Procesaron al ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo por fraude al Estado y coimas
El juez federal Sebastián Casanello también lo acusa de haber dirigido una asociación ilícita que habría funcionado en el organismo de asistencia a los discapacitados.
El juez federal Sebastián Casanello procesó a Diego Spagnuolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por las irregularidades detectadas en la compra de medicamentos para el organismo durante la actual gestión. Sin prisión preventiva, se le atribuyeron al ex funcionario los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública nacional, y cohecho pasivo.
Todas las acusaciones concurren con otro delito mayor: haber sido jefe de una asociación ilícita. El juez además embargó a Spagnuolo por 202.828.725.464 pesos. La cifra guarda relación con el perjuicio supuestamente ocasionado a través del direccionamiento de las compras de medicamentos, el beneficio a favor de unas pocas empresas y los sobreprecios en esas operaciones. La maniobra representó un daño al Estado de 30.337.220.919,77 pesos.
Luego de una exhaustiva investigación, explicó el juez Casanello, se dio por corroborado aquello que expuso el fiscal federal Franco Picardi: que «ciertas personas» (funcionarios/as de la ANDIS y del sector privado vinculado al rubro de la salud), de manera coordinada y bajo «acuerdos espurios», “integraron una organización delictiva a los fines de cometer ilícitos que les permitió obtener amplias sumas de dinero de manera indebida, en perjuicio de la administración pública”.
Las maniobras afectaron a la población con discapacidad, «especialmente vulnerable, que goza de pensiones no contributivas y no posee otra cobertura de salud (lo que abarca a madres con 7 hijos, mayores de 70 años en situación de pobreza, entre otros”)”.
En palabras del fiscal, recogidas por el juez, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 la agencia habría funcionado como “el centro de operaciones” de diversas actividades ilícitas; esto es, “como una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados, adjudicados en procedimientos fuera del marco legal que no garantizaban los principios de concurrencia, publicidad ni transparencia; como una ventanilla de pagos con sobreprecios en beneficio de proveedores con vínculos con los funcionarios al mando; y, además, como una ventanilla administrada o co-gestionada por agentes externos con fuerte influencia en el sector de salud, especialmente droguerías y firmas de insumos de alto costo”.
Al avanzar con la investigación que derivó en el procesamiento de 18 personas que incluyen a Miguel Ángel Calvete y Daniel Garbellini -segundo de Spagnuolo en ANDIS-, el fiscal también identificó, como parte de aquellas actividades delictivas, la existencia de “pagos indebidos» a funcionarios de la agencia “a cambio de asegurar, gestionar y garantizar la ejecución de las maniobras expuestas”.
En ese sentido, el juez Casanello llamó a indagatoria a todos los involucrados en la estructura de corrupción. Después del tiempo transcurrido, evaluó los elementos de prueba que sustentan la imputación del Ministerio Público Fiscal y convalidó la estructura jurídica expuesta por Franco Picardi.
El juez concluyó que todos los indagados integraron una asociación ilícita –según el rol atribuido en cada uno- que desplegó sus actividades delictivas, al menos, desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025, y que estuvo destinada a cometer ilícitos contra la administración pública, puntualmente dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad, y obtener ganancias indebidas en desmedro del erario público a través de maniobras fraudulentas ejecutadas en el marco de contrataciones direccionadas y con sobreprecios, lo que incluyó «la promesa y entrega de dádivas a funcionarios públicos”.
La provisión de estas prestaciones para aquellos beneficiarios de pensiones no contributivas que no cuentan con otra cobertura de salud se encuentra a cargo del Programa Incluir Salud de la ANDIS.
La organización, remarcó el juez Casanello, “estuvo abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público y en particular de la población con discapacidad y especialmente vulnerable».
Para ello utilizó un sistema irregular de contratación de insumos y medicamentos, PACBI, que contravino la normativa vigente y que permitió el direccionamiento de los procesos de compra, la cartelización, la discrecionalidad en la distribución de pagos y la violación de los principios legales que deben guiar toda contratación pública (publicidad, transparencia y concurrencia de oferentes), «con la inclusión de personas ajenas a la agencia en la toma y ejecución de decisiones”.
