¿La “Gestapo antisindical” 2?: alarma por Plan de Inteligencia de Santiago Caputo que lo habilita a espiar a dirigentes gremiales
Especialistas que tuvieron acceso al plan de inteligencia de 170 páginas elaborado por el gobierno de Javier Milei confirmaron a que el documento habilita el espionaje interno, lo cual está prohibido por la Ley de Inteligencia N° 25.520. Esta autorización ha generado una fuerte preocupación en el ámbito sindical, que ya sufrió estas prácticas durante el macrismo, con denuncias que llegaron a la Justicia.
La reciente aprobación por parte del gobierno de Javier Milei de un plan de inteligencia ha desatado una fuerte controversia, al habilitar a la Secretaría de Inteligencia (SIDE) a realizar tareas de «inteligencia interna», una práctica prohibida por la Ley de Inteligencia N° 25.520. Según especialistas que accedieron al documento de 170 páginas elaborado por el jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, el plan permitiría que la SIDE «camine a cualquier ciudadano», bajo el pretexto de anticiparse a situaciones que puedan “afectar las relaciones con Estados Unidos e Israel, o que erosionen el frente financiero y las políticas económicas del país”.
Este cambio en la política de inteligencia generó una gran preocupación en diversos sectores, especialmente en el sindicalismo, que ya fue víctima de prácticas similares durante la gestión de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. En aquel entonces, surgieron denuncias por espionaje ilegal, que llevaron a la justicia, como en el caso de la llamada «Gestapo antisindical», que desató un escándalo por las actividades de vigilancia y persecución a dirigentes sindicales. Ahora, con la autorización del plan de inteligencia de Milei, la posibilidad de que estos abusos se repitan es una realidad que preocupa a numerosos actores sociales y políticos.
Preocupación en el mundo sindical
La ambigüedad en la redacción del plan es uno de los puntos que más alarma ha generado. En el documento, se establece la necesidad de detectar «situaciones, actores o circunstancias» que puedan afectar el «relacionamiento estratégico» con países aliados, como Estados Unidos e Israel. Los expertos alertan que esta vaguedad permite interpretar como amenaza cualquier crítica pública o manifestación, lo que abre la puerta para que la SIDE intervenga en acciones tan cotidianas como protestas en las calles o posteos en redes sociales. Este tipo de «inteligencia interna» sobre personas o grupos, basada en su opinión política o su oposición al gobierno, está prohibido por la Ley de Inteligencia vigente.
El sindicato y las organizaciones sociales han expresado su temor de que el nuevo plan sirva para «monitorear» a líderes sindicales, movimientos opositores y cualquier actor que sea considerado «una amenaza» para el gobierno. Esto no solo es un retroceso en términos de derechos humanos, sino que también podría volver a poner en práctica las mismas tácticas de espionaje ilegal que ocurrieron durante el gobierno anterior.
Críticas por Falta de Seriedad y Ambigüedad
Además de la preocupante habilitación del espionaje interno, el documento ha sido criticado por su falta de seriedad y rigor técnico. Un especialista que revisó el plan señaló que el documento contiene conceptos absurdos, como el término «ultraespacio», un término que no tiene base en la jerga de inteligencia y que parece inspirado en la cultura pop japonesa. En la serie animada Pokémon, el «ultraespacio» es definido como «un universo alterno y el lugar de donde proceden los ultraentes». «Nos gobierna un grupo de otakus», ironizó la fuente, haciendo referencia a la influencia de la cultura japonesa en ciertos miembros del entorno político libertario.
El riesgo de erosión de derechos y libertades
Además del control social, el plan plantea la necesidad de monitorear «actores estratégicos, hechos o circunstancias» que pudieran erosionar la confianza en las políticas económicas o en el sistema financiero del país, lo que incluiría la persecución de cualquier crítica pública o comentario en redes sociales. Este enfoque contradice directamente la Ley de Inteligencia, que establece que no se puede obtener información sobre personas basándose en su raza, fe religiosa, opiniones políticas o su participación en organizaciones sociales, sindicales o culturales. Sin embargo, el documento elaborado por la SIDE parece ignorar estas limitaciones legales, lo que ha desatado una nueva ola de preocupaciones sobre el uso indebido del aparato estatal de inteligencia para fines políticos y represivos.
La autorización del plan de inteligencia por parte de Milei y la SIDE no solo amenaza con socavar las libertades civiles y los derechos fundamentales, sino que también abre un panorama preocupante para la democracia, al permitir que el gobierno utilice las fuerzas de seguridad y la inteligencia del Estado para controlar a sus opositores, socavar la protesta social y perseguir a quienes se atreven a criticar sus políticas.
Por Redacción Data Gremial
