Ya no será obligatorio para organismos y empresas estatales elegir Aerolíneas Argentinas
Así lo dispuso el gobierno de Javier Milei a través del decreto 1191/2012, que fue publicada en el Boletín Oficial. La medida anterior exigía a todas las jurisdicciones del Sector Público a contratar vuelos exclusivamente de la agencia mayorista de la línea aérea de bandera.
A través del decreto 1191/2024, el Gobierno oficializó la derogación de la norma que obligaba a organismos y empresas estatales a contratar a Aerolíneas Argentinas para sus traslados aéreos.
La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial, se basa en la política de desregulación económica que impulsa el Gobierno nacional. En este caso, la disposición busca eliminar beneficios exclusivos otorgados a empresas estatales en contrataciones públicas.
Según consignó el diario Crónica, con la derogación de esta normativa, que fue establecida en 2013 y obligaba a dependencias estatales a contratar exclusivamente a Aerolíneas Argentinas y AustralLíneas Aéreas para traslados aéreos de funcionarios y empleados , con excepciones puntuales.
En tanto, con la eliminación de la normativa que establecía la exclusividad de Aerolíneas , el Gobierno permite que las oficinas del Estado nacional puedan contratar pasajes para sus funcionarios que requieran el traslado por vía aérea, tanto dentro como fuera del país, a cualquier empresa que oferte esa ruta.
De este modo, busca abrir el mercado a proveedores del sector privado. Dado que previamente jurisdicciones y entidades del Sector Público debían comprar pasajes de avión mediante los servicios de OPTAR (Operador Mayorista de Servicios Turísticos Sociedad Anónima Unipersonal).
Por su parte, la medida responde a un nuevo paradigma de libertad económica, buscando eficiencia y pluralidad en las ofertas recibidas. En ese sentido, esta disposición fue tomada en el marco de la política de “cielos abiertos” impulsada por el presidente Javier Milei.
La normativa, que entrará en vigencia a partir de este martes, afecta a todas las dependencias nacionales comprendidas en el artículo 8° de la Ley 24.156. A partir de ahora, las instituciones podrán evaluar nuevas alternativas para cubrir sus necesidades operativas, priorizando criterios de precio y calidad.
