«Gestapo» macrista: Ironías, amenazas y contradicciones de un espía

Juan Sebastián De Stéfano encaró al juez Ernesto Kreplak con prepotencia. Habló con un tono que variaba entre irónico y amenazante. Entregó un descargo pero no quiso contestar preguntas. De todos modos, dijo en voz alta parte de lo que había en el papel. Estaba citado a indagatoria en la causa de la «Gestapo antisindical», ya que como exdirector de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se le atribuye el armado de causas judiciales, en este caso contra el dirigente de la Uocra Juan Pablo «Pata» Medina. Pero sobre ese punto explicó poco y nada, e incluso transitó alguna posible contradicción: planteó que su función era actuar como auxiliar de los tribunales en base a requerimientos judiciales; el problema es que precisamente a Medina se lo espió sin orden de un juzgado, según la imputación que se le informó.  De Stéfano advirtió que no va a declarar si no es ante un juez que considere competente y amagó con denunciar a Kreplak ante el Consejo de la Magistratura, un método que fue costumbre durante el macrismo para atacar a magistrados/as que no les gustaban.

De Stéfano, hoy uno de los directores de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase), no sólo fue uno de los tres exagentes presentes en la reunión de la «Gestapo» que se hizo el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, sino que tuvo allí un papel protagónico junto con el exjefe de gabinete del organismo, Darío Biorci, y el exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, quienes se centraron en dar sugerencias a empresarios y profesionales de la construcción para lograr causas penales contra miembros de la Uocra.

La acusación dice que De Stéfano en particular los «alentó» a «la realización de acciones de provocación tendientes a obtener reacciones de parte de los sindicalistas» para «filmarlos y grabarlos subrepticiamente» y luego denunciarlos. Agrega que «tuvo varias comunicaciones telefónicas en fechas significativas para el contexto de los hechos investigados» no sólo con Villegas y el exsubsecreatrio de Justicia Adrián Grassi –también presente en el encuentro– sino con el juez federal de Quilmes Luis Armella, que ordenaría detener a Medina el 26 de septiembre de aquel año, y su secretario Pablo Wilk. Con Grassi, por ejemplo, habló el día previo a la detención del sindicalista. Los expedientes, precisa, no se alimentaron de aportes legítimos sino de actividades de «inteligencia prohibidas legalmente, como tareas de campo y consultas de diversas bases de datos sin orden judicial que lo habilite».

Según pudo reconstruir Página/12 a través de allegados a la investigación, el tono del exagente tanto al hablar como en su escrito, fue bastante más agresivo y provocador que el que hasta ahora mostraron los imputados que ya fueron indagados (empresarios, exfuncionarios y el exespía Biorci). Por empezar, negó el armado de causas contra Medina, sobre quien –señaló– había numerosos expedientes en trámite. El comentario le sirvió para ironizar y preguntarle a Kreplak si pensaba citar a todos los jueces, fiscales y funcionarios judiciales que hayan intervenido. A lo largo de dos de las dieciséis páginas que entregó, explicó sus funciones como jefe de Asuntos Jurídicos, explicó que en su paso por el organismo se intensificó la relación con la Justicia y buscó justificar sus llamados con el juez Armella en ese contexto. El mismo dice que para actuar como auxiliar de la Justicia hace falta requerimiento del juzgado, algo que en el caso de Medina no existió, y sin embargo se hizo espionaje sobre él y su círculo más cercano desde el 9 de mayo de 2017.

En rigor, sobre lo que se le imputa no ofreció explicaciones. Pasó un buen rato de la audiencia preguntando sobre los motivos del secreto sobre su declaración, que es algo sabido: que pudo haber manejado secretos de Estado, y eso es lo que debe ser objeto de protección. Sobre la reunión en el Banco Provincia tampoco dijo nada, aunque cuestionó al juez haberse apoyado en la filmación del encuentro, que fue hallada en la AFI a fines del año pasado, lo que motivó la apertura de la investigación. De Stéfano le reprocha al juez que debió haber investigado de dónde venía la información, peritado las computadoras donde la filmación apareció y qué más sucedió en torno a ella. Ahí fue cuando lanzó la amenaza de denunciarlo en el Consejo de la Magistratura, al decirle que no es la primera vez que un juez se hace eco de un video de la AFI y que cuando esto sucedió debieron rendir cuentas.

En la misma línea de descalificar a Kreplak, dijo que sólo iba a declarar ante un juez competente y que debería abstenerse de resolver su situación procesal. Como era esperable, son varios los imputados que intentan llevar el caso a los tribunales de Comodoro Py, que perciben amigables. De Stéfano pidió a dos jueces porteños, Ariel Lijo y Marcelo Martínez de Giorgi, que reclamen la causa de la Gestapo. Ambos juzgados tienen causas donde aparecía implicado el exagente: en una se denunció el intento de detener a Hugo y Pablo Moyano con una causa armada, y la otra es la que investiga a los Súper Mario Bros y el espionaje en cárceles. Biorci hizo el mismo planteo en otro juzgado, el de Daniel Rafecas, donde tramita una denuncia del Pata Medina de 2019. Grassi le pidió a Kreplak que se inhiba, y reclamó la nulidad del video como prueba. Toda esta maraña está pendiente de resolución.

En el entramado de espionaje utilizado por el gobierno de Mauricio Macri para perseguir opositores, De Stéfano habría tenido un papal preponderante. Este año, dos jueces contaron ante la Comisión Bicameral de Inteligencia que quiso aplicar con ellos el mismo mecanismo: llevarles un pedido de detención de Hugo y Pablo Moyano. Uno es el juez Gabriel Vitale, el otro es el juez Luis Carzoglio. Este último incluso relató que el mensaje era que el expresidente quería verlos presos. Por la misma época era acondicionada la alcaidía de Melchor Romero con un cableado en el lugar donde se supone que los Moyano quedarían presos, lo que no ocurrió, y le valió denuncias a ambos magistrados. Carzoglio incluso está suspendido. Esta semana declaró como testigo ante Martínez de Giorgi, y apuntó contra De Stéfano, que tiene falta de mérito ordenada por la Cámara Federal en el mismo fallo que dijo que el espionaje era un asunto de cuentapropistas.

La Dirección de Asuntos Jurídicos que comandaba De Stéfano tenía mucho poder: tenía acceso a las escuchas de los teléfonos públicos del penal de Ezeiza, a través de los cuales se espiaron y filtraron a la prensa conversaciones de detenidos con su familia, abogados u otras personas. Todo gracias a un sistema punto a punto que la AFI tuvo con la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), que es la oficina de escuchas que el gobierno de Macri puso en manos de la Corte Suprema.

Este jueves con la declaración de otro exespía, Diego Dalmau Pereyra, exjefe operacional de Contrainteligencia, terminará la ronda de indagatorias y comenzarían las definiciones judiciales sobre esta causa.