La UCR presentó una reforma laboral que restringe el derecho a huelga y elimina las indemnizaciones

Los legisladores nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR) le llevaron a la Casa Rosada su propio proyecto de reforma laboral con el objetivo de que el Gobierno lo incorpore a la nueva versión reducida de la fracasada Ley Bases. Se busca convertir en ley un texto plasmado casi en espejo al capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del presidente Javier Milei que suspendió la Justicia del Trabajo. La propuesta que recibió ayer el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, prevé beneficios para los sectores empresarios como la reducción de la carga fiscal sobre el empleo y la simplificación del registro laboral, el tiempo que carga sobre las conquistas de los trabajadores: extender el periodo de prueba por seis meses sin derechos a indemnización, eliminar el actual sistema de indemnizaciones y reemplazarlo por un fondo de desempleo, eliminar los aportes sindicales con los que se sustentan los gremios, y declarar “servicio esencial” a la Educación.

Los colaboracionistas como punta de lanza

El jefe del bloque de diputados de la UCR, el cordobés Rodrigo de Loredo, reunió el miércoles por la noche a gran parte de su bancada para analizar la propuesta de Reforma Laboral que ayer le llevaron a Posse en la Casa Rosada con una nutrida comitiva. La postura del radicalismo es que el Gobierno lo incluya como parte del texto definitivo de la nueva versión reducida de la Ley de Bases que enviará al Congreso para intentar revertir la derrota del primer proyecto durante las sesiones extraordinarias de este verano.

La UCR, no fue el único bloque parlamentario que le propone al Gobierno sostener la reforma laboral que quiso implementar por DNU y que frenó la Justicia. También lo hizo el PRO, como aliado incondicional de los libertarios, y el variopinto interbloque de Hacemos Coalición Federal, aunque con algunas diferencias sobre el alcance de algunas de las medidas.

A pesar de que la decisión final estará en manos de la Casa Rosada, el Gobierno dejó hasta ahora en manos de los bloques colaboracionistas la propuesta de insistir con las reformas en el actual sistema jurídico de relaciones laborales que Milei buscó implementar con el DNU y que frustró la Justicia Laboral. Aunque será fundamental que los dialoguistas le garanticen los votos para llevarla adelante.

La propuesta Radical

La UCR le presentó ayer a Posse un texto de reforma laboral de 44 artículos, en medio de una creciente conflictividad laboral y cuando la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó un nuevo para general contra la política económica de Milei para el 9 de mayo. Aunque la iniciativa no cuenta con el sector díscolo del radicalismo que encabeza el diputado Facundo Manes.

“El mercado laboral presenta actualmente enormes desafíos: alta tasa de informalidad laboral, desempleo, precarización laboral, y pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Por ello, es necesario actualizar el marco normativo para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y el desarrollo económico del país”, sostiene el radicalismo en sus fundamentos. Aunque las modificaciones que plantea apuntan a favorecer a los sectores empresarios en detrimento de las conquistas laborales de los trabajadores, incluyendo el derecho a huelga.

Para empresarios

El texto se base en ocho puntos, que funcionan como ejes pero cuya redacción también se amplifica. El primer punto sostiene la “Reducción de la carga fiscal sobre el empleo”, donde propone “la actualización de la deducción aplicable a la base imponible de las contribuciones patronales, vinculándola al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), y hasta 5 empleados. Para “la sustancial disminución del costo laboral (en particular para las PyMEs), que resulta uno de los elementos más distorsivos que atenta contra la formalidad, e impacta sobre los trabajadores de menores ingresos”.

Al tiempo que propone “implementar de un sistema simplificado y electrónico para la registración laboral, asegurando eficiencia y simplificación de los trámites”. Allí el detalle del articulado del proyecto, sostiene multas para los empleadores que no registraran correctamente a sus trabajadores en caso de indemnizaciones, aunque le pone límites temporales a las mismas que no podrían exceder de 12 sueldos.

Reducir las indemnizaciones patronales es uno de los objetivos del proyecto. Así lo expresa en el capítulo titulado “Reducción de la litigiosidad”: donde insiste en la “derogación de artículos y leyes que complejizan el marco laboral actual y fomentan la litigiosidad, incluyendo aspectos de la ley N° 24.013, ley N° 25.013, ley N° 25.323, entre otras, y reducción sustancial de las multas”. “Esta medida –continúa el texto– tiene como objetivo reducir la litigiosidad y disminuir la incertidumbre sobre los costos de contratación y despido que produce la determinación en juicio de la indemnización”. Lo que a su juicio «favorece a los mercaderes de la industria del juicio”.

El punto cinco del proyecto está dedicado a crear “mecanismos sustitutivos de indemnización”. Cómo “establecer por convenio colectivo un fondo de cese laboral a cargo del empleador (con un aporte de hasta 8 por ciento de la remuneración) y dar la opción a un sistema de capitalización o seguro para solventar la indemnización”.

Menos derechos

La iniciativa, en cambio, cercena derechos sobre los trabajadores. Bajo el título de “libertad sindical”, el proyecto propone “eliminar las contribuciones obligatorias emanadas de los convenios colectivos (llamadas contribuciones de solidaridad)”, con lo que quita el aporte de los trabajadores a su organización gremial. Algo que muchos de los diputados que integran los bloques dialoguistas consideran una “provocación” a las organizaciones sindicales. Propone “extender el período de prueba a seis meses, con posibilidad de terminación de la relación laboral sin derecho a indemnización, pero con obligación de preavisar”, por parte del empleador.

También va en contra del derecho a huelga, con el fundamento de declarar a “la Educación como servicio estratégico esencial”. Con lo que el proyecto busca “establecer la educación en los ciclos de escolaridad obligatoria como un derecho humano fundamental, limitando los conflictos colectivos de trabajo que pongan en riesgo este derecho”. El articulado estable allí la obligación para los docentes de garantizar al menos el 75 por ciento de los puestos de trabajos.

Pero la medida no se acaba allí. También extiende esta exigencia “en el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50 por ciento” de los puestos laborales. Una lista que incluye a casi todas las ramas de servicios e industria. Va desde “los servicios sanitarios y hospitalarios, así como el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y los servicios farmacéuticos” y la propia producción de los mismos, hasta “la producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica y los “los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales”, pasando Transporte marítimo, fluvial, terrestre y subterráneo de personas y/o mercaderías”, “la aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario”, “los servicios bancarios, financieros, servicios hoteleros y gastronómicos y el comercio electrónico”, los “servicios aduaneros y migratorios, y demás vinculados al comercio exterior”; y hasta los “servicios de radio y televisión”.

Además de poner en manos de una «comisión de expertos” las actividades que se podrían sumar a las restricciones, con lo que el derecho de huelga en la Argentina pasaría a ser una mera declaración formal si posibilidad de ejecución.