La reforma laboral de Milei tuvo un giro inesperado:
Crece el rechazo entre empresarios que aseguran que los “terminó complicando”
Empresarios de la Unión Industrial Argentina cuestionaron en una reunión reservada la reglamentación impulsada por Federico Sturzenegger y admitieron que algunas de las medidas terminaron dificultando las negociaciones con los sindicatos. El planteo se suma al malestar de otras cámaras empresarias, que incluso analizan recurrir a la Justicia.
Data Gremial / Martes, 18 de agosto de 2026 13:33
La reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei comienza a generar un efecto inesperado: crece el malestar entre sectores del propio empresariado que inicialmente respaldaron los cambios. Según reveló El Destape, una reunión de la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) expuso fuertes críticas a la reglamentación diseñada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El planteo empresarial llegó al punto de advertir que algunas de las modificaciones que buscaban favorecer a las compañías terminaron complicando las relaciones laborales y las negociaciones con los sindicatos.
“Queríamos una reforma que nos ayudara y al final lo que tenemos terminó complicándonos”, afirmó el abogado Juan José Etala, presidente del Departamento de Política Social de la UIA, durante una reunión realizada aproximadamente un mes atrás, según la información publicada por El Destape.
La frase, pronunciada frente a empresarios, asesores y abogados, sintetizó una preocupación que, de acuerdo con el medio, comenzó a extenderse dentro de distintos sectores patronales: la reforma que pretendía debilitar el poder sindical y modificar las reglas de negociación colectiva estaría generando mayores dificultades para alcanzar acuerdos.
Una reforma que terminó afectando a los empresarios
De acuerdo con la reconstrucción realizada por El Destape, el eje de las críticas estuvo puesto especialmente en la regulación de los denominados aportes solidarios, pagos extraordinarios y cuotas que pueden acordarse entre sindicatos y cámaras empresarias en el marco de las negociaciones paritarias.
La reglamentación impulsada inicialmente por Sturzenegger estableció límites a los aportes que podían realizarse a las organizaciones sindicales y empresarias. El Decreto 407/26 fijó un tope del 0,5% de la nómina salarial para los aportes destinados a cámaras empresarias y del 2% para los sindicatos u obras sociales.
El Gobierno presentó estas modificaciones como parte de una estrategia destinada a terminar con mecanismos que considera fuentes de financiamiento indebido para las organizaciones sindicales y empresariales.
Sin embargo, según el planteo realizado en la UIA, esas herramientas también cumplían una función dentro de las relaciones entre empresarios y trabajadores: permitían generar acuerdos complementarios y facilitar el funcionamiento de determinadas instituciones vinculadas con la actividad.
La posterior sanción del Decreto 612/26, impulsado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, morigeró algunas de las restricciones establecidas originalmente. Pero, según El Destape, en las cámaras empresarias consideran que el problema todavía persiste.
“Terminó complicándonos”
La intervención de Etala resulta especialmente significativa por su posición dentro del empresariado argentino. El abogado es presidente del Departamento de Política Social de la UIA y encabeza el estudio Salvat, Etala & Saraví.
Además, tuvo un rol relevante durante el gobierno de Mauricio Macri y fue señalado como uno de los operadores del oficialismo de entonces en el ámbito de la Justicia laboral.
Por eso, su crítica adquiere un peso particular dentro de la discusión sobre la reforma laboral.
Según la información publicada, la preocupación expresada en la reunión no se limitó a Etala, sino que encontró coincidencias entre empresarios y especialistas presentes.
El diagnóstico compartido apuntó a que la modificación de las reglas que durante décadas estructuraron la relación entre cámaras empresarias y sindicatos no necesariamente produjo el resultado buscado por el Gobierno.
Por el contrario, la eliminación o limitación de determinados mecanismos de financiamiento habría terminado afectando espacios de negociación que empresarios y dirigentes sindicales utilizaban para administrar los conflictos laborales.
La “paz social” en el centro de la discusión
Uno de los aspectos más llamativos del planteo empresarial es que parte de una premisa que contradice el discurso oficial: los mecanismos que el Gobierno identifica como “curros” o “kioscos” también habrían contribuido históricamente a sostener una dinámica de negociación y paz social.
Según la reconstrucción de El Destape, Etala sostuvo que durante décadas se desarrolló en Argentina un esquema de negociación paritaria basado en intereses mutuos y en la posibilidad de establecer estímulos y acuerdos extrasalariales.
Para los empresarios críticos de la reglamentación, quitar esas herramientas no necesariamente fortalece a las compañías. En determinados sectores, incluso podría generar el efecto contrario: dificultar el diálogo con los sindicatos y hacer más compleja la resolución de conflictos.
El dato adquiere especial relevancia en un momento en que el Gobierno busca avanzar con una reforma laboral que plantea modificar aspectos centrales de las relaciones colectivas de trabajo.
CAC y CAME también evalúan ir a la Justicia
El malestar no estaría circunscripto a la UIA.
Según publicó El Destape, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) llegaron a una conclusión similar a partir del conflicto generado alrededor del Instituto de Capacitación (Inacap).
El organismo es administrado conjuntamente por ambas cámaras y su financiamiento se establece en el marco de las negociaciones paritarias con la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), encabezada por Armando Cavalieri.
La disputa por el financiamiento de esa estructura habría generado un fuerte malestar entre las entidades empresarias. De acuerdo con la publicación, CAC y CAME esperan una oportunidad para presentar un amparo judicial contra las nuevas reglas.
La posibilidad resulta particularmente significativa porque algunas de estas cámaras fueron históricamente promotoras de una modificación de la legislación laboral y, en particular, de varias de las medidas que ahora comienzan a cuestionar.
Un inesperado frente empresario contra la reforma
La situación abre un escenario incómodo para el Gobierno de Javier Milei.
La reforma laboral fue presentada como una herramienta destinada a favorecer la creación de empleo registrado, reducir la litigiosidad y brindar mayor previsibilidad a las empresas. Sin embargo, mientras las centrales sindicales mantienen su rechazo a distintos aspectos de la iniciativa, ahora aparecen cuestionamientos provenientes del propio sector empresario.
El planteo es particularmente sensible porque no apunta necesariamente a defender las estructuras sindicales, sino a señalar que algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno podrían haber eliminado mecanismos que también resultaban funcionales a los intereses patronales.
De confirmarse una oleada de presentaciones judiciales de cámaras empresarias, la reforma laboral podría enfrentar así un escenario paradójico: sindicatos y empresarios recurriendo a la Justicia, aunque por motivos diferentes, para cuestionar aspectos de una normativa que el Gobierno presentó como una modernización destinada a beneficiar al sector privado.
La frase pronunciada por Etala en la reunión de la UIA resume el inesperado giro: “Queríamos una reforma que nos ayudara y al final lo que tenemos terminó complicándonos”.
