Gestapo La CGT se expidió sobre el escándalo: «Un Estado de derecho exige prácticas políticas legales y honestas»
Tras la difusión de los videos en los que se escucha al exministro de Trabajo bonaerense de María Eugenia Vidal Marcelo Villegas afirmar que desearía «una Gestapo» para «terminar con todos los gremios», la CGT dio por confirmado «el artero ataque político» que sufrieron las organizaciones gremiales durante la gestión del macrismo.
En un comunicado que se dio a conocer este lunes, la CGT se expidió sobre los escandalosos videos que circularon tras la investigación de Página 12. El 15 de junio de 2017 en una reunión en el Banco Provincia de La Plata, frente a empresarios de la construcción y otros funcionarios, el extitular de la cartera laboral Marcelo Villegas le puso palabras a lo que era un secreto a voces: Hubo un plan sistemático desde el gobierno encabezado por Mauricio Macri para atacar, a través del Poder Judicial, a sindicalistas y a organizaciones gremiales.
«Que el poder político de la provincia de Buenos Aires, en la gestión de la coalición de Cambiemos, desee tener como herramienta de control y dominación una policía secreta tipo GESTAPO nazi, habla por sí solo del objetivo persecutorio y disuasorio contra las organizaciones gremiales y democráticas«, abre el comunicado.
Más allá de los dirigentes perseguidos e incluso de las mismas organizaciones, desde la CGT señalaron que el objetivo era cercenar derechos: «Nos encontramos con un verdadero modus operandi coordinado por el poder político, donde el fin no era otro que quitar derechos y condiciones a los y las trabajadoras, apuntando directamente y con causas armadas a dirigentes sindicales.»
La central encabezada por el triunvirato de Carlos Acuña, Héctor Daer y Pablo Moyano se refirió a la necesidad de dirimir cualquier diferencia a través de la política: «Desde la CGT queremos rechazar enfáticamente este tipo de maniobras que se alejan de las prácticas democráticas», señalaron.
Asimismo reclamaron «Urge que la Justicia tome directa intervención ante esta denuncia y avance aplicando la ley que estos funcionarios pretendían forzar y evadir.»
«Los derechos y conquistas laborales no pueden ser saqueados a través de mesas judiciales o acuerdos a espaldas de los trabajadores.», marcaron, y agregaron para concluir «Cada beneficio en cualquier Convenio Colectivo o en el marco legislativo de protección laboral ha sido el producto de la fuerza solidaria de los trabajadores. Y eso no puede, ni debe, someterse a la intencionalidad política de un gobierno para beneficiar a los socios de turno.»
Según consignó Ámbito Financiero, a la mesa de la polémica se encontraban entre los funcionarios, Roberto Gigante; exministro de Infraestructura provincial, Adrián Grassi, exsubsecretario de Justicia de Provincia de Buenos Aires, Juan Pablo Allan, senador provincial, Julio Garro, intendente de La Plata y entre los empresarios estuvieron Marcelo Jaworski, director general de Copetro, empresa dedicada a la fabricación de productos derivados de Petróleo y Carbón, Fabián Cusini, constructor y organizador inmobiliario, presidente de Agrineco, Fernando Sacrachi, Director de ACIP y Guillermo Moretto, Presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata.
