«Gestapo» macrista: Un ejército de espías para controlar el territorio

En el preciso momento en que en la sede porteña del Banco Provincia se reunían funcionarios de María Eugenia Vidal, empresarios y espías para coordinar el armado de causas contra líderes gremiales, 87 agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) estaban desplegados a lo largo y ancho del territorio bonaerense en lo que se entiende que fue el capítulo más extenso del espionaje durante el gobierno de Cambiemos. El ejército de espías que la AFI plantó en Buenos Aires tuvo un objetivo principal: hacer inteligencia sobre organizaciones políticas pero, sobre todo, en comedores populares y merenderos. Los agentes atesoraban fotos de niñes comiendo o celebrando el día de la infancia. Para esa misión que difícilmente pueda catalogarse de alto riesgo, la AFI destinó más de diez millones de pesos, según las estimaciones judiciales. “El caso más voluminoso y profuso del espionaje fue el que se dio en el AMBA. Fue el espionaje más extendido y brutal”, dice a Página/12 Leopoldo Moreau, presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, que está trabajando en un informe sobre las tareas de inteligencia ilegal en la provincia durante el gobierno de Vidal a partir de la revelación del escándalo de la “Gestapo” antisindical. “Nuestra idea es llegar cuanto antes para que el Parlamento argentino tenga un dictamen sobre lo sucedido. La trascendencia del tema nos obliga a actuar sin dilaciones”, añadió el diputado.

Poco después de que Mauricio Macri asumió, la AFI triplicó la presencia que históricamente tuvo en la provincia de Buenos Aires. La exSIDE, desde los años ‘70, contó con tres delegaciones: una en La Plata, otra en Mar del Plata –que saltó a la fama por el espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan– y una tercera en Bahía Blanca. Pero, para abril de 2016, Gustavo Arribas autorizó la creación de otras cinco bases: en Ezeiza, en Quilmes, en San Martín, en Morón y en Pilar. Después se sumó una sexta, la de La Matanza, un bastión del kirchnerismo que al macrismo le interesaba controlar. Ese expansionismo de los servicios macristas se conoció como “Proyecto AMBA”.

Fue la propia Vidal quien dijo en qué localidades debían instalarse las bases de la AFI, según informaron Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en 2019 a la Comisión Bicameral cuando fueron citados después de que estallara el escándalo que tenía a Marcelo Sebastián D’Alessio como protagonista. “En realidad, cuando se creó el AMBA fue una idea que surgió en conjunto con la provincia de Buenos Aires para hacer un mapa de delitos complejos”, dijo la entonces subdirectora. Y añadió: “La gobernadora pidió la localización”. Arribas ratificó lo que dijo su número dos y acotó sobre Vidal: “Participó”. Según lo dicho por las entonces autoridades máximas de la AFI macrista, Vidal no era ajena a la implantación de espías en la provincia que se dedicaban al espionaje político, pese a las explicaciones que ensayó la actual diputada en los últimos días después de que se conociera el video de la reunión en el Banco Provincia.

El Proyecto AMBA, que duró entre 2016 y 2017, estuvo al mando de un abogado de nombre Pablo Pinamonti. Ingresado a la AFI en 2016 y viejo conocido del fiscal Carlos Stornelli, Pinamonti tenía en ese inframundo una terminal clara: respondía al entonces director administrativo de Asuntos Jurídicos Juan Sebastián de Stefano, uno de los tres asistentes a la reunión de la “Gestapo” antisindical y a quien Horacio Rodríguez Larreta sostiene en Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE).

Controlar el territorio

Los 87 espías se repartieron en las nueve bases que pasó a tener la AFI en la provincia de Buenos Aires. Tuvieron, al menos, quince autos para movilizarse y todo tipo de instrumentos necesarios para llevar adelante la tarea de vigilancia e infiltración. Contaron con cámaras espías, micrófonos, grabadores, celulares y computadoras. Se encontraron incluso documentos con pedidos de los agentes para comprar gorras o anteojos espías o drones.

Espiaron cuanto pudieron. Los gremios estuvieron bajo su atenta mirada. Se hallaron al menos 45 informes sobre los sindicatos docentes que en 2017 cerraron la paritaria docente en el segundo semestre. Espiaron organizaciones políticas. Siguieron los actos de Cristina Fernández de Kirchner en la provincia mientras competía para el Senado. Vigilaron a organizaciones de derechos humanos como HIJOS e incluso registraron actividades del Premio Nóbel Adolfo Pérez Esquivel o la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Se interesaron por las marchas por la desaparición de Santiago Maldonado o protestas por pibes asesinados por la Bonaerense.

Pero el principal foco de la exSIDE estuvo centrado en lo que pasaba con los comedores o merenderos. Los espías hicieron listas con los lugares en los que adultes y niñes iban a comer, identificaron a sus responsables, consignaron sus teléfonos y sacaron fotos en las que se ve a pibes y pibas comiendo o jugando. Una de las jefas de las bases intentó justificar ese espionaje diciendo que investigaban denuncias sobre malversación de alimentos. Con ese mismo argumento, un espía de la delegación Morón se infiltró en la organización Barrios de Pie con tanta mala suerte que, cuando estaba instalando cámaras y micrófonos para registrar una reunión (lo que se ve era una práctica extendida en la AFI), se cayó del techo, se fracturó la pelvis y terminó internado. Las movilizaciones por la emergencia alimentaria también fueron espiadas, dejando en claro que a las autoridades cambiemitas les preocupaba todo lo que giraba alrededor de la activación de los sectores populares frente al hambre.

“El objetivo final de la instalación del AMBA fue intervenir activamente en la escena política a partir de la inteligencia”, explica a este diario Federico Schmeigel, director del programa Control de Corrupción e Inteligencia Ilegal de la CPM. “Buscaban controlar la calle, el territorio de la provincia de Buenos Aires, no a través de la política, sino de la inteligencia”. añadió.

Para los dos jueces que investigaron lo sucedido en provincia de Buenos Aires en el marco del Proyecto AMBA, Alejo Ramos Padilla y Martín Bava, el control de la AFI durante el macrismo fue tan capilar que recuperó la tradición de la temible Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, un engranaje clave en la dictadura que aún en democracia siguió vigilando organizaciones sociales, de derechos humanos y familiares de las víctimas de su propia fuerza. De hecho, los jefes de las seis bases creadas durante el macrismo provenían de la Bonaerense y algunos habían entrado en los años ‘70.

La restauración neoliberal

El Proyecto AMBA fue ilegal desde su creación porque habilitaba a la AFI a reunir información por razones políticas, algo vedado por la ley de inteligencia –vigente desde 2001 y reformada en 2015–. Por estos hechos, en Dolores se procesaron a 27 personas. Es una investigación todavía abierta, pero que podría ser arrastrada en las próximas semanas a Comodoro Py.

“Evidentemente, la provincia de Buenos Aires es un importante territorio de militancia, de construcción y de disputa política y, por eso, la AFI destinó recursos a ese distrito. Sin embargo, el despliegue bonaerense no se diferenciaba demasiado del despliegue a nivel federal. La mesa judicial era una sola y asumía formas y composiciones distintas según iban necesitando”, dijo la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, a este diario.

“Detrás de la persecución política encarnada en el lawfare estaba la restauración neoliberal”, insiste Caamaño. “Fue una estrategia general que adoptó distintas formas en distintas jurisdicciones. Persiguieron a familiares de víctimas de submarinistas, a comedores populares, a militantes y a dirigentes políticos, sindicales y sociales, a pueblos originarios”, concluyó.