Sebastián Maril sobre el fallo de YPF: “La Argentina tiene solo 10% de chance de revertirlo, debe sentarse a negociar”

El especialista advirtió que los intereses acumulados ya suman un total de US$ 1.650 millones. «El fallo es culpa de Cristina y los intereses, de Milei, que no se está sentando a negociar», apuntó. Y consideró que se podría obtener un descuento de entre 50% y 60%.

Tras la decisión de la Justicia de los Estados Unidos de ordenarle a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF por la incorrecta expropiación de la petrolera en 2012, Sebastián Maril, director de Latam Advisors y especialista en la materia, analizó el fallo de la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska en la causa iniciada por Burford Capital.

El demandante ya estuvo involucrado en otra causa con el grupo español Marsans , exdueño de Aerolíneas Argentinas, y opera de forma similar a un fondo buitre, ya que compra los derechos de juicio de empresas quebradas y luego inicia demandas por sumas mucho mayores.

Así, a través de su subsidiaria Prospect Investments, el 4 de marzo de 2015 se quedó con los derechos de juicio de dos empresas de Grupo Petersen, Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, de la familia Eskenazi y radicadas en España, que se presentaron en quiebra en Madrid y tenían 25% de las acciones de YPF. El síndico subastó el derecho a litigar y un mes después de adquirirlo, Burford inició la demanda.

Al comienzo, Preska desligó a YPF y falló directamente contra la Argentina. Pero ahora le ordenó entregar las acciones en su poder, 51% del total, por lo que el país perdería el control en la compañía, hoy mayoritario, a través de la Anses y el Tesoro.

-¿Cómo se llegó a esta decisión?
– En octubre de 2023, la gestión de Alberto Fernández apeló el fallo que declaró la incorrecta expropiación de YPF. Cambió el gobierno y se debía depositar una garantía durante la apelación para que no se embargaran los bienes. Milei no le dio prioridad por tener lógicamente otras urgencias. También hubo una recomendación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de no hacerle caso al pedido de los beneficiarios del fallo y sugirió acompañar a la Argentina. Pero la Jueza Preska finalmente ordenó entregar el 51% de las acciones que tiene el Estado.

-¿Qué chances hay de revertir el fallo?
– Son mínimas, pero están. Según las últimas estadísticas de la Corte de Apelación del Segundo Circuito de Nueva York, en el último trimestre hubo 10,2% de reversiones. Es decir, que la Argentina tiene solo 10% de chance de revertirlo, hay 90% de probabilidad de que no lo dé vuelta, debe sentarse a negociar. Desde el 5 de abril de 2015, perdimos todas las instancias.

-Entonces, ¿qué posible salida hay?
-La Argentina tiene que entregar las acciones en 14 días o apelar. Los tiempos son complejos. Ya lleva dos años y medio en la Corte la apelación del fallo inicial de 2023, que dispuso que el país debe pagar una base de US$ 16.000 millones. Estimo que no habrá una definición sobre ello hasta el primer trimestre de 2026. Y es posible que cuando la Corte decida, aún se esté en el final de la presentación de los resultados de la apelación de hoy.

-¿Cuál es el costo que le genera al Estado?
-Solo los intereses ya representan 10% del total de la demanda, US$ 3 millones diarios, US$ 1.650 millones acumulados desde septiembre de 2023, que se suman a los US$ 16.000 millones. El fallo es culpa de Cristina y los intereses, de Milei, que no se está sentando a negociar.

-¿Qué postura podría tomar el demandante?
-Seguramente suspender el pedido de embargo de las acciones, siempre y cuando se abra un proceso de negociación. Nos estamos perdiendo de negociar un descuento de entre 50% y 60% del capital y los intereses. La Argentina no va a pagar, pero cuanto más tiempo pase más alto es el monto.

-Axel Kicillof se respaldó en el concepto de “soberanía nacional” para justificar la decisión del kirchnerismo que hoy condena a la Argentina a pagar, cuando existe una cláusula que fijó Carlos Menem de la privatización de 1993 que estipula que toda adquisición posterior de una porción de control implica realizar una oferta pública…

-El video en el que Kicillof reconoce públicamente el error fue usado en julio de 2023 por la Justicia para estipular la condena. Hay que aclarar que el juicio nunca cuestionó el derecho soberano de expropiar la petrolera, sino cómo se hizo. Ignoramos intencionalmente el artículo 7° del Estatuto de YPF, que establece que el accionista mayoritario, en este caso la República, debió lanzar una oferta pública para el resto, no solo para Repsol, lo que no sucedió.

-¿La relación entre Javier Milei y Donald Trump podría favorecer de alguna forma a la Argentina?
-En el primer mandato de Trump, con Mauricio Macri como presidente y ambos alineados, la Corte falló contra la Argentina, que planteó que el conflicto debía zanjarse en la Argentina, donde está radicada YPF. De esa manera, ratificó a la jurisdicción neoyorkina.

-La defensa argentina apeló en su momento que fue “fraudulenta” la compra de acciones de Grupo Petersen a Repsol, que se realizó mediante préstamos de un pool de bancos. ¿Qué argumentos podría usar ahora?
-Fue el proceso de discovery que se dio en 2020, con Alberto Fernández. En un documento de 34.000 páginas con distintas pruebas, la Justicia concluyó que no hubo nada fraudulento. Ahora, deberá buscar otros argumentos a los que ahora están siendo apelados, como el monto pagado en pesos y no en dólares, la mala fe de expropiar y las leyes tenidas en cuenta.