Pese al reintegro de otros $1500 millones, las obras sociales reclaman un refuerzo para solventar el gasto Covid

Con la segunda ola de Covid tensando el sistema de salud, también preocupa la capacidad financiera de la seguridad social que da respuesta, por ejemplo, a casi el 80% de los pacientes en Capital Federal. Hoy la Superintendencia de Servicios de Salud oficializó el pago de unos $1500 millones a unas 191 obras sociales sindicales que, de todas formas, reclaman una asistencia “extra” para hacer frente al denominado gasto Covid y al que le demanda la cobertura del tratamiento de la discapacidad.

El organismo a cargo de Eugenio Zanarini habilitó un nuevo desembolso a través de la resolución 796 publicada en el Boletín Oficial, asignando el mismo monto que venía distribuyendo en los últimos meses con fondos del sistema único de reintegros (SUR).

Entre los considerandos de la normativa, el organismo indicó que “se ha implementado el pago a cuenta de solicitudes, contemplan explícitamente que dichos fondos deberán ser utilizados para el pago de los prestadores de salud, con el fin de mantener la cadena de pagos y poder afrontar de modo eficaz y oportuno la situación generada por la pandemia de COVID-19”.

En este contexto, en CGT explicaron que las transferencias se originan en la presentación mensual que realizan las organizaciones y en los expedientes “chequeados” por la contaduría de la Superintendencia. Los $1500 millones de pesos girados correspondientes al mes de abril “es lo que se viene distribuyendo en los últimos meses, con mayor incidencia en las que tienen mayor concentración de trabajadores y salarios más bajos. Pero hoy el dinero no alcanza a cubrir las necesidades de todas las obras sociales”, apuntó a Mundo Gremial, José Luis Lingieri (Obras Sanitarias), quien negocia en nombre de la CGT con el gobierno el reintegro de los fondos de las entidades de salud.

El jefe sindical sostuvo que los montos difieren según la obra social. “En Obras Sanitarias nos corresponden $1.000.010 por 20 mil beneficiarios con un capital alto. Pero sanidad recibe $46 millones, los textiles $26 millones. No alcanza, por eso estamos planteando al Ejecutivo, que está de acuerdo, hacer gestiones ante la Superintendencia para obtener un refuerzo presupuestario para hacer frente a la pandemia”. Otras obras sociales se vieron más beneficiadas por las erogaciones oficiales, como la de la UOCRA que recolectó casi $101 millones.

Según explicó Lingieri, las entidades tienen cada vez más requerimientos para solventar el denominado “gasto Covid” y los tratamientos y el transporte de los afiliados con algún tipo de discapacidad. Pese a que la central obrera ya le había planteado al gobierno “compartir” los costos de este último rubro, no hubo acuerdo. “No podemos quitar esos recursos al Tesoro en otro año en que hay que cuidar la plata”, opinó una fuente gubernamental consultada. Tampoco hubo respuesta oficial al pedido para modificar el régimen de monotributo para ampliar los montos, que sea obligatorio y que puedan incluir mediante escalas al grupo familiar.

“Con el último cambio la cuota de monotributo pasa de $1041 a $1400 con carácter retroactivo a enero pero no logra cubrir el costo del PMO (Programa Médico Obligatorio). En el gobierno no quieren aumentar las cuotas a los (monotributistas) de clase A o B porque dicen que no podrían hacer frente a esas subas”, concluyó Lingieri.