«Gestapo» macrista: María Eugenia Vidal fue imputada por la persecución a sindicalistas

La investigación sobre la mesa judicial bonaerense

La fiscala Ana Russo pidió hacer un entrecruzamiento de llamadas entrantes y salientes entre la exgobernadora y quienes participaron en la reunión en la sede platense del Banco Provincia. Así la acción penal involucra también ahora a la actual diputada.

La causa sobre la Gestapo antisindical y la mesa judicial bonaerense avanza sobre el papel de la exgoberandora María Eugenia Vidal. La fiscal Ana Russo pidió hacer un entrecruzamiento de llamadas entrantes y salientes de los teléfonos de la actual diputada de Juntos por el Cambio y los de todos los exfuncionarios presentes en la reunión en el Banco Provincia del 15 de junio de 2017 donde su exministro de trabajo, Marcelo Villegas, y otros hombres del gabinete provincial, planificaban el armado de causas contra dirigentes sindicales y daban instrucciones a empresarios. En el dictamen presentado ante el juez Ernesto Kreplak, junto con el pedido de análisis de comunicaciones la fiscalía aclara que «la acción penal» no sólo se dirige a quienes estaban en el encuentro en cuestión, sino contra «toda persona que resultare autor/a, coautor/a, cómplice, partícipe y/o instigador/a de los hechos vinculados a los acontecimientos…». Como es evidente, esto habla de Vidal y de otros nombres que puedan surgir de la investigación.

La semana pasada, en su demorada aparición pública tras la difusión del video que dio origen al expediente, Vidal intentó darle una pátina de legalidad al encuentro en el Bapro, con el argumento de que se trató de una simple y habitual «una reunión de trabajo». Un elemento central que pone en duda de plano ese concepto es que, como informó Raúl Kollmann en este diario, ninguno de los asistentes registró su entrada al edificio del Banco Provincia, como es habitual. Un ángulo adicional y no menor de la afirmación de la exgobernadora es que reconoce la reunión. Pero lo que no puede explicar es la presencia de tres altos directores de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), dos de los cuales –Juan Sebastián De Stéfano, exdirector de Asuntos Jurídicos, y Darío Biorci, exjefe de gabinete del organismo– tuvieron un papel central en la conversación, que incluyó instrucciones para que los empresarios presentes dieran el puntapié para denuncias penales contra sindicalistas, entre quienes mencionan en particular al dirigente de la Uocra Juan Pablo «Pata» Medina. En la peculiar teoría de Vidal, son los espías quienes deben explicar qué hacían ahí ya que el resto no sabía quiénes eran, pese a que interactuaban con total naturalidad y se repartían el speech.

Ausencias bajo sospecha

Según la fiscala Russo puede ser tan importante lo que se ve en la filmación del encuentro que entregó la AFI y dio origen a la causa como el papel de otras personas que no estaban presentes. De ahí que hiciera lugar al pedido de entrecruzamiento de llamadas que había hecho la querella de Medina, que incluye a Vidal. El dictamen pide que el análisis abarque las comunicaciones dentro del período entre el 1 de mayo de 2017 y diciembre del mismo año. Vidal era, cuanto menos, la máxima autoridad política por sobre Villegas y los otros miembros de su gabinete presentes, que eran Roberto Gigante, exministro de Infraestructura, y el exsubsecretario de Justicia y antes fiscal Adrián Grassi, hoy mano derecha de Carolina Stanley en el Ministerio Público tutelar porteño. En la mesa también, como es conocido, también estaban el intendente de La Plata, Julio Garro, y el senador Juan Pablo Allan. Las reiteradas acusaciones de la exgobernadora sobre Medina de la misma época fueron públicas y conocidas. Otro dato que seguramente cobrará relevancia es que la sede del Bapro escenario del cónclave en cuestión, también solía ser el lugar utilizado por Vidal cuando no iba a La Plata.

En el mismo escrito Russo extendió la imputación a todas las personas que estaban presentes en la mesa, lo que incluye a los empresarios, como informó Página/12, y especificó la hipótesis investigada: «la supuesta organización de una estrategia elaborada por el gobierno nacional, provincial y municipal durante el año 2017, dirigida a impulsar denuncias para involucrar en investigaciones penales a personas vinculadas con la práctica sindical relacionada con actividades de la construcción en la ciudad de La Plata». También precisa posibles delitos: asociación ilícita, abuso de autoridad, falsedad ideológica de documento público y violación a la Ley de Inteligencia.

Teléfonos encriptados

Otra de las nuevas medidas que impulsó la fiscalía apunta a saber quiénes de las personas investigadas utilizaban teléfonos encriptados de la AFI. Como reveló este diario en 2020, Vidal era una de las destinatarias de esos aparatos que compró el organismo de inteligencia y cuyas facturas pagaba también, y que tienen la característica de que sus comunicaciones no se pueden interceptar ni rastrear. No fue la única que los recibió por fuera del Poder Ejecutivo Nacional. También se le otorgó uno a su exjefe de gabinete, Federico Salvai, al exministro de seguridad bonaerense Cristian Ritondo y al procurador de la provincia de Buenos Aires Julio Conte Grand. Son nombres significativos en esta trama, que aparecen de manera explícita en otra denuncia presentada ante Kreplak por Alberto Pérez, el exjefe de gabinete de Daniel Scioli, quien entregó dos grabaciones atribuidas al subcomisario Hernán Casassa donde describe el funcionamiento de la mesa judicial y la relaciona con el área de Asuntos Internos de la policía bonaerense. Según el criterio de la fiscalía, en algún momento y si hay pruebas, todo podría integrar una misma hipótesis.

Russo también pidió a los jueces de Comodoro Py que tramitan causa por espionaje y también al juzgado federal de Dolores acceso a los análisis que se hayan hecho de las comunicaciones de los tres espías presentes en la reunión de la «Gestapo».

Las cámaras

Como informó este diario, las imágenes de las cámaras que estaban en el salón del séptimo piso del BaPro y que registraron la reunión de la mesa judicial bonaerense tenían un sello de agua de una empresa norteamericana llamada Axis. Ante una solicitud de la Comisión de Bicameral de Inteligencia, la firma informó que no es ella la que provee el servicio en Argentina donde, en cambio, tiene dos distribuidoras, Anixter Argentina S.A. y Distecna S.A., a las que ahora se les requirió información para establecer quién compró o alquiló los aparatos. La principal hipótesis señala a la AFI, que conducían el amigo de Mauricio Macri, Gustavo Arribas, y Silvia Majdalani, y que como quedó claro en una de las causas de espionaje hacía inteligencia sobre el propio macrismo (aunque para la Cámara Federal se trató de unos agentes cuentapropistas). Tampoco se descarta que haya intervenido alguna empresa que prestara servicios simultáneamente al banco y al organismo, pero está por verse. Las cámaras tenían memoria propia, ni siquiera necesitaban cables. El juez Kreplak también rastrea en la causa judicial la contratación de las cámaras.

Este semana será clave la actividad de la Bicameral donde, la subcomisión destinada a investigar este tema, convocó a los empresarios que se reunieron con Villegas, los agentes de la AFI y compañía. También está citado el jueves el subcomisario Casassa y están convocados agentes que trabajaban en el área técnica del organismo de inteligencia que podrían tener relación con la instalación de las cámaras.