Fábricas y terrenos militares, para estadounidenses y la codicia de grandes jugadores del Real Estate
ARGENTINA, EN VENTA
Los recorridos extranjeros sobre algunas Fábricas Militares argentinas, más la versión de que Santiago Caputo habría ordenado «vender todo», provoca fuerte tensión con los gremios y con las Fuerzas Armadas.
Fabricaciones Militares mantiene a los gremios en alerta. Denuncian que «desde septiembre se le daría todo el control a Estados Unidos y a la OTAN”.
La visita extraoficial de funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos a las instalaciones de la fábrica militar de Río Tercero, Córdoba, sigue generando polémica. Es que la recorrida en cuestión, ocurrida en julio por personal norteamericano en compañía de representantes del Ministerio de Defensa y de la Dirección de Fabricaciones Militares, se realizó por fuera de los canales tradicionales, fue denunciada por los gremios, y no hubo respuesta del Gobierno.
Si bien la denuncia terminó en un pedido de informes impulsado por representantes de Juntos por el Cambio y el Partido Justicialista en Diputados, pero no hubo respuestas y el Gobierno solo logró que continúen circulando las versiones respecto de un desembarco estadounidense en el control de las instalaciones militares que serían utilizadas para fabricar pertrecho para las tropas de la OTAN en Ucrania.
Para la visita de la delegación norteamericana, según ATE Córdoba, se usaron incluso autos particulares y ningún tipo de protocolo. En concreto, el interés de los funcionarios del Departamento de Estado se concentra en la planta de metalmecánica instalada dentro de la fábrica.
Esa área, que en los últimos años fue redireccionada hacia la producción de trenes y vagones, tiene un pasado como fabricante de balas y municiones en general. Y la intención estadounidense sería volver a esa producción para avanzar con un clúster de producción militar al que se integraría la fábrica de pólvora de Villa María, también en Córdoba y otro sitio de interés para los norteamericanos.
Empresas militares serían transformadas en sociedades anónimas
Según ATE, la intención del Gobierno es transformar a las empresas militares estatales en sociedades anónimas, lo cual abriría la posibilidad de los capitales estadounidenses puedan hacerse con el control estratégico de las instalaciones.
Según dijo al respecto Federico Giuliani, secretario general de ATE Córdoba:
En julio hubo una visita del Gobierno norteamericano, junto con empresarios de grupos económicos vinculados a la industria armamentista, acompañados por funcionarios del Ministerio de Defensa y de la Dirección de Fabricaciones Militares. Fue una visita extraoficial. Ellos la desmienten. Pero nosotros sabemos que esto ocurrió por los trabajadores de las fábricas
Y agregó:
Córdoba es una de las provincias que más organismos estratégicos tiene para la soberanía nacional y este podría ser el puntapié inicial para privatizar una empresa histórica. El Gobierno tiene en proyecto convertirla en sociedad anónima donde los capitales del Estado nacional pasen a ser minoría y que los grupos económicos, en este caso extranjeros, se hagan cargo.
Pero todos coinciden en que las empresas estadounidenses también tendrían interés en las fábricas militares de Jáchal, en San Juan, Fray Luis Beltrán, en Santa Fe, y Azul, en la provincia de Buenos Aires, además de las ya mencionadas Río Tercero y Villa María.
Pedido de informes en el Congreso
Los movimientos extranjeros en Córdoba motivaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo por parte de las diputadas Gabriela Virginia Brouwer de Konin, de Juntos por el Cambio, y Agustina Lucrecia Propato, del Justicialismo, solicitando precisiones de la visita a la fábrica militar.
Las legisladoras expusieron versiones que señalan que dicha delegación «recorrió el área de Forja, Mecanizado, Vagones y Producción Química, y habría llegado a la ciudad en un vehículo particular, no oficial«. Y se argumentó que «la visita de una delegación extranjera de alto nivel a una empresa estatal dedicada a la producción de armamento genera preocupación en diversos sectores de la sociedad argentina«.
