional, durante el encuentro se coordinaron las acciones necesarias para garantizar la continuidad del dictado de clases y articular la inspección nacional que supervisará el cumplimiento de la normativa durante la jornada de protesta.
Desde Capital Humano remarcaron que la medida busca “resguardar el derecho a aprender de los estudiantes y ofrecer previsibilidad a las familias argentinas”, al tiempo que recordaron que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de controlar el cumplimiento del piso mínimo del 75% de prestación del servicio.
Según el oficialismo, el objetivo es “resguardar el derecho a aprender” y dar “previsibilidad” a las familias argentinas frente a las medidas de fuerza.
La reacción sindical no se hizo esperar. En un comunicado conjunto, la CTA Autónoma (Hugo Godoy) y la CTA de los Trabajadores (Hugo Yasky) ratificaron su apoyo total a la jornada nacional de lucha. Para los gremios, la “esencialidad” que pregona el Gobierno es vista como un intento de cercenar el derecho constitucional a la huelga en un contexto de fuerte ajuste.
“Nos vamos a movilizar durante toda la semana por un país que abrace a todo nuestro pueblo”, expresaron desde las centrales obreras. El pliego de reclamos es extenso y excede lo educativo:
Desde los gremios aseguran que la movilización no es solo por condiciones laborales, sino una respuesta a lo que definen como una política que busca “debilitar las capacidades estatales y restringir derechos conquistados”.
El escenario para el lunes 3 de agosto plantea una colisión de derechos fundamentales: el derecho a aprender invocado por el Estado y el derecho a la protesta y a un salario digno reclamado por los trabajadores nucleados en CTERA, ATE, CONADU y las CTAs.
Mientras el Ministerio de Capital Humano prepara a sus inspectores para verificar el presentismo y el cumplimiento del 75%, los sindicatos apuestan a la “fuerza de un pueblo organizado”. “Cada paso que demos en las calles será una muestra de que la esperanza sigue viva”, sentenciaron los dirigentes gremiales, dejando claro que el conflicto no se agotará en una sola jornada de paro.
El lunes será la primera prueba de fuego para la nueva normativa de esencialidad. La gran pregunta es si el control administrativo del Gobierno será suficiente para contener el descontento social que los gremios prometen visibilizar durante toda la semana.
