Se oficializó el cierre de Télam, premiaron al funcionario y sigue la «transformación» del Estado

Con la Ley Bases bajo el brazo, y sorteado el primer semestre del año, el Gobierno Nacional parece haber entrado en una nueva etapa que consiste en ratificar el ajuste puesto en marcha desde diciembre. Así lo hicieron con Télam y se esperan más novedades en otras empresas del Estado.

Es que este lunes se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 548/24 con el que se dispuso el cierre definitivo de la agencia de noticias. Concretamente, la administración libertaria decidió transformar Télam Sociedad del Estado en una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU) que se llamará Agencia de Publicidad del Estado (APE).

Según se explica en la norma firmada por Javier Milei y Guillermo Francos, la nueva entidad «tendrá por objeto operar como agencia de publicidad y propaganda, entendiendo en la elaboración, producción, comercialización y distribución de material publicitario nacional y/o internacional, tanto dentro del territorio de la República Argentina como en el exterior».

El Decreto no hace demasiadas menciones a los trabajadores de la ya ex agencia de noticias. Lo que sí dispone es que el interventor de Télam debe adoptar «los recaudos necesarios» para transferir los servicios, los trabajadores y el patrimonio a «medios públicos y/o terceros». De esta manera, podrían ratificar los despidos o reubicar a los empleados mientras se deshacen de los bienes de la entidad.

Premio para el interventor de Telam

El cierre de Telam comenzó a principios de año y despertó una fuerte polémica. Hoy, la administración libertaria parece haber cumplido exitosamente su objetivo. Tal es así que hoy, con un segundo Decreto, Milei premió al funcionario que encaró el proceso: Diego Martín Chaher.

El abogado dejó de ser hoy mismo el interventor de Radio y Televisión Argentina, de Télam, de Contenidos Públicos y de Educar para pasar a ser secretario de Empresas y Sociedades del Estado, espacio que depende de la Jefatura de Gabinete.

Hasta ahora, ese cargo lo ocupó Mauricio Miguel González Botto, una persona que presentó su renuncia cuando echaron a Nicolás Posse.

Esto recién empieza

Para completar el panorama, este lunes se prorrogó la vigencia del artículo 51 del mega DNU 70/23 por 180 días. La iniciativa supone que el Gobierno Nacional tiene otros seis meses para seguir transformando las sociedades o empresas con participación del Estado en sociedades anónimas.

Según se argumentó en la norma firmada por todo el gabinete, «con el fin de abordar el grave déficit fiscal generado por las empresas públicas se ordenó modificar el status jurídico». Sin embargo, el primer periodo de 180 días no fue suficiente porque «iniciado dicho proceso se ha tomado conocimiento del grave estado administrativo de las referidas organizaciones».