Ley Bases: las ocho empresas que el Gobierno ya puede privatizar, y cómo será el proceso

Se reglamentó el capítulo que permite hacerlo en forma total o parcial, y también se habilitó darlas en concesión. Además, un artículo de la Ley Bases permite cerrar organismos del Estado.

Durante la madrugada de este lunes el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial la reglamentación de parte de la Reforma del Estado, basada en la Ley Bases. Como consecuencia, ocho empresas estatales serán privatizadas en forma total, parcial o podrán ser otorgadas en concesión. Además, se oficializó un artículo que permite cerrar organismos del Estado.

El texto de la denominada “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” se divide en cuatro capítulos: Reorganización Administrativa, Privatización, Procedimientos Administrativos, y Empleo Público, que tendrá una instancia de evaluación.

En esta primera etapa, el Ejecutivo estableció la normativa vinculada al Título II, que contempla las modificaciones en el sistema de empleo público, cambios en los procesos administrativos y las privatizaciones de las empresas públicas.

Las empresas que serán privatizadas

Dentro de esta legislación, uno de los apartados destacados es precisamente el que está dedicado a las privatizaciones de empresas públicas.

AySA es una de las empresas que el Gobierno pretende privatizar.La siguiente es la lista completa de las compañías que la Ley Bases dispone que sean privatizadas:

• Energía Argentina (ENARSA)
• Intercargo
• AySA
• Belgrano Cargas
• Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE)
• Corredores Viales
• Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA)
• Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)

“El Congreso ha sido generoso en las delegaciones, ya que le permite al Estado adecuar en tamaño, fusionar o centralizar cualquier órgano de la administración pública», señaló esta mañana Federico Sturzenegger, principal ideólogo de esta reforma profunda.

Y agregó que también faculta al Ejecutivo “a cerrar cualquier organismo del Estado si no está en una lista de excluidos”. Se trata de un punto que, muy probablemente, dé lugar a futuros conflictos.

En tanto, entre las compañías que el Gobierno aceptó eliminar del megaproyecto (es decir, las excluidas) se encuentran Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA (Radio y Televisión Argentina).

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado dijo también que “estos cambios permitirán una amplia reestructuración del Estado que se materializará a través de una serie de Decretos Delegados”. Y Sturzenegger adelantó que “el primero que cierra definitivamente es el INADI. Estará publicado brevemente luego de esta reglamentación”.

Ley Bases: qué dice sobre el procedimiento

En cuanto al procedimiento y las normativas, el texto publicado en el Boletín Oficial detalla que el proceso de privatización se inicia con un informe detallado que el Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación, en cuya jurisdicción se encuentre la empresa o sociedad a privatizar, deberá presentar al Poder Ejecutivo Nacional.

Este reporte deberá debe incluir:

• El carácter total o parcial de la privatización propuesta y su fundamento.
• El procedimiento de selección y los plazos estimados para cada etapa.
• La posible propuesta para otorgar preferencias y, si corresponde, un Programa de Propiedad Participada con detalle de los sujetos adquirentes y proporción de capital accionario.

Una copia de este informe detallado deberá ser enviada a la Comisión Bicameral creada en el ámbito del Congreso de la Nación para avanzar con el proceso.
La convocatoria para presentar ofertas en los procedimientos de selección de la privatización deberá publicarse en el Boletín Oficial durante un período de siete días. La última publicación debe realizarse al menos treinta días antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

El llamado también se hará a través del sitio web de la autoridad de aplicación desde el inicio de la publicación en el Boletín Oficial. En el caso de los procedimientos internacionales, se requiere publicación en al menos un sitio web accesible para interesados extranjeros durante tres días, con al menos 45 días de antelación a la fecha de presentación de ofertas.