El Gobierno asciende a un funcionario para acelerar privatizaciones
07/06/2024 La Nación – Nota – Política – Pag. 13
Maia Jastreblansky LA NACION
Diego Chaher, interventor de los medios públicos, tendrá a cargo más de 20 empresas estatales.
En el Gobierno se está dando una migración interna del poder. En las últimas horas se confirmó que Diego Chaher, que hasta ahora se desempeñó como interventor de los medios públicos Télam, Radio y Televisión Argentina (RTA) y Educ.Ar pasará a controlar las más de 20 empresas del Estado en una «unidad ejecutora» que dependerá de la Jefatura de Gabinete.
Su objetivo, según trascendió en la Casa Rosada, será «acelerar» los procesos de «privatización, liquidación, fusión o transferencia» que estén autorizados por ley.
Chaher reemplazará a Mauricio González Botto, secretario de las Empresas del Estado (aún no renunció), quien supo ser una espada del eyectado Nicolás Posse. Es un área apetecible por la magnitud de las operaciones que tienen las empresas estatales y por los proyectos de venta a los privados que quiere encarar Javier Milei.
Si bien en los papeles Chaher estará subordinado al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro coordinador siempre aclaró internamente que no pretende estar encima de las empresas públicas.
En la práctica, el nuevo titular de las sociedades del Estado trabajará con el estratega presidencial Santiago Caputo, que sigue expandiendo su influencia.
«La gestión de las empresas la harán los directorios de las áreas específicas, como obras públicas o transporte. Chaher va a empujar la privatización, la liquidación o la transferencia de las empresas», dijeron muy cerca del Presidente a la nacion. El ascendido funcionario deberá hacer que las sociedades resulten apetecibles para los privados y buscar compradores.
En la Ley Bases, que se votó en Diputados, por ahora figuran las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina SA (Enarsa), RTA, Intercargo, AySA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse) y Corredores Viales SA. La venta de la aerolínea está muy cuestionada en el Senado.
La nueva unidad ejecutora a cargo de las empresas públicas también obtura la posibilidad de que las sociedades estatales pasen a ser controladas por Federico Sturzenegger, como se especuló.
Tal como anticipó la nacion, Milei quiere asignarle a su economista «coloso» una cartera dedicada a la modernización y la desregulación, pero no quiere entregarle las empresas públicas ni recortar atribuciones a Luis «Toto» Caputo.
El Gobierno decidió ascender a Chaher pese a que la agencia Télam hoy está en un limbo y no se cerró, como había anunciado Milei el 1º de marzo. La Casa Rosada considera al interventor un «buen alumno», porque 400 trabajadores de la agencia (aproximadamente la mitad de la planta) aceptaron un retiro voluntario sin que el conflicto se judicializara, como ocurrió en la era de Mauricio Macri.
Sin embargo, nunca existió un instrumento jurídico que avale la clausura de la empresa. La primera semana de marzo, el Gobierno dio de baja el sitio de Télam y las fuerzas de seguridad impidieron el ingreso de sus trabajadores.
Luego se abrió un proceso de retiros voluntarios que duró 85 días.
Los trabajadores de la empresa advierten que «Télam SE sigue existiendo», porque hasta ahora no hay un proceso para convertirla en una sociedad anónima (para eventualmente liquidarla) ni un concurso preventivo de crisis.
En la TV Pública y en Radio Nacional ?que también cerraron sus webs y cesantearon empleados? Chaher buscó reducir los pagos de horas extras. Además, fijó un nuevo sistema de contenidos para que las productoras cubran sus costos con auspiciantes privados.
Según pudo reconstruir la nacion, uno de los planes del Gobierno es «fusionar el ecosistema de medios públicos». Es decir, integrar personal y activos de RTA, Télam, Contenidos Públicos, el Incaa, Arsat y Bacua en una única compañía que produzca contenidos. El plan de privatización de los medios, no obstante, sigue en pie. Télam sostendría su agencia de publicidad.
Respecto del resto de las empresas del Estado, el objetivo del Gobierno es que reduzcan al mínimo las necesidades de asistencia del Tesoro nacional hasta ser privatizadas.
Hasta ahora, González Botto consiguió un ahorro anualizado de US$1400 millones. En lo referido a los trabajadores (suman más de 90.000 en todas las sociedades), hasta ahora las desvinculaciones llegaron a un 5%, pero el objetivo oficial es llevar ese número a un 25% hacia fin de año.
Fuentes del Gobierno aseguran que, por caso, Aerolíneas Argentinas ya redujo su déficit operativo en un 82% y que Correo Argentino llegó a un «punto de equilibrio» tras la reducción del 25% de la planta (2000 cesantías). Empresas grandes como AySA avanzaron con el retiro voluntario de 800 empleados, apuntan a llevar ese número a 1200 a fin de año y a no necesitar más transferencias del Tesoro en diciembre. Trenes Argentinos Infraestructura y Belgrano Cargas pretenden el punto de equilibrio en febrero de 2025.
En los planes oficiales figura la cesión de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) a Santa Cruz, de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) a Catamarca y Tucumán, y la fusión de Dioxitek (que garantiza el suministro de dióxido de uranio a las centrales nucleares) con Nucleoeléctrica Argentina (NASA).