Reino Unido: Las luchas sindicales y el capitalismo del desastre

Este ambiente de dramatismo judicial casi haría olvidar el problema principal: ¿cómo mantener la misma política de embrutecimiento social extremo como «normal»?

El asunto podría parecer apasionante: el primer ministro británico, Boris Johnson, presentó su dimisión a principios de julio, después de que su gobierno estuviera a punto de derrumbarse. Al parecer, Johnson se vio finalmente obligado a renunciar debido, entre otras cosas, el escándalo del «partygate», en referencia a sus frecuentes incumplimientos de las restricciones sanitarias decididas por su propio gobierno.

Aunque ahora Johnson parezca engorroso, cumplió cabalmente su misión al encarnar la postura nacional-racista y -muy irónicamente- «anti-establishment» que necesitaba la versión más derechista del Brexit, en particular para evitar una hemorragia electoral en favor de la corriente más oficialmente ultraderechista representada por Nigel Farage (hasta las elecciones legislativas de 2019). Pero la pregunta ahora consiste en saber quién podría reemplazarlo entre la decena de aspirantes declarados.

La fiesta que esconde la borrachera capitalista
Nuestros comentaristas nacionales están encantados con este delicioso momento de «escándalo» e intriga política con el telón de fondo de las aventuras palaciegas, el tema de Boris Johnson produce varios efectos ópticos muy oportunos. En primer lugar, el affaire Partygate es aparentemente más grave que los años de austeridad que han diezmado sectores enteros de la sociedad británica hasta el punto de que la «muerte por desesperación» se ha vuelto moneda corriente, la esperanza de vida ya no aumenta y está cayendo en algunas regiones, y la pobreza laboral y la desigualdad están alcanzando proporciones sin precedentes. El «partygate» merece una atención más indignada que el desvergonzado clientelismo que supone el reparto de enormes contratos en nombre de la estrategia anti-Covid… Y ahora, este ambiente de dramatismo judicial casi haría olvidar el problema principal e inmediato: ¿cómo mantener la misma política de embrutecimiento social extremo como «normal», al servicio de una clase dominante que, como en Francia, sacó masivamente provecho de los dos años de crisis sanitaria?

Para los conservadores que están en el poder desde hace doce años, la cuestión no es, pues, la de saber cuántas veces su señoría Alexander Boris de Pfeffel Johnson se burló abiertamente de todos durante los dos últimos meses, tanto durante los dos últimos años como durante las dos últimas décadas; cómo el hecho de continuar la misma política se plantea con especial urgencia ahora que, frente al gobierno, se levanta una verdadera oposición de clase con un resurgimiento de las luchas sindicales que no sólo son de una magnitud excepcional, sino que también cuentan con el apoyo de una mayoría de la opinión pública.

Una situación insoportable
Durante el mes de junio confluyeron una serie de iniciativas sindicales, puntuadas (el día 18) por una manifestación nacional organizada por el Trade Union Congress (TUC). Las principales reivindicaciones se referían, entre otras cosas, al aumento de los salarios, el fin de los contratos de cero horas y de las prácticas patronales de «despido y recontratación» (despidos seguidos de recontratación en peores condiciones), un impuesto sobre los beneficios de las empresas del sector energético, el aumento de los mínimos sociales (agrupados en un sistema de «crédito universal»), la lucha contra el racismo en los lugares de trabajo y el refuerzo de los derechos de las organizaciones sindicales.

Aunque ninguna de estas prioridades es nueva, todas adquieren una urgencia sin precedentes al final de estos dos últimos años: Para muchas empresas, el estado de emergencia que indujo la crisis sanitaria permitió una intensificación general de la ofensiva contra el empleo, los salarios y los derechos salariales y sindicales que aún existían, al mismo tiempo que abría una rápida vía a las ayudas estatales, que funcionaban como subvenciones directas y masivas a los empresarios (ayudas directas o «contratos Covid» de cientos de millones a empresas cercanas a los tories, o a empresas creadas de forma oportunista apenas dos meses antes). En otras palabras, en el Reino Unido, la coyuntura del Covid ilustra típicamente la lógica del «capitalismo del desastre» tan bien descrita unos años antes por Naomi Klein.
Uno de los factores decisivos de la situación actual es la contracción de los salarios desde 2008 (una situación sin precedentes desde hace dos siglos, según algunos análisis 1), y el aumento de los precios al por menor alcanzó el 11,7% en julio. El costo de la energía, por su parte, se disparó, con una subida del 54% en abril, por encima del tope fijado por el regulador Ofgem (y se prevé una nueva subida para este otoño). Estos niveles de inflación no se veían desde 1982. Según la Oficina nacional de estadísticas, entre finales de junio y principios de julio, el 49% de las personas afirmaron haber tenido que recortar sus gastos en alimentación. 2