Cómo funcionó el circuito de corrupción
Según la resolución judicial, mediante el uso direccionado del aplicativo SIIPFIS (Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones), implementado en la ANDIS en junio de 2024, se “manipularon las contrataciones en beneficio de determinadas droguerías y firmas proveedoras de insumos vinculadas a los miembros de la organización delictiva”.
El resultado de ese circuito, se tradujo en la “obtención indebida» de millonarias sumas de dinero. Se implementó un sistema de compulsas de precios “especial” -paralelo al general- al que sólo eran invitadas a participar este grupo reducido de firmas, en el que «se distribuían de antemano las asignaciones, simulando una competencia que no era tal (con oferentes ‘pantalla’ que, en ocasiones, siquiera cotizaban los tickets) y elevando sustancialmente los precios”.
La maniobra se completó con pagos indebidos -dijo Casanello-, a determinados funcionarios públicos de ANDIS, como contraprestación a que se digitaran -en favor de intereses particulares ajenos a los de la administración- las contrataciones y se «garantizaran agilidad y prioridad en el cobro”.
Para poner en práctica esa operatoria ilícita, se posibilitó que personas ajenas a la ANDIS tuvieran intervención directa en el Programa Incluir Salud, en las contrataciones PACBI del organismo e intervinieran en la administración de los recursos dinerarios de la agencia para obtener beneficios económicos.
Entre otras maniobras detectadas, se habilitó el acceso de actores privados al sistema SIIPFIS por medio de la entrega de permisos de usuarios pertenecientes a funcionarios públicos: esos actores privados, de ese modo, realizaron directamente las gestiones que necesitaban para consumar sus ilícitos en el sistema de compulsas de precios.
El juez señaló que por el rol de los ex funcionarios que incumplieron con sus deberes, personas como Pablo Atchabahian y Miguel Ángel Calvete -junto a otros integrantes de esta organización- pudieron intervenir en las decisiones del organismo, influenciando indebidamente y haciendo valer sus vínculos estrechos con las droguerías beneficiarias y laboratorios.
Así, bajo la conducción de Spagnuolo, la ANDIS benefició de forma irregular a un grupo de empresarios vinculado a las droguerías que “operó directamente y participó de la dirección de la voluntad de la administración a través de los funcionarios infieles quienes se presume resultaron beneficiarios de contraprestaciones indebidas por las acciones ilícitas que desplegaron a través de sus cargos”.
Los números del fraude, sobreprecios y dos ganadores
A partir del mencionado esquema de direccionamiento indebido de contratos en favor de determinadas empresas, detalló en su resolución el juez Casanello, se produjeron importantes sobreprecios en determinados medicamentos, como Burosumab 20 mg, Burosumab 30 mg., Guselkumag 100 mg., Daratumumab 400 mg., Selexipag 0.2 mg., Epoprostenol 1,5 mg., Macitentan 10 mg. y Abemaciclib 150 mg.
A través del sistema de compulsas “especiales” se invitaba a cotizar a cuatro oferentes -droguerías Profarma SA, Génesis SA, Floresta SA y New Farma SA-, dos de los cuales cumplían un rol de competencia aparente.
De esta forma se logró el direccionamiento y la cartelización, obteniendo 21 licitaciones “acotadas”, en las que se confeccionaron órdenes de compra por un total de 30.337.220.919,77 pesos en el período referido principalmente hacia las Droguerías Profarma S.A. y Génesis S.A.
Esas dos droguerías resultaron adjudicatarias del 93,11% de este tipo de procesos. Dichos direccionamientos tuvieron por resultado la adjudicación de compras por 28.247.022.880 pesos en el caso de las compulsas acotadas de medicamentos para las empresas Profarma y Génesis, entre julio de 2024 y agosto de 2025.
Por su lado New Farma S.A. y Floresta S.A., resultaron beneficiarias del 51,67% de los 13.328.004.541 pesos adjudicados en 2025 (hasta agosto), y del 50,36% de los 5.117.817.946 pesos, adjudicados entre septiembre de 2024 a fin de ese año en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados, lo que arrojaría un total de 9.514.743.020 pesos.
