En pleno debate por las privatizaciones, Milei creó una nueva empresa estatal

En medio de los últimos intentos contrarreloj en Diputados para reinsertar en la lista de las privatizables de la Ley de Bases a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA (Radio y Televisión Argentina), la administración de Javier Milei procedió a crear una nueva empresa estatal que actuará en el ámbito energético y que, en los papeles, debería pasar en menos de un año a manos privadas.

Se trata de «Chocón Hidroeléctrica Argentina SA», la nueva compañía estatal que va camino a hacerse cargo de la represa patagónica El Chocón-Arroyito, que actualmente está bajo el control del grupo italiano ENEL, con una prórroga provisoria que vence en los primeros días de agosto.

Javier Milei crea nueva empresa estatal, pese a insistir en privatizaciones

Una vez que regrese a la órbita del Estado, la gestión mileísta ya tiene decidido volver a concesionar el complejo hidroeléctrico por un plazo de 30 años a un nuevo operador privado que surgirá de una licitación nacional e internacional, prevista para el último trimestre del año.

La nueva empresa «Chocón Hidroeléctrica SA» salió a la luz en el Boletín Oficial con la transcripción de su escritura constitutiva del 3 de junio pasado, en la cual se estipula que la estatal Enarsa (Energía Argentina SA) será la titular de la mayoría de las acciones A y B, acompañada por Nucloeléctrica Argentina SA (NASA) como tenedora de las acciones minoritarias clase C.

A la flamante compañía, le fijaron un plazo de duración de 40 años y un amplio objeto social que la habilita a desarrollar, entre otras, las siguientes acciones relevantes:

• Producir y comercializar energía eléctrica en bloque en el mercado mayorista.
• Planificar, desarrollar, ejecutar, explotar, operar y mantener todo tipo de obras y/o elementos complementarios del complejo de generación hidroeléctrico para eficientizar, complementar u optimizar la generación, comercialización y venta de energía eléctrica.
• Prestar servicios de asesoramiento, operación, mantenimiento y/o accesorios, a personas físicas o jurídicas que exploten complejos de generación de energía, propios o de terceros.
• Importar, exportar, comprar, transportar y distribuir materiales, maquinarias, artefactos y equipos afines a sus actividades específicas.
• Realizar cualquier proyecto, estudio, asesoramiento, preparación de documentación licitatoria, dirección y/o inspección de obra para eficientizar, complementar u optimizar el complejo hidroeléctrico para sí o para terceros.

La escritura de «Chocón Hidroeléctrica SA» precisa que «podrá realizar todo tipo de desarrollo, soporte, asesoramiento, operación y mantenimiento de las actividades relacionadas con el sector hidroeléctrico, como así también todo tipo de servicios periféricos y complementarios del sector».

Además, estará habilitada para «tomar y otorgar préstamos, ya sea en el país como en el extranjero» y realizar «por sí misma, asociada a terceros o por cuentas de terceros, cualquier operación financiera y ejercer toda clase de mandatos, comisiones, consignaciones, agencias, representaciones y funciones fiduciarias».

El capital de la empresa quedó establecido en $30.000.000 «representado por 30.000.000 acciones escriturales ordinarias de $1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción, de las cuales 15.300.000 son clase A; 14.100.000 son clase B y 600.000, clase C».

Al comando de la sociedad quedaron las actuales autoridades de Enarsa: Juan Carlos Doncel Jones (presidente); Rigoberto Mejía (vicepresidente) y Alberto Devoto (director titular).

El Gobierno sumará otras tres empresas públicas

A la nueva empresa estatal de El Chocón le seguirán en los próximos días tres sociedades similares más correspondientes a las usinas de Alicurá, Cerros Colorados y Piedra del Águila; cuyas actuales concesiones expiran entre agosto y diciembre y también tienen como destino ser reprivatizadas por la administración libertaria.

Las hidroeléctricas del Comahue se construyeron y entraron en operaciones entre 1972 y 1999. Fueron financiadas con créditos internacionales, avales del Tesoro Nacional y los recargos tarifarios en las facturas eléctricas que abonaron durante casi dos décadas los clientes residenciales, comercios e industrias de todo el país

Durante el gobierno de Carlos Menem fueron concesionadas por 30 años a empresas privadas que actualmente están en manos de dos grupos extranjeros y dos compañías locales que también tallan en otras áreas del negocio energético.

En el caso de El Chocón-Arroyito, el 59% de las acciones de la sociedad concesionaria están en poder del grupo italiano ENEL, el principal accionista de Edesur. En la central Alicurá, el grupo estadounidense AES domina la sociedad controlante. Cerros Colorados quedó, desde diciembre pasado, a cargo de la empresa local Aconcagua Energía. Y la concesión de Piedra del Águila se mantiene en cabeza del grupo Sadesa, que tiene como accionistas a los empresarios Carlos Miguens, Guillermo Reca, los hermanos Ruete Aguirre y la familia Escasany.

Los contratos de concesión. que habían arrancado a mediados de los 90, se extendieron inicialmente hasta agosto y diciembre del año pasado. La administración de Alberto Fernández decidió prorrogar la continuidad de los operadores privados y dejar en manos del nuevo Gobierno la definición sobre el destino de las represas.

A principios de enero, por medio de la resolución 2/24, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo postergó el retorno al Estado de las centrales hidroeléctricas hasta marzo y abril.

Tras no poder avanzar con los pliegos licitatorios para reprivatizar las represas, a mediados de marzo Chirillo volvió a prorrogar las concesiones por medio de la resolución 33/24, que estiró los plazos hasta el 18 de mayo y el 27 de junio.

A fines de mayo, la secretaría de Energía aprobó, a través de la resolución 78/24, un nuevo «período de transición» que extendió la finalización de las concesiones de El Chocón, Alicurá y Cerros Colorados hasta el próximo 11 agosto y la correspondiente a Piedra del Águila, hasta el 29 de diciembre.

En los fundamentos de esa decisión, el área de Rodríguez Chirillo resaltó que la ampliación temporal no solo «coincide con los plazos máximos de prórroga de 12 meses previstos en los respectivos contratos de concesión», sino que también «permitirá adoptar las medidas conducentes para poder contar con las estructuras societarias correspondientes hasta que sean traspasadas al sector privado mediante procedimientos licitatorios competitivos y transparentes en un futuro mediato».