El Gobierno busca reglamentar la «esencialidad» aeronáutica y avanzar con la privatización de Aerolíneas Argentinas
estadodealerta.com.ar
Mientras el conflicto con los gremios aeronáuticos que vienen llevando adelante medidas de fuerza para reclamar por un aumento salarial en Aerolíneas Argentinas que les permita recuperar la pérdida de poder adquisitivo sufrida desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el gobierno nacional confirmó sus intenciones de reglamentar la “esencialidad” de la actividad aeronáutica, como ya se hizo con la educación, como estrategia para limitar el margen de acción de los gremios y restringir sus posibilidades de aplicar medidas de fuerza.
La ministra de Capital Humano Sandra Petrovello remarcó desde sus redes sociales que “se ha definido reglamentar la esencialidad de la actividad aeronáutica, civil, aerocomercial pública y privada en todo el territorio nacional”, con el objetivo de “garantizar servicios mínimos a la población” en un área definida como de “importancia estratégica” para la “conectividad, el comercio y el transporte de pasajeros”.
Julio Cordero, titular de la Secretaría de Trabajo (dependiente de la cartera que encabeza Pettovello), agregó: “»Desde Capital Humano buscamos cuidar y defender a los miles de argentinos que se ven afectados cada vez que se definen medidas de fuerza en este sector”.
Según se anticipó, la medida se efectivizaría por decreto, estableciendo medidas para garantizar un “nivel mínimo de servicios ante conflictos laborales” que puedan interrumpir total o parcialmente las actividades aeronáuticas. La decisión del Gobierno se oficializó pocas horas después de que los gremios llevaran adelante un para que paralizó durante varias horas las actividades tanto en Aeroparque como en Ezeiza.
Por otro lado, diputados del PRO enviaron al Congreso un proyecto de ley para privatizar Aerolíneas Argentinas, pese a que la aerolínea de bandera fue excluida de las empresas a privatizar enumeradas en la Ley Bases. Entre las argumentaciones para la propuesta, cargan contra los sindicatos del sector: “Años de corrupción, el uso de la empresa como un nicho para acomodar militancia partidaria, y la extorsión por parte de algunos sindicatos, nos han costado millones de dólares a todos los argentinos”. La propuesta fue presentada originalmente por el ex ministro Hernán Lombardi, acompañado por otros 20 legisladores del PRO.