El Gobierno planea subsidiar a empresas privadas que contraten a los empleados públicos que está despidiendo

La motosierra de Federico Sturzenegger en su objetivo de achicar el Estado y su personal se acelera. A las pocas semanas de oficializarse su llegada al Gobierno, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado avanza en varios proyectos que modifican las condiciones de trabajo en el Estado, entre ellos un régimen de subsidios de hasta 12 meses para que las empresas privadas contraten a aquellos empleados sin funciones a partir de la eliminación o fusión de unos 60 organismos.

Según reveló Clarín, Javier Milei podría utilizar la delegación de facultades otorgada al Ejecutivo por la Ley de Bases, que tiene una vigencia de 12 meses. Estos “superpoderes” le confieren al gobierno la capacidad de eliminar estructuras del organigrama estatal sin necesidad de pasar por el Congreso, salvo en algunos casos específicos que se encuentran en un listado. Además, el libertario podría tomar medidas respecto a la planta permanente del personal, incluyendo la posibilidad de pasar a disponibilidad a aquellos empleados afectados por la reestructuración o reducción de organismos.

Cómo funcionará el plan de Sturzenegger

De acuerdo con la normativa vigente, los empleados que no sean reubicados deberán recibir capacitación o realizar tareas en servicios tercerizados del Estado, manteniendo su salario.

Una vez transcurridos los 12 meses, si el trabajador no logró formalizar una nueva relación laboral, será desvinculado e indemnizado. Además, el plan de “racionalización” incluye una nueva fase que ofrece la reubicación voluntaria del personal disponible en el sector privado a través de un régimen de “incentivos”, aunque este proceso no será inmediato.

“Cuando se fusionan o cierran organismos, ¿qué haces con el personal? Durante 12 meses se protege su salario y, al finalizar ese período, se les otorga una indemnización. Vamos a implementar un esquema para que en esos 12 meses el trabajador pueda presentarse en una empresa privada y decir: ‘Probame’. Esa compensación de 12 meses se la ofreceremos a la empresa. Si el trabajador prefiere, podemos dársela a él, pero si opta por ello, también podemos entregársela a la empresa”, explicó el extitular del Banco Central esta semana en una entrevista con Radio Mitre.

En las últimas horas, el gremio de los estatales ATE alertó sobre los planes del polémico ministro para eliminar organismos como el INADI, el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE) y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), entre otros.

Especulaciones del Gobierno

Esta iniciativa es parte de la agenda del Consejo de Mayo, que busca reglamentar la reforma laboral y reinstalar el capítulo laboral del DNU 70, que había sido suspendido por un amparo judicial presentado por la CGT. «Estamos analizando cómo hacer para que el sector público pueda trasladar a sus empleados al sector privado de manera adecuada; la mesa de diálogo también aborda este tema», confirmó un funcionario.

En el pasado, se realizaron intentos similares fuera del sector público. En 2016, el Gobierno de Mauricio Macri lanzó el Programa de Transformación Productiva (PTP), que otorgaba subsidios a empresas para la reubicación de trabajadores de plantas en reconversión a empresas en expansión. Durante la gestión de Alberto Fernández, se implementaron dos programas de «Puente al Empleo» para facilitar la contratación de beneficiarios de planes sociales por parte del sector privado. En ambos casos, los resultados fueron insatisfactorios.

El principal desafío del proyecto actual es la recesión económica, provocada por el plan de ajuste, que, aunque ha reducido la inflación, también ha detenido las contrataciones. Según datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, entre noviembre y marzo se perdieron 126.000 puestos de trabajo asalariado registrado, distribuidos entre el sector privado (95.000), el sector público (22.000) y el ámbito de casas particulares (9.000).