Una avalancha de movilizaciones
Bajo estas condiciones, las luchas laborales que ya se venían dando en una gran variedad de sectores en los últimos dos años tomaron nueva fuerza y visibilidad en el período previo al verano. Algunos ejemplos dan una idea de ello.
British Airways, por ejemplo, anunció en abril de 2020 que recortaba 12.000 puestos de trabajo (incluidos 6.000 despidos «voluntarios») y reducía los salarios de los 30.000 empleados restantes, sin esperar siquiera a que finalizara el programa de subvenciones salariales que permitía preservar el empleo. A finales de junio, el 95% del personal de facturación del aeropuerto de Heathrow, afiliado a GMB y Unite, votó a favor de la huelga si la compañía aérea no restablecía el 10% de los salarios perdidos durante la pandemia. Para evitar la anunciada huelga, British Airways aceptó finalmente hacer una propuesta que se consideraba «muy mejorada»

El Sindicato de Trabajadores de la Comunicación (CWU) llamó a los empleados de British Telecom (privatizada en 1984) y de sus filiales Openreach y EE a votar la huelga. El CWU respondía de esta manera a la propuesta de un aumento (no negociado) de 1.500 libras (1.770 euros) para 58.000 empleados de la empresa, es decir, entre un +3 y un +8% en un contexto de inflación superior al 11%. Este recorte salarial se produjo en un momento en el que British Telecom acababa de anunciar unos beneficios de más de 1.300 millones de libras esterlinas (para el ejercicio financiero que finalizaba el 31 de marzo) y durante el cual se habían distribuido 700 millones de libras esterlinas entre los accionistas de la empresa. El jefe de BT, Philip Jansen, se adjudicaron un aumento del 32% de sus ingresos, hasta alcanzar los 3,5 millones de libras (4,1 millones de euros).

El 30 de junio, en una votación en la que participó el 74,8% de los 30.000 miembros del CWU de la filial Openreach de BT, el voto a favor de la huelga obtuvo el 95,8%. Entre los 9.000 miembros del CWU en la propia BT, el voto fue una vez más del 91,5% con una participación del 58,2% de los afiliados. Los miembros del CWU en EE (un operador de telefonía móvil y proveedor de servicios de Internet) también votaron a favor de la huelga al 95%, pero el resultado fue invalidado ya que la participación fue solo del 49,7%, siendo que, según la última ley antisindical de 2016, se requiere una participación mínima del 50%. 3 Si las negociaciones no logran satisfacer las demandas de los empleados, la huelga será la primera en el grupo BT desde 1987.

En Royal Mail [correos], los 2.400 afiliados al sindicato Unite votaron en un 86% a favor de la huelga (y en un 89% en Irlanda del Norte). ¿Por qué? La empresa (privatizada entre 2013 y 2015) tiene previsto suprimir 700 puestos de trabajo (tras la destrucción de 1.200 empleos en 2021) e imponer recortes salariales de hasta 7.000 libras al año. La misma empresa que distribuyó 400 millones de libras a sus accionistas en 2021 y anunció unos beneficios de 311 millones de libras. Y Simon Thompson, el jefe de Royal Mail, no se olvidó de llevarse 753.000 libras de ese festín de oro. El 19 de mayo de 2022, el Royal Mail Group anunció un beneficio de 758 millones de libras para el ejercicio 2021-22 (casi 60 millones de libras más que el año anterior). Está prevista una huelga de brazos caídos del 15 al 19 de julio, seguida de una huelga del 20 al 22 de julio.

Huelguistas del sindicato RMT en la entrada de la estación de Cambridge.
Contra una propuesta de «aumento» salarial del 3% para 2022-23, los 115.000 empleados de Correos podían votar por la huelga del CWU del 28 de junio al 19 de julio. [el voto fu afirmativo, ndt]. Se espera que los 450.000 profesores miembros de la NUT [sindicato de docentes, ndt] y los 280.000 miembros de la NASUWT [Asociación Nacional de Directores /Sindicato de Profesoras] voten en otoño (después de muchas dilaciones) contra una propuesta idéntica en un momento en el que la profesión sufre una caída salarial del 20% desde 2010 y en el que dos de cada tres profesores se plantean abandonar la profesión. 4 La situación sigue siendo, en líneas generales, la misma según el sindicato de funcionarios (PCS, http://www.pcs .org .uk), que también se enfrenta a la caída de salarios acelerada en relación con la inflación, con una irrisoria tasa de «recuperación» del 2%, y a las 91.000 supresiones de puestos de trabajo anunciadas por Johnson en mayo. El PCS anuncia una votación sobre la huelga en septiembre.

Pero, seguramente, habría que empezar este dato: un estudio reciente, encargado por Unite, reveló que los márgenes de beneficio de las principales empresas británicas que cotizan en el índice FTSE («footsie») 350 de la Bolsa de Londres alcanzaron un nivel superior en un 73% al que tenían antes de la crisis sanitaria. 5 ¿Es realmente necesario buscar otros datos?

