La CGT da por cerrado el diálogo con el Gobierno y se endurece en la calle
30/12/2023 Perfil – Nota – Política – Pag. 12
El decreto de necesidad y urgencia y la Ley Ómnibus dinamitaron las conversaciones entre el sindicalismo y la Casa Rosada. Los gremialistas aseguran que no darán marcha atrás, salvo que el Gobierno baje la norma que va contra los trabajadores, algo que desde Balcarce 50 descartan. En los despachos del oficialismo aseguran que los canales de diálogo están abiertos pero el vocero presidencial, Manuel Adorni, los criticó por defender «otros intereses».
La CGT termina el año recargada contra Javier Milei, con un paro nacional para el 24 de enero que no piensa bajar, a menos que el Gobierno dé marcha atrás con el DNU y la Ley Ómnibus, y sin ningún tipo de contacto con la Casa Rosada. Guillermo Francos, el ministro del Interior, hoy es el principal apuntado por la central obrera y, pese al cuadro de situación, el oficialismo confía en abrir un canal de diálogo para que la huelga pase a mejor vida.
Todos los sectores de la central obrera, desde el ala más dialoguista integrada por los denominados «gordos» e «independientes» hasta los más combativos, con el liderazgo de Pablo Moyano, mastican bronca al por mayor y no pueden entender cómo la administración libertaria fogoneó un conflicto a escala y rompió puentes de conversación en tan solo semanas, con dos iniciativas que ni siquiera discutió con el arco sindical. De hecho, como supo PERFIL, en las charlas entre miembros de la CGT y funcionarios nunca se mencionó la letra chica del decreto ni el proyecto Ómnibus que debatirá el Congreso.
Desde la calle Azopardo, con el DNU en la mano, decidieron avanzar por la vía judicial, con un amparo, y una movilización a Tribunales, el miércoles pasado, que superó expectativas (con fuerte presencia de las bases) y que sirvió para que madurara la idea de confirmar un paro y empezar a marcarle la cancha a un gobierno que sienten que «los traicionó», como reconoce un integrante del consejo directivo.
Y ahora prometen una movilización más que contundente para el 24 de enero, con el respaldo de las dos CTA (la de Hugo Godoy y la de Hugo Yasky) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, un conglomerado de organizaciones en donde pisa fuerte el Movimiento Evita de Emilio Pérsico y que cuenta con buena sintonía con la central, incluso participó del cónclave en donde se definieron los pasos a seguir, que se realizó el jueves pasado.
Además, la organización participará de los plenarios regionales citados para el día 10 de enero, en los cuales se afinarán detalles de la medida de fuerza.
«Creemos indispensable la acción en unidad y sincronía de todos los sectores del movimiento obrero argentino para frenar el DNU y la Ley Ómnibus, iniciativas que promueven el desguace de los derechos laborales, el patrimonio común argentino y la degradación de nuestra república», indicaron en la UTEP sobre su participación activa acerca de la acción que tendrá una marcha al Congreso de la Nación.
El paro solo se puede suspender por un motivo: si el Gobierno deja sin efecto el decreto de necesidad y urgencia, que implica cambios profundos en la legislación laboral, y la Ley Ómnibus. Un escenario que desde el oficialismo ni siquiera consideran. Es más: cerca de Javier Milei y en off se encargan de exhibir confianza y dicen que los puentes de contacto están totalmente abiertos. Hasta imaginan que con charlas la CGT pueda rever su postura hacia el 24 de enero. La estrategia contrasta con lo que dijo el vocero presidencial, Juan Manuel Adorni, que en su última conferencia cruzó al sindicalismo y se preguntó por la falta de medidas de fuerza en la gestión de Alberto Fernández. Incluso, llegó a insinuar que la central sale a las calles «por otros intereses».
Consultado por la chance de reabrir charlas y acercar posiciones para que el paro no se materialice, cerca de uno de los máximos dirigentes gremiales sueltan que «el paro se va a hacer» y no hay alternativa.
«Siempre que se avanza con un paro es para lograr un objetivo, en este caso es para que tiren abajo el DNU y el proyecto Ómnibus. Si eso pasa, nos sentaremos a repensar el plan de lucha pero por el momento ni se habló de esa posibilidasd», sostuvo, a título personal y ante este medio, Juan Pablo Brey, referente del Sindicato de Aeronavegantes y de la Confederación Argentina del Transporte, una organización en donde pisan fuerte los Moyano.
Por otro lado, las críticas contra la gestión libertaria también apuntan contra el ministro del Interior, Francos, quien llevó adelante los primeros contactos con la dirigencia sindical y en estos momentos tiene acciones a la baja a la hora de hablar con el principal colectivo gremial.
Lo que le cuestionan, principalmente, es que «no cumplió nada de lo que se había conversado, de las cosas que se habían acordado», por lo cual el funcionario quedó «muy expuesto» en la consideración gremial, como apuntan desde Azopardo.
Suspenden 4.588 planes Potenciar Trabajo j.p.k.
El Gobierno sigue en su cruzada contra los planes sociales.
Desde el Ministerio de Capital Humano confirmaron la suspensión del pago a 4.588 titulares del programa Potenciar Trabajo, que supo controlar el Movimiento Evita.
Según precisaron fuentes oficiales, la decisión se basó gracias a la investigación llevada a cabo por el fiscal Marijuan, que arroja que, luego del entrecruzamiento de la base de datos de los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y de la nómina de los empleados públicos de 14 provincias, 4.588 personas presentarían incompatibilidades para acceder a dicho plan.
Las provincias investigadas son Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.
