Relato en crisis: Aerolíneas, el emblema de «capacidad estatal» que ahora es objeto de salvataje
Aerolíneas Argentinas se está transformando en un problema para el discurso político del Gobierno: la suspensión, decidida este fin de semana, de 7.500 operarios que ahora tendrán un recorte salarial, pega en la línea de flotación contra una de las máximas premisas del nuevo «relato». Es decir, que en las malas es cuando queda en evidencia que siempre el Estado llega allí donde los privados no quieren o no pueden.
Cuando empezó la cuarentena, el rol de Aerolíneas como única forma de traer de vuelta a casa a los miles de argentinos varados por el mundo tuvo un inesperado efecto boomerang.
El presidente Alberto Fernández había reivindicado esa situación con un marcado tono político, pero a los pocos días quedó en evidencia que los presunto beneficiarios de la «ayuda» estaban furiosos porque debían pagar el pasaje cuando ya habían pagado el de las líneas extranjeras que ahora, por decisión gubernamental, no podían llegar a Ezeiza.
Pero, además, luego quedó en evidencia que Aerolíneas tampoco estaba en condiciones logísticas de traer a todos los varados, lo que forzó al Gobierno a revisar su decisión y permitir la llegada de aviones de otras líneas.
Aun así, el relato épico en torno de Aerolíneas encontró una nueva oportunidad cuando se realizó el promocionado viaje a China para traer insumo médico. Las 14 toneladas de material acomodados en la bodega y en la cabina de clase turista permitieron ampliar la capacidad de transporte en un 84%, según informó en ese momento el Gobierno. Recién se estaba cumpliendo un mes de la cuarentena y Alberto Fernández comunicaba su orgullo.
«Nuestro agradecimiento al personal de nuestra aerolínea de bandera por su compromiso y solidaridad es infinito. Son un orgullo para todos», decía el post del Presidente en su cuenta oficial de Twitter.
El posteo fue acompañado por un video que mostraba el regreso del Airbus 330-320, luego de haber realizado una «operación sin precedentes» para la aviación nacional, tras su periplo de más de 60 horas.
Pero la «hazaña» fue motivo de críticas y burlas en las redes sociales, por la intención de darle tinte épico a un vuelo que para la mayoría de las grandes aerolíneas es rutinario. El avión llegó repleto de barbijos y termómetros digitales, aunque no de respiradores mecánicos, que era el insumo crítico del momento.
El alto costo de un emblema nacional
En paralelo a esa reivindicación de Aerolíneas, el Gobierno resistía toda insinuación en el sentido de que se debería cortar el gasto público tomando el ejemplo de otros países, donde se recortó el salario de empleados estatales de niveles jerárquicos.
El argumento planteado por varios economistas apuntaba a que el peso de la masa salarial estatal, que antes de la cuarentena ya ascendía a 13 puntos del Producto Bruto Interno, tiende a crecer hasta un nivel explosivo dada la forma acelerada en que caen los ingresos fiscales.
Una proyección de la Fundación Mediterránea arrojaba resultados sorprendentes: en apenas dos meses los salarios estatales pasaron de un nivel de 31% de los recursos fiscales a un 51%. Y la situación se hacía particularmente grave en el caso de los gobierno provinciales y municipales, donde la carga de salarios estatales trepó hasta un 76% y un 90%, respectivamente, de la recaudación tributaria.
Pero el Gobierno nunca consideró que las propuestas para un corte en el gasto público fuera de recibo. Más bien al contrario, al establecer el programa ATP para asistir a las empresas que habían entrado en crisis por la cuarentena, se reforzó el discurso oficial en el sentido de que, cuando la cosa se pone difícil, es el Estado y no el mercado el que le resuelve los problemas a la gente.
Claro, lo que nadie pensó en ese momento es que se llegaría a la instancia de quien requiriese esa asistencia fuera una empresa estatal.
En semejante marco, destacaba más que de costumbre el déficit crónico de Aerolíneas Argentinas, que el año pasado costó a los argentinos, en términos de subsidios, un esfuerzo de un millón y medio de dólares por día.
El nuevo titular de la empresa, Pablo Ceriani, adelantaba antes de la crisis del coronavirus que para 2020 se esperaba que ese déficit no tuviera cambios, pero que podría achicarse paulatinamente cuando empezara a dar frutos el plan para incrementar la facturación hasta 1.700 millones de dólares, gracias a la venta de 13 millones de pasajes. En paralelo, todo el mercado asumía como inevitable la marcha atrás de la política de «cielos abiertos» y de alejamiento de jugadores privados.
