La amenaza de despidos y la resistencia sindical
27/03/2024 Página 12 – Nota – El País – Pag. 8
Ante las cesantías masivas en el Estado, ATE respondió con un paro.
Milei aseguró que «van a caer 70 mil contratos» de estatales, pero sus propios funcionarios lo desmintieron. Se profundiza el plan de lucha contra el ajuste del Gobierno.
La ola de despidos arrasa con distintas reparticiones del Estado y se multiplican las protestas sindicales. El presidente Javier Milei festejó que ya despidieron «a 50 mil personas» y anunció ante empresarios «van a caer 70 mil contratos» más.
Fuentes del Gobierno tuvieron que salir a desmentir sus dichos y precisaron que 70 mil son los contratos bajo revisión. El objetivo que se plantean es deshacerse de entre el 15 y el 20 por ciento de las personas que trabajan en cáda área. El método favorito para reducir a los empleados estatales será, justamente, la no renovación de contratos, aunque también se está cesanteando a trabajadores de planta, como ocurre en la Anses, donde incluso se cerraron sedes regionales. Desde ATE anunciaron una huelga y movilización nacional, y advirtieron que van a paralizar las actividades del Estado si no se da marcha atrás con la reducción drástica de empleos.
La incertidumbre reina en las diferentes dependencias estatales.
Hay un anuncio general de que se producirán miles de despidos en el transcurso de estos últimos días de marzo, sin especificar ningún criterio. En diciembre habían definido prorrogar contratos por tres meses y ese plazo se vence ahora. Al instrumentar un recorte similar, el gobierno de Mauricio Macri había recurrido a tildar de «ñoquis» a los que echaba, pero en muchos casos el argumento le salió por la culata: se probaba que eran personas que trabajaban.
Tal vez por eso, ahora el criterio de Milei es que se despide porque se despide, sólo para ajustar las cuentas.
En el IEFA Latam Forum, ayer Milei detalló orgulloso: «Echamos 50 mil empleados públicos, no solo eso, sino que además se dieron de baja contratos, fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70 mil contratos».
Fuentes oficiales se vieron obligadas a enmendar las palabras del Presidente y precisaron que no se renovarán «entre el 15 y el 20 por ciento» de los más de 71 mil contratos de trabajadores estatales observados. No dieron más detalles y aseguraron que los afectados se conocerán en abril, con las liquidaciones salariales. Eso sí, intentaron diferenciar: «No es el despido, es la no renovación, no es lo mismo».
«Mire Presidente, no va a poder despedir 70 mil estatales como a usted le gustaría. Hoy se multiplicaron las protestas en todo el país y la conflictividad en el Estado va a seguir en aumento», respondió el secretario general ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.
«Son tiempos de resistir pero también de tener proponer. Nos quieren acorralar para que de fendamos puestos de empleo y no hablemos de que enfrentamos el ajuste salarial más grande de los últimos tiempos y con él, el deterioro grave de todas las condiciones de vida de los trabajadores y jubilados. Vamos a seguir luchando y multiplicando las protestas para impedir cualquier cesantía ilegal e injustificada en la administración pública», prometió Aguiar.
El dirigente sindical señaló que eliminar el 15 por ciento de los contratados abarcaría a «entre 14 mil y 21 mil» trabajadores.
No sólo contratos Pero las cesantías no alcanzan sólo a contratados. También hubo despidos en el personal de planta. En la Anses, se llegó al ridículo de despedir de vuelta a un trabajador que había sido reincorporado tras un fallo judicial y cuya indemnización ahora le costará fortunas al Estado nacional.
De nuevo: el criterio es la falta de criterio, lo que tiene a todos los trabajadores estatales en la angustia y la incertidumbre sobre su futuro laboral.
Los recortes de personal que se conocieron en las últimas horas dejaron a localidades de distintas provincias sin las unidades regionales de la Anses. Esto no solo implica pérdida de puestos de trabajo, sino también que las personas que viven en esos lugares deberán viajar para poder hacer trámites. El Estado se retira a paso veloz.
En la Agencia Nacional de Discapacidad el Gobierno echó a 135 personas y se esperan alrededor de 50 despidos en el Servicio Meteorológico Nacional.
El cierre del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar afectó a más de 900 trabajadores. La clausura de los 59 Centros de Referencia con que contaba la Secretaría de Niñez y Familia implicó el cese de los contratos de unas 600 personas.
El gobierno nacional también anunció que dejarán de funcionar el Inadi y la agencia de noticias Télam, aunque no precisó el destino de su personal.
Entre las áreas afectadas también estará el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), cuyo directorio manifestó el «total rechazo a la decisión de limitar al 31 de marzo la renovación de contratos de personal administrativo y técnico de la institución».
Los trabajadores de la Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (Diprose) advirtieron que el Ministerio de Economía está presionando «para una reducción de un 20 por ciento de la planta». Con equipos técnicos especializados en programas de desarrollo federal agropecuario, agroindustrial y pesquero, «el organismo y su misión están en peligro», lo que implica la puesta en riesgo de 1700 millones de dólares de fondos internacionales.
La resistencia En ese contexto, se están produciendo numerosas protestas en distintas dependencias de la administración pública. La Asociación Trabajadores del Estado cumplió ayer una jornada nacional de protesta en rechazo al ajuste salarial del Gobierno, los despidos masivos en el aparato estatal y la intención de cerrar organismos claves para garantizar políticas sociales. Hubo movilizaciones, asambleas y cortes de rutas en distintos puntos del país, en especial en capitales provinciales y grandes ciudades. En la Ciudad de Buenos Aires, el acto central tuvo lugar frente al Instituto de Agricultura Familiar, donde se reclamó la reapertura del organismo: «Si el Estado se retira de los territorios, de las comunidades, es mucho más fácil que proliferen otros negocios, en este caso relacionados con el agro, con el monocultivo», señaló la adjunta del sindicato, Mercedes Cabezas.
Frente al Ministerio de Economía, trabajadores nucleados tanto en ATE como en UPCN se manifestaron con el cantito: «La gente no se toca». En la entrada del ministerio, el titular de la CTA Capital, Daniel «Tano» Catalano, lanzó: «En abril hagamos el paro de estatales más grande que podamos. Vamos a hacer que la vida de cada funcionario público sea invivible. No les vamos a permitir que tomen la lapicera. No van a tener ganas de entrar a laburar».
Los trabajadores nucleados en ATE cumplieron ayer una jornada nacional de protesta. Voceros oficiales aseguraron que 70 mil son los contratos bajo análisis y que las cesantías afectarán al 15 o 20 por ciento. «Vamos a seguir luchando y protestando para impedir cualquier cesantía ilegal e injustificada en la administración pública.»
