El Gobierno le sacó otro privilegio a Aerolíneas Argentinas y profundiza los «cielos abiertos»
Competencia
El Ejecutivo derogó un decreto que establece que las empresas del Estado «no podrán disponer ventajas en la contratación o en la compra de bienes y servicios».
El Gobierno derogó el Decreto 1191/12, que obligaba a las entidades del sector público nacional a contratar pasajes aéreos exclusivamente con Aerolíneas Argentinas y AustralLíneas Aéreas.
Esta decisión forma parte de un paquete de medidas para desregular la economía y eliminar beneficios a empresas estatales, en línea con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 que declaró la emergencia pública en múltiples áreas hasta fines de 2025.
La norma eliminada había sido emitida en 2012 y establecía que todas las jurisdicciones del sector público debían adquirir pasajes nacionales e internacionales mediante el sistema de la empresa Optar S.A., vinculada a Aerolíneas Argentinas. A partir de ahora, las entidades podrán elegir alternativas competitivas en función de sus necesidades, siempre y cuando respeten los principios de transparencia, igualdad y eficiencia establecidos en el régimen de contrataciones públicas.
Además, el Boletín Oficial de este martes indica que se derogó la Decisión Administrativa 244/13, que regulaba los requisitos para el cumplimiento de estas contrataciones obligatorias. Según el nuevo marco normativo, las empresas con participación estatal no gozarán de ventajas o prerrogativas legales en ningún tipo de contrato público, tal como establece el artículo 50 del Decreto 70/23.
La medida tiene como objetivo garantizar la libre competencia y evitar distorsiones en el mercado. El Gobierno consideró que la obligatoriedad de contratar con empresas estatales constituía un beneficio contrario a los principios generales del régimen de contrataciones de la Administración Nacional, previsto en el Decreto 1023/01.
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En términos operativos, el Decreto 747/24 establece que cualquier entidad pública podrá justificar la contratación con empresas privadas si las condiciones ofrecidas son más convenientes para el Estado. Con ello, se busca optimizar el uso de los recursos públicos y mejorar la competitividad económica.
El cambio normativo fue impulsado por la Oficina Nacional de Contrataciones, con la intervención de la Secretaría Ejecutiva de la Jefatura de Gabinete y el respaldo de los servicios jurídicos pertinentes. La medida se sustenta en las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo por el artículo 100, inciso 1, de la Constitución Nacional.
Estas reformas se enmarcan en el programa general de desregulación económica anunciado por el Gobierno, que apunta a eliminar barreras y restricciones para estimular el desarrollo del mercado y mejorar la eficiencia en la gestión pública.
