El 8 de noviembre de este año, el presidente Mauricio Macri declaró: «Todas las líneas aéreas que funcionan acá y la mayoría del mundo no requieren que los ciudadanos de ese país, en este caso los argentinos, pongamos plata todos los meses», lo cual es una vieja mentira, dado que los subsidios al transporte aéreo son moneda corriente en todo el mundo, como en el «desregulado» mercado aerocomercial estadounidense, cuyas líneas aéreas (todas ellas privadas) recibieron 5 mil millones de dólares en subsidios directos y otros 10 mil millones de dólares en préstamos luego del 11 de septiembre de 2001, o en líneas europeas o de Medio Oriente como Qatar Airways, Etihad Airways y Emirates.

Por el contrario, el Gobierno de Macri desde su asunción ha ido reduciendo los subsidios otorgados a Aerolíneas Argentinas en un tercio cada año con el objetivo de eliminarlos completamente para el 2019. Este brutal desfinanciamiento de la aerolínea de bandera creada por el general Perón en 1949 se verá agravado aún más por la venta de activos y el incremento de deuda en moneda extranjera por miles de millones de pesos que el Gobierno de Cambiemos planea realizar el próximo año tal como lo pautó en el presupuesto nacional 2019.

Paralelamente, el Gobierno viene implementando «la revolución de los aviones», que básicamente consiste en entregarles las rutas aéreas de cabotaje más rentables a líneas aéreas low-cost, en tanto que las rutas menos rentables pero vitales y estratégicas para la conectividad en un país de las dimensiones de Argentina siguen siendo cubiertas exclusivamente por Aerolíneas Argentinas y Austral. Al mismo tiempo, se le brinda a Flybondi las rutas de cabotaje aéreo más rentables, tener descuentos impositivos en la ciudad de Bariloche y la provincia de Córdoba, y recibir un subsidio directo por cada uno de sus empleados en esa provincia. Recordemos que Flybondi alcanzó el triste récord de haber cancelado 94 vuelos en una sola semana, dejando varados a miles de pasajeros, a lo que hay que añadir 850 incidentes técnicos graves en solo seis meses.

La realidad es que detrás de los embustes y los silencios, el Gobierno de Cambiemos está reduciendo la capacidad de Aerolíneas Argentinas de generar ingresos de divisas genuinos e implementando una política de reducción y vaciamiento de rutas y activos de la empresa que fueron algunas de las razones que motivaron la renuncia de Isela Costantini a continuar con su positiva gestión. Ejemplo elocuente son el cierre de la ruta Buenos Aires-Barcelona por considerarla «no rentable», cuando la low-cost Level, subsidiaria de Iberia y controlada por British Airways, realiza nueve vuelos semanales entre Buenos Aires y Barcelona, y el cierre de las oficinas comerciales de Aerolíneas Argentinas en Punta del Este, mientras que el ministro de Transporte Dietrich autoriza vuelos desde la base militar de El Palomar y la low-cost Flybondi anuncia su nueva ruta Buenos Aires–Punta del Este.

En estos días se ha promovido una fuerte campaña pública de desprestigio sobre Aerolíneas Argentinas que encubre los reales motivos del conflicto, a los que se suma la reciente provocación de la suspensión de más de 350 empleados de la compañía. Todavía se repiten los argumentos canallas que usaba Bernardo Neustadt para privatizar los ferrocarriles: «Nos cuestan un millón de dólares por día», silenciando las fabulosas externalidades económicas que generaban los trenes y que no constaban en sus balances contables. ¿Sin esos aportes qué hubiera sido del desarrollo del país y sus provincias? Las escuelas, los hospitales, los tribunales, las fuerzas de seguridad y demás servicios públicos no son un costo sino una necesaria inversión porque no tienen como finalidad generar renta sino dar un servicio seguro y de calidad al conjunto de la comunidad.

Lo que no menciona el presidente Macri ni su ministro de Transporte Dietrich es que Aerolíneas y Austral vuelan a siete provincias argentinas a las que ninguna otra línea aérea llega, lo cual no solo resulta fundamental para esas provincias por razones de conectividad, sino también en términos económicos. Según un estudio de la Universidad de Oxford, por cada puesto de trabajo en Aerolíneas Argentinas se crean de 2,7 puestos de trabajo indirectos, así como por cada peso de valor agregado generado por Aerolíneas se producen 2,94 pesos como resultado del impacto de la cadena de valor y de los gastos de sus empleados a nivel local.

Claramente, el Gobierno apunta no solo a desfinanciar Aerolíneas Argentinas sino a vaciarla y volverla económicamente inviable al pagar gastos corrientes con venta de activos y toma de deuda, así como al recortar fuentes de ingresos de divisas, lo que lleva inevitablemente a la re-privatización o el cierre de la empresa, sin tomar en cuenta la función social y de integración regional que cumple la línea aérea de bandera. Una política violatoria de la ley 19030 que designa a Aerolíneas Argentinas como la empresa ejecutora de la política aerocomercial del Estado, así como la ley 27161 que establece la prestación del servicio aerocomercial como servicio público esencial.

La comunidad entera —organizaciones sociales, partidos políticos, sindicatos, universidades y entidades empresarias— debe movilizarse para detener esta política destructiva que va a contramano de las necesidades del país. El proyecto estratégico nacional necesita que nuestras aerolíneas, en lugar de reducirse, abran más rutas que faciliten mayores intercambios económicos, comerciales, turísticos y culturales con más países y continentes. Por todas estas razones, es un deber movilizarse para impedir el vaciamiento y la quiebra de Aerolíneas Argentinas y Austral.

El autor es senador nacional de Proyecto Sur