La CGT prepara un amparo contra el DNU que limitó los paros

conflicto. Quiere frenar en la Justicia el decreto que incluyó en las actividades esenciales la educación y el transporte aéreo, entre otros rubros; Daer estuvo con Francos en la Casa Rosada.
El equipo de abogados de la CGT tiene previsto ir la semana próxima a la Justicia Laboral para presentar una acción de amparo colectivo e intentar frenar el decreto 340 de Javier Milei, que limitó el alcance de los paros en actividades consideradas esenciales, como el transporte aéreo y la educación.
En el armado de la presentación judicial participan los abogados Federico West Ocampo (Sanidad), Hugo Moyano (h.) y Marta Pujadas (Uocra), entre otros.
«La semana que viene se va a presentar un amparo y esperamos que se suspenda la medida; será una presentación colectiva, en representación de todos los trabajadores», dijo a la nación uno de los asesores legales que trabaja en el tema.
El decreto 340amplió el concepto de «actividades esenciales», incluyendo no solo los servicios básicos como salud, agua, gas y electricidad, sino también telecomunicaciones (internet y servicios satelitales), transporte aéreo, servicios aduaneros y migratorios, e incluso la educación en niveles iniciales y secundarios.
Durante una huelga en cualquiera de estas actividades esenciales, el decreto exige que se mantenga funcionando entre un 50% y un 75% del servicio normal. A través de un comunicado, la CGT acusó el miércoles al Gobierno de querer limitar el derecho constitucional a la huelga y anticipó que irá a la Justicia para evitarlo. «No vamos a estar en silencio frente a esta grave avanzada», expresó la central obrera peronista en un comunicado. El Gobierno había buscado avanzar con los servicios esenciales en el mega-DNU 70/23, pero en aquella oportunidad lo frenó la Justicia. Esa disputa todavía sigue en el ámbito de los tribunales. El miércoles, a través de un nuevo decreto, el Poder Ejecutivo insistió con la propuesta en un intento de sortear la suspensión judicial.
«Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos», dice el nuevo decreto, en su artículo 3. También puntualiza que «en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio» y, en las actividades consideradas trascendentales, «en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%».
La Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), que reúne a más de 20 gremios del sector, tiene previsto definir la semana que viene un cronograma de protestas escalonadas para rechazar la medida oficial.
«En nuestro sector, catalogado como ?esencial?, la restricción al ejercicio de este derecho no es tal, sino que constituye una prohibición de hecho, que se aplica de manera arbitraria, sin respetar las garantías mínimas ni los deberes legales del Estado», advirtieron desde la CATT, liderada por el portuario Juan Carlos Schimd.
En este sentido, las mismas fuentes agregaron que esta actitud «configura una grave afrenta a la democracia y a los principios elementales de libertad sindical consagrados en nuestra Constitución nacional capítulo 14 bis y en el convenio 87 de la OIT».
La visita de Daer Ayer, en medio de la controversia por el nuevo decreto, Héctor Daer, uno de los jefes de la CGT, se reunió con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
De inmediato hubo elucubraciones sobre una posible mediación para atemperar los conflictos en ciernes.
Sin embargo, diferentes fuentes aclararon que la visita de Daer respondió a un asunto puntual que afecta a la sanidad, el ámbito de su gremio. Daer dialogó con Francos sobre el conflicto laboral con una empresa tercerizada que presta servicios en el Hospital Naval «Cirujano Mayor Dr. Pedro Mallo».
De todas formas, al salir de la Casa Rosada, Daer criticó el decreto. «Un DNU de estas características, en un período en el que está funcionando el Congreso, tiene la misma inconstitucionalidad que antes», opinó el jefe de la CGT.
Héctor Daer, ayer, en la Casa Rosada.



