La CGT planea una marcha por el Día del Trabajador y refuerza la ofensiva judicial contra la reforma laboral

El encuentro, previsto para las 14:30, contará con la participación de más de 50 dirigentes sindicales del órgano de conducción. Allí se evaluará el escenario abierto tras el reciente fallo judicial que suspendió provisoriamente cerca de 80 artículos de la denominada Ley de Modernización Laboral, una medida que significó un primer respaldo a la estrategia de la central obrera.

En la antesala de la reunión, uno de los cotitulares de la CGT, Jorge Sola, subrayó el impacto de esa resolución: “Hoy 83 artículos de derechos colectivos e individuales están frenados por decisión del juez hasta que se decida si pasan el filtro de la constitucionalidad o no”. Además, remarcó que, en este contexto, “los empleadores deben calcular las indemnizaciones con la ley anterior”, lo que mantiene vigentes condiciones previas más favorables para los trabajadores.

El fallo al que hace referencia la central fue dictado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que hizo lugar a una medida cautelar presentada por la CGT y dejó en suspenso aspectos centrales de la reforma, entre ellos cambios en indemnizaciones, modalidades de contratación y regulaciones sobre conflictos laborales. Desde el ámbito judicial laboral, distintas fuentes coinciden en que este tipo de resoluciones buscan evitar perjuicios irreparables mientras se analiza la constitucionalidad de la norma.

En paralelo, el Gobierno ya anticipó que apelará la medida, lo que abre una nueva etapa de disputa en los tribunales. Frente a ese escenario, la conducción cegetista también avanzará en la reunión con sus asesores legales para definir los próximos pasos y sostener la estrategia judicial.

Con este telón de fondo, la posible movilización del 30 de abril aparece como una señal política y sindical de cara al Día del Trabajador, en un contexto de tensión por el avance de reformas que impactan directamente sobre derechos laborales y condiciones de empleo. La central busca así combinar la vía judicial con la presión en la calle para frenar cambios que consideran regresivos para el mundo del trabajo.

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