La fiscal López de Filoñuk imputó a 13 exfuncionarios K de la empresa FAdeA
La lista de investigados incluye a los expresidentes Argañaraz y Savoca. Es por presunto desvío de fondos, irregularidades en contratos y nombramientos entre 2011 y 2015.
La fiscal federal Graciela López de Filoñuk, imputó a 13 exfuncionarios de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) que desempeñaron tareas entre los años 2011 y 2015, correspondientes al segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Les achacó el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Entre ellos, figuran los expresidentes de la firma, Raúl Argañaraz (finalizó en sus funciones en 2013) y su sucesor, Matías Savoca, quien mantuvo su cargo hasta 2015. La investigación comenzó hace tres años y medio. Fue determinante la participación de peritos contables de la división Delitos Complejos de la Policía Federal Argentina. Según pudo confirmar PERFIL CORDOBA, el requerimiento fiscal fue elevado al Juzgado Federal N°3 el jueves pasado a última hora. Y recién mañana comenzará a ser analizado por el titular del tribunal, Hugo Vaca Narvaja. El juez tiene por delante la citación a indagatorias para que los imputados ejerzan su derecho de defensa. A partir de ahí, el magistrado resolverá si corresponde procesar, sobreseer o dictar falta de mérito. Si bien la auditoría que motivó la apertura del expediente de oficio en marzo de 2016 mencionó pérdidas para la firma estatal por $1.400 millones y desvío de unos $300 millones, la resolución de la fiscalía no incluye un número total estimativo de las presuntas defraudaciones al Estado que se habrían perpetrado en la firma. Aquel informe sobre la situación de FAdeA fue presentado públicamente en 2016, por quien presidía la empresa estatal con sede en Córdoba, Cristina Salzwedel, de origen riojano como el titular de la cartera de Defensa de aquel momento, Julio Martínez. De esa radiografía sobre gastos altos frente a la escasa performance productiva surgió la investigación. Fuentes vinculadas al expediente se limitaron a indicar que los hechos por los cuales se promovieron las imputaciones son contratos que efectuaron las autoridades entre 2011 y 2015 con resultados disvaliosos para el Estado y, en algunos casos, omitiendo procedimientos administrativos y legales que debían ser cumplidos. El otro punto alude al notorio aumento de personal sin que ello se refleje en la productividad de la empresa que, por entonces, no fabricaba aviones. FAdeA llegó a contar con una planta de 1.600 empleados. Los ingenieros especialistas también se incrementaron sensiblemente. Pasaron de ser 201 en 2010 a 269 en 2015, mientras no se producía ningún avión. Prescripción en puerta. La figura de administración fraudulenta prevé una pena que va de un mes a seis años de prisión. Pero tiene un plazo de prescripción: seis años desde que el funcionario deja su cargo. Si se tiene en cuenta que Argañaraz dejó la presidencia de la firma en 2013 la posible responsabilidad penal estaría a punto de perimir. De ahí que será una tarea ardua para el juzgado analizar las consideraciones que efectuó la fiscal López de Filoñuk para atribuir la comisión del delito a los exdirectivos cuyas funciones cesaron también en 2013. QUE DIJO LA AUDITORIA EXTERNA EN 2016 Los números del estudio que encargó la gestión de Salzwedel evidenciaron pérdidas que pasaron de $150 millones en 2013 a $212 millones en 2014. Un año más tarde tuvieron un aumento exponencial: $1.498 millones. Se interpretó, en aquel momento, que el incremento desmedido se debió al posible disimulo del déficit en los primeros años. Algunos de los contratos objetados fueron: ◆ Compra de un helicóptero a la empresa China National Aero-Technology Import & Export Corporation (Catic). Se hizo de forma directa. Costó entre US$5 millones y US$6 millones porque venía con un paquete de transferencia de tecnología. Pero no pudo usarse. ◆ Compra de 22 motores a la empresa Honeywell que fueron encontrados embalados en cajas y que debían montarse en aviones Pampa, pese a que no se produjeron aviones. Cada uno costó US$ 1,8 millones. ◆ Servicios habituales con presunto sobreprecio: de catering, seguridad o limpieza. Aquella auditoría incluyó observaciones al convenio suscripto con una empresa local para la incorporación de software destinado al control y planeamiento de la producción. (Fuente www.perfil.com)
