Los números de las obras sociales que preocupan a la CGT
La caída de los aportantes complicó la situación de las entidades. La central sindical llevó los reclamos al presidente Alberto Fernández.
La conducción de la CGT le llevó al presidente Alberto Fernández un pedido concreto: el financiamiento de los gastos de educación y transporte en las prestaciones a discapacitados.
En respuesta, como contó Mundo Gremial, el Estado prometió una ayuda de $11 mil millones para cubrir esos gastos. Un gesto valorado pero que no soluciona el déficit.
La CGT puso sobre la mesa los números que preocupan en un contexto de pandemia que complicó el estado financiero de las obras sociales.
José Luis Lingeri, secretario de acción social de la central y el hombre que encabeza las negociaciones con el gobierno, dio detalles de la situación.
Según el dirigente, la crisis se agudizó desde el inicio de la pandemia producto de una “informalidad impresionante” que produjo una caída de los aportantes en relación de dependencia.
“Hoy tenemos que cubrir un universo de 15 millones de beneficiarios del sistema de obras sociales y los aportantes sólo alcanzan a 5 millones 600 mil trabajadores”, graficó Lingeri.
En diálogo con Radio Sur, el sindicalista hizo hincapié en los gastos por Discapacidad. Y aclaró: “No estamos en contra de brindar prestaciones a discapacitados o pacientes de enfermedades con tratamiento de altísimos costo, el problema reside en que cuando se legisla y se saca todo tipo de mecanismos no se prevé de dónde surge el financiamiento de estos temas”.
A saber: el gasto del sector Discapacidad estaba dirigido a 54.000 personas en 2017 y en la actualidad asciende a 91.900, de acuerdo a los datos aportados por Lingeri.
Así, el gasto real pasó de $6.900 millones en 2017 a $28.752 millones en 2020. Lo que significó un incremento de más del 400%.
El gasto promedio por beneficiario con discapacidad financiado desde el Fondo Solidario de Distribución fue en junio de 2020 de $ 38.000. pesos. De ese número, el 50% representa gastos por educación y transporte, unos 1.200 millones de pesos por mes.
“En 2021 se prevé un aumento en 11.400 millones más. Estamos hablando de 40.000 millones de pesos por año en prestaciones de transporte y educación. Es decir, entran 90.000 millones de aportes de trabajadores y empleadores y esto se lleva el 50% de recaudación del Fondo”, señaló.
Por esta situación, “le pedimos al Presidente que educación y transporte sea financiado por el Estado”, dijo Lingeri, en un reclamo que fue acompañado por una regularización en el sistema de libre elección de las obras sociales.
Con el cambio solicitado por la CGT, cada afiliado deberá permanecer un año en la obra social de su actividad antes de disponer el traspaso de los aportes a otra entidad de salud.