Esos anuncios fueron en febrero, aunque parece que transcurrieron décadas. Ahora, con el drástico cambio de panorama, todos esos planes sobre recuperación pasaron a ser materia de ficción. Y sin embargo, el rol de Aerolíneas en la economía –y la cultura política argentina- no cambió en la percepción oficial.
Un debate que se dio vuelta
Fue en esa línea de pensamiento sobre la capacidad estatal para los «salvatajes» que se dio a conocer el controvertido proyecto de la diputada Fernanda Vallejos, que implica la posibilidad de estatizar porciones accionarias de empresas privadas que hayan recibido ayuda.
La propia diputada lo planteó casi como una forma de defender a las empresas argentinas ante compras hostiles por parte de grupos extranjeros que quisieran tomar provecho de la caída de las cotizaciones bursátiles en el marco de la crisis global.
Y cuando el debate llegó al terreno ideológico, rechazó las acusaciones de «chavización» al afirmar que su inspiración no era Venezuela sino la Alemania de Angela Merkel.
Vallejos planteó como modelo de estudio la posible estatización de Lufthansa, la emblemática aerolínea alemana, que por la crisis del coronavirus había visto desplomarse su facturación en 18% -unos 1.400 millones de euros- en apenas un trimestre.
El debate que se plantea en Alemania es que la masiva asistencia estatal de 10.000 millones de euros podrían tener una contrapartida que implicase una injerencia en la empresa. Una posibilidad es que la mitad de la asistencia financiera sea transformada en capital accionario o que sean a cambio de garantías de dividendos de un 9%.
Para el kirchnerismo, el planteo no ocultaba cierto sentido de revancha contra el bando de los privatizadores. No solamente se cuestionaba la eficiencia de los gestores privados que llegaron a las empresas estatales en los ’90 –incluida la propia Aerolíneas- sino que ponía de relevancia el hecho de que hasta en los países europeos líderes se pensaba en el Estado como guía de las principales actividades comerciales.
De salvatajes privados y estatales
Pero en estos días turbulentos los discursos políticos están expuestos al riesgo de que sus principales premisas cambien drásticamente.
Por un lado, empezó un proceso de «devolución» de la ayuda estatal en grandes empresas. El puntapié inicial lo dio Techint y ya se habla de que se sumarían hasta 300 compañías.
La razón es que, una vez iniciado este programa de asistencia estatal a empresas en crisis, se conocieron nuevos requisitos que muchas empresas consideran nocivos. Por ejemplo, se estableció la prohibición de comprar divisas, lo cual para algunos rubros afecta planes de inversión.
También hay un temor en el sentido de que se violará el secreto fiscal de las grandes empresas, porque ahora la Jefatura de Gabinete tendrá acceso a información confidencial. Y, además, hay compañías que no están dispuestas a aceptar la prohibición de repartir dividendos.
Lo cierto es que la dependencia de la ayuda empezó un proceso de reversión al mismo tiempo que una gran empresa estatal requiere que el Estado pague los salarios de dos tercios de sus trabajadores.
«Ante el cese prácticamente total de las actividades desde hace más de dos meses, hemos tomado la decisión de entablar las negociaciones en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, a fin de proceder a la suspensión temporal de parte de los trabajadores del grupo empresario» es parte del comunicado que recibieron los empleados.
Podrá argumentarse que el dinero que saldrá por una ventanilla del Estado es el que dejará de salir por otra. Pero lo cierto es que en términos netos habrá un ahorro, porque cabe el descuento legal que sufren todos los empleados privados que están en suspensión de sus tareas.
En otras palabras, que el resistido recorte a los salarios estatales, que los economistas vienen reclamando y que el Gobierno ha rechazado, finalmente llegó. Y empezó por la compañía que Alberto Fernández intentó erigir como máximo símbolo de la solidaridad y capacidad estatal frente a las falencias del sector privado.
El debate recién empezó, y no deja de tener su costado irónico: luego de haber discutido sobre cómo se debe «cobrar» el salvataje a las empresas privadas, ahora la lupa se pone sobre el costo –¿o el ahorro?- del salvataje a una gran compañía estatal.
