La justicia permite a Latam volar de Brasil a Malvinas con escala en Córdoba 

La aeronave partirá este miércoles desde San Pablo

El juez Luis Rodríguez  rechazó un planteo  que pedía suspender el viaje porque lo habilita un comunicado entre las cancillerías de Argentina y el Reino Unido que no pasó por el Congreso. El juez alega que ya hubo vuelos similares desde que gobierna Macri. Viajarán 11 ciudadanos de distintos países y 32 británicos.

El vuelo de Latam a las Islas Malvinas, desde San Pablo, con escala en Córdoba, partirá este miércoles –Día de la Soberanía– sin obstáculo judicial alguno. Tras días de suspenso, el juez Luis Rodríguez rechazó la cautelar presentada por la abogada Valeria Carreras, socia de Fernando Burlando, y que fue avalada por el fiscal Jorge Di Lello. En concreto, lo que decían los denunciantes es que el vuelo es producto del comunicado conjunto que firmaron las cancillerías de la Argentina y el Reino Unido, que ese comunicado es un virtual tratado y que debió pasar por el Congreso. Por lo tanto que se trata de una maniobra y una jugada inconstitucional. El magistrado no convalidó la equiparación de aquel comunicado con un tratado. La consecuencia es que Gran Bretaña se afirma en Malvinas con vuelos que le facilitan, por ejemplo, el recambio de las tripulaciones de pesqueros, de la dotación de los petroleros y hasta del personal militar.

Según se relata en el fallo, en el vuelo de este miércoles habrá 11 ciudadanos de distintos países y 32 británicos, además de que cuatro argentinos subirán en Córdoba. La aeronave será brasileña. Uno de los argumentos del juez Rodríguez es que ya hubo vuelos, principalmente desde Santiago de Chile a Malvinas, con escala en Río Gallegos, todos desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, por lo que no se produce un cambio en la situación actual. Sin embargo, se trata siempre de empresas no argentinas, chilena y brasileña, con lo que se impone el veto del Reino Unido a Aerolíneas Argentinas o los vuelos originados en nuestro territorio continental.

El fiscal Di Lello aceptó que declare en el expediente la ex diputada Alicia Castro quien sostuvo que «me consta que el acuerdo firmado entre las cancillerías plasma la ambición británica y afianza la presencia del usurpador en el Atlántico Sur». Castro también aportó una carta de 2016 de la ex ministra Theresa May en la que señaló que uno de los objetivos del Reino Unido era aumentar los vuelos e incrementar la explotación de hidrocarburos. La ex embajadora precisó que los vuelos son claves porque le permite a los británicos relevar las tripulaciones de los pesqueros y las dotaciones de las petroleras. Por ello considera que se trata de un tema estratégico. Además, Castro puso el acento en que permitir el primer vuelo ya sienta precedente.

El juez rechazó la cautelar que apuntaba a suspender el vuelo de Latam. El argumento principal es que aquel comunicado conjunto no puede ser considerado un tratado y por lo tanto no podría declararlo inconstitucional al no haber pasado por el Congreso. El magistrado sostiene que pasaron ya tres años y las cámaras legislativas no abordaron ni revocaron aquel texto. Además, ya existe una causa judicial iniciada por el CECIM, la organización de los ex combatientes de La Plata donde se le imputan delitos a los integrantes del gobierno de Macri por la firma del comunicado. Por lo tanto, el magistrado afirma que lo excede dictar una cautelar respecto de un decreto del Poder Ejecutivo –el que permite el vuelo–, más aún cuando hay otra causa judicial en trámite desde 2016. Y también cita el juez que existiendo el vuelo de Santiago de Chile a Malvinas, con escala en Río Gallegos, no cambia demasiado la situación.