Flybondi, la cuestionada aerolínea low cost de capitales ingleses que opera con récord de cancelaciones

La aerolínea de bajo costo Flybondi, la primera de este tipo en operar en nuestro país, enfrenta numerosos cuestionamientos, tanto por su récord de cancelaciones y reprogramaciones de vuelos como por ocultar un entramado societario tras el que finalmente se revela que la empresa es propiedad de un grupo inversor del Reino Unido, país dónde también afronta posibles sanciones por no presentar balances desde 2021.

En Argentina, la empresa que comenzó a operar durante la «revolución de los aviones» que intentó impulsar el macrismo con su cuestionada política de cielos abiertos, está siendo investigada por su récord de cancelaciones y reprogramaciones, que la ubicaron como la sexta peor empresa aérea del mundo en 2024.

Aunque por el momento logró evitar las sanciones y la pérdida de rutas aéreas, ya fue intimada por la Secretaria de Transporte a implementar urgentes medidas de mitigación de este tipo de inconvenientes que vienen perjudicando a cientos de miles de pasajeros.

También la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) podría labrarle nuevas actas por los 384 vuelos cancelados durante el mes de noviembre (todavía no se tienen las cifras de diciembre, pero trascendió que solo para esta semana de fiestas la empresa reprogramó más de 70 vuelos). Está semana también protagonizó un escándalo por el aterrizaje de emergencia de un vuelo que llevaba a estudiantes en viaje de egresados, que se sigue investigando.

Respecto de la propiedad de la empresa, aunque en su página local se presenta como argentina, el entramado societario de la empresa concluye en Flybondi Holdings, radicado en el Reino Unido. Flybondi Limited es la única accionista de las operaciones que incluyen a nuestro país, una firma que tras distintas formas societarias termina en Cartesian Capital Group, grupo global que construye empresas en mercados emergentes, encabezada el CEO estadounidense Peter Michael Yu.

En las últimas semanas el Reino Unido le dio a la empresa, que debe balances hace tres años, un plazo de 90 días para regularizar su situación. De no cumplir con estos requisitos, la firma quedaría bajo el control de la corona británica, multiplicando así los riesgos para la soberanía nacional, con una empresa de la realeza inglesa operando libremente por los cielos argentinos.