La movilización en el transporte
En este contexto, el pequeño Sindicato de Trabajadores Ferroviarios y Marítimos, RMT, y su secretario nacional, Mick Lynch, han conseguido desempeñar un papel clave en el fortalecimiento de gran parte del movimiento sindical. La situación en el sector es ciertamente comparable a los ejemplos anteriores: la excusa utilizada es el declive cíclico de la utilización de los trenes, por lo que Network Rail, la empresa gestora de las infraestructuras ferroviarias, tiene previsto suprimir 2.500 puestos de trabajo de mantenimiento para reducir los gastos en 100 millones de libras. El Gobierno se propone ahorrar 2.000 millones de libras en el sector ferroviario, con la probable pérdida de 10.000 puestos de trabajo. 6 Pero mientras los trabajadores del ferrocarril se enfrentan a la congelación de sus salarios y a la pérdida de puestos de trabajo, las compañías ferroviarias obtienen más de 500 millones de libras al año en beneficios y los 73 principales ejecutivos de Network Rail se reparten un total de 15 millones de libras al año. 7 Con una participación del 71%, los miembros de RMT votaron en un 89% a favor de la huelga.

La acción del RMT fue ampliamente difundida por varias razones: simplemente porque el RMT ya estaba en huelga los días 21, 23 y 25 de junio, cuando las demás organizaciones estaban aún en fase de consulta; porque el impacto de las huelgas ferroviarias (que afectan a la actividad de trece operadores) es más visible y se siente de forma inmediata; pero quizás lo más importante, gracias a las intervenciones del líder del RMT, Mick Lynch, frente a un gran número de medios de comunicación abiertamente hostiles. Para muchos observadores, fue la eficacia, la tranquila franqueza de las palabras de Lynch, su postura inequívoca y claramente clasista, lo que contribuyó, en el espacio de unos pocos días, a cambiar la percepción de la huelga, que pronto fue juzgada como «justificada» por el 58% de la opinión pública, que inicialmente era desfavorable. 8

Los obstáculos por superar
Siguen existiendo enormes obstáculos contra la acción de los trabajadores organizados y contra todas las formas de solidaridad que son indispensables para ello. En primer lugar, está el despiadado mecanismo de control legislativo de los sindicatos, que está en vigor desde los años 80 y que fue reforzado hasta 2016. Como se desprende de lo anterior, el más mínimo proyecto de huelga debe pasar, entre otras cosas, por largos procedimientos de votación por correo que, para ser válidos, deben obtener ahora la participación de más del 50% de los miembros de las organizaciones.
Pero, sobre todo, desde la ley de 2016, en muchos sectores (entre ellos la salud, la educación y el transporte), la huelga debe ser apoyada por al menos el 40% del total de los afiliados de las organizaciones afectadas. Si se aplicaran las mismas disposiciones a los diputados elegidos, ¿cuántos conseguirían ocupar sus escaños? Volvamos a pensar en el gruñido ordinario de los comentaristas políticos alineados con esta vieja norma legislativa, habituados a sus reuniones en sus despachos londinenses, y fundamentalmente convencidos del «caos» que augura cualquier expresión de un mundo del trabajo que no se limite a la mendicidad. También están los límites que plantea gran parte de la propia tradición sindical británica y su lealtad reformista. Por último, hay otro obstáculo bastante considerable, a saber, el propio Partido Laborista, ahora en manos de una dirección cuyo fanatismo reaccionario inspira un sentido de lo trágico.

Veamos si no esto: como si no le bastara con purgar todo lo que se parezca a la izquierda en el laborismo, Keir Starmer, el líder de la oposición laborista en el parlamento, empezó por tratar de prohibir a los miembros de su «gobierno» que figuraran con los huelguistas en los piquetes; no encontró la manera de hacer ninguna referencia a las luchas actuales en su discurso del 11 de julio en el que esbozaba su visión de un «nuevo comienzo» para el país. Por otra parte, el secretario de Asuntos Exteriores del gobierno en la sombra de Starmer declaró enérgicamente que se negaba «categóricamente» a apoyar la demanda de los trabajadores de British Airways. Por otra parte, en marzo, los concejales laboristas de la ciudad de Coventry utilizaron a los trabajadores temporales para tratar de romper una huelga de setenta recolectores de basura de la ciudad que luchaban por mejoras salariales. Starmer podría acabar tan descalificado como Johnson. Para él, un éxito, aparentemente.

Está claro que los movimientos de huelga actuales y futuros sólo pueden confiar en su propia fuerza. En un contexto de crisis social y política tan profunda, esperemos que sigan siendo -más allá de las mejoras inmediatas e imprescindibles- la primera condición para el nacimiento de nuevas perspectivas aún por concretarse y dignas de esperanza.
PD: Mientras escribimos estas últimas líneas, nos enteramos de que Asef, el sindicato de maquinistas de trenes, acaba de votar masivamente a favor de la huelga.