Además, las funcionarias solicitaron respuestas respecto del «motivo de la visita, las áreas específicas recorridas, las reuniones y encuentros llevados a cabo y quiénes asistieron a las mismas, la discusión o no de posibles acuerdos, entre otras preguntas. En consonancia, se insta a detallar la composición de la delegación estadounidense (incluyendo cargos y jerarquías), el personal argentino que los acompañó, si existieron visitas previas o si se discutieron posibles inversiones de capital extranjero«.
El día que Río Tercero voló
Las instalaciones de Río Tercero se ampliamente recordadas tras las explosiones ocurridas el 3 de noviembre de 1995, cuando la ciudad voló y la Argentina tembló. Ese día a las 8:55, la Fábrica Militar de la ciudad cordobesa, que pertenecía a Fabricaciones Militares Sociedad del Estado estalló por primera vez, y luego siguió estallando todo el día.
Dejó un saldo de 7 muertos (Romina Torres, Laura Muñoz, Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld, Hoder Dalmasso, Elena Rivas de Quiroga y José Varela), y más de 300 personas heridas, durante la gestión de Carlos Menem.
El incidente letal, según dictó la Justicia, fue provocado para encubrir una serie de contrabandos de armas hacia Ecuador y Croacia llevados a cabo entre 1991 y 1995.
Tras el Atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero, el estado recibió 10.000 reclamos judiciales por perjuicios y pagó indemnizaciones por US$ 80 millones.
Pese a que las instalaciones militares quedaron en ruinas, ninguno de los 400 empleados de la planta murió, sólo uno tuvo heridas de consideración. Y las pericias determinaron que, intencionalmente se buscó que la onda expansiva de la explosión se desplazara hacia el sudeste de las instalaciones, en donde los empleados no estarían ya que era día de pago y estarían cobrando sus salarios en la zona oeste del predio, a las 9:00, además, comenzaba el horario de descanso.
Las Fuerzas Armadas inquietas por la orden de Santiago Caputo
Pero las preocupaciones no terminan ahí. Es que, en el marco del avance del gobierno para rematar todo y conseguir así hacerse de los dólares que pierden las reservas, una versión que circula sobre la orden de Santiago Caputo al titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Nicolás Pakgojz, de avanzar con la venta de «todos» los inmuebles que pertenecen al Estado, le puso un punto de tensión a la relación con las Fuerzas Armadas, que poseen algunos de los predios más valiosos del país.
Según esa misma versión, el decreto que habilita a Javier Milei a desprenderse de los bienes estaría próximo a salir
Pakgojz, un ex funcionario porteño vinculado a Eduardo Elsztain, el principal desarrollador del país, le habría presentado proyectos alternativos a Santiago Caputo, pero el más polémico asesor de Javier Milei, no habría dejado espacio a la duda: «Vende todo», dijo.
Cabe recordar por un lado que la relación de Elsztain con el presidente es muy cercana. En efecto, el empresario le permitió al libertario y a todo su comando de campaña vivir durante meses en su hotel Libertador y usarlo como bunker, en una práctica que continuó ya con Javier Milei como presidente electo y hasta presidente en ejercicio.
Milei nunca pudo justificar como pagó esa estadía, que teniendo en cuenta su posición como funcionario público y los negocios de Elsztain con el Estado encuadra bastante bien en el delito de dádivas. Hasta ahora, ningún juez o fiscal federal consideró necesario investigar el asunto.
Y por otra parte, recordar que el Regimiento de Patricios, ubicado en Palermo, es una de las joyas del Ejército, al igual que el Campo de los Andes, en Tunuyán, Mendoza, y otras tierras en Puerto Madero. Estos valiosos terrenos que el gobierno tiene en la mira, son los que pusieron en alerta a los altos mandos que ya venían con bronca por el destrato salarial al que los sometió Luis Petri.
El Ejército tiene 1500 inmuebles y la Armada 2600, en tanto Prefectura Naval tiene más de 1100 bienes, Gendarmería 1900.
Pero también hay dudas sobre que hará el Gobierno tras la contundente orden de Santiago Caputo con los casi 1200 bienes de las universidades nacionales.
