La venta de las joyas de la abuela en modo libertario: AySA, Intercargo y Salto Grande apuntadas para su liquidación

En las últimas horas el Gobierno nacional de Javier Milei comenzó a dar pasos significativos en cuanto a su plan de privatizaciones, incluyendo la entrega de Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA), prestadora del servicio de provisión de agua, un elemento cuyo acceso es considerado como un derecho humano; la venta del 100% de la estatal Intercargo, que brinda servicios de rampa en aeropuertos, y de la represa hidroeléctrica Salto Grande, considerada como un activo estratégico nacional.

En cuanto a AYSA, cuyo plan de privatizaciones sufrió en las últimas semanas el papelón oficial de anticipar un acuerdo con la cuestionada empresa israelí de aguas Mekorot, que finalmente debió salir a aclarar que por estatuto no puede asumir el control de otras empresas en el extranjero, en las últimas horas se puso en marcha una campaña de organizaciones gremiales, sociales y de especialistas en el sector por la derogación de los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 493/2025 y N° 494/2025, que habilitan su traspaso al sector privado. Entre los ejes de la campaña se destaca que el acceso al agua es un “derecho humano” y que por lo tanto los contratos de concesión que habilitan el corte por falta de pago estarían violando esos derechos al “mercantilizar” un servicio público básico. También se advierte la ilegalidad de los decretos emitidos sin el requisito previo obligatorio de una consulta ciudadana y se recordó las graves consecuencias de la privatización del servicio por medio de Aguas Argentinas.

En cuanto a Intercargo, que fue incluída en el paquete de empresas a ser privatizadas en la Ley Bases, esta semana el Ministerio de Economía de Luis Caputo oficializó la venta del 100% de la empresa, un primer paso privatizador en el sector aeronáutico. En los fundamentos de la iniciativa se destaca el impacto que tuvo en cientos de vuelos nacionales e internacionales una medida de fuerza que los trabajadores de la empresa llevaron adelante en 2024. Según el plan oficial, el proceso de concesión deberá cerrarse en un plazo máximo de ocho meses (según se detalla en la Resolución 1067/2025), aclarando que el proceso será coordinado por la Secretaría de Transporte y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

Por último, los sindicatos de la energía de la provincia de Entre Ríos salieron a repudiar la propuesta de privatizar la represa hidroeléctrica de Salto Grande que realizó en los últimos días el candidato libertario Joaquín Benegas Lynch. Desde la Federación de Trabajadores de la Energía, Industria, Servicio y Afines (FeTIA-CTA) y el Sindicato de Trabajadores Argentinos de Salto Grande (SIATRASAG) definieron a la represa como un activo no sólo estratégico y esencial para el sistema eléctrico nacional sino también “eficiente”, que no tiene déficit y garantiza la provisión de entre un 4 y un 6% de la energía nacional a un costo mucho menor que si quedara en manos privadas.