Aerolíneas: el misterio de los u$s 348 millones
Argentina definirá en las próximas horas cómo pagará los aproximadamente 348 millones de dólares totales, por haber perdido el juicio por la reestatización de Aerolíneas Argentinas en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Lo que no sabe el Gobierno es a quién le pagará semejante cantidad de dinero. Sucede que el último dueño visible del caso, el fondo Burford Capital, había vendido la causa el 15 de marzo de 2018 a algunos de sus clientes y socios (todos anónimos), que finalmente serán los que cobren el dinero. Burford, a su vez, le había adquirido la causa al grupo español Marsans en unos 17 millones en 2015, con lo que obtuvo una ganancia de casi 740%. Al menos Burford es una entidad privada con nombre y apellido ubicable. Los que cobrarán en las próximas semanas podrían ser cualquier persona o empresa que apostó a que el CIADI mantendría su fallo contra el país. Incluso podría tratarse de funcionarios o exfuncionarios, cuya identidad pública dependerá de la pasión que el Gobierno de Mauricio Macri ponga para que su identidad se conozca.
Lo que sí se sabe es que el o los beneficiarios del caso habrán obtenido una ganancia de casi 2.270% en 14 meses. Habría que bucear en actividades tales como el tráfico de armas o estupefacientes para encontrar negocios tan rentables como hacerle juicio al país, por la torpeza con la que la Argentina maneja sus actividades financieras y económicas y las defiende en los tribunales internacionales.
Según la interpretación del especialista de FinGuru, Sebastian Maril, el fallo conocido el miércoles muestra que “Argentina continúa pagando caro la incorrecta interpretación de las leyes internacionales y el incumplimiento de contratos firmados con empresas que apostaron por invertir en el país mediante concesiones de servicios públicos y similares”. Según Maril, “los contribuyentes ya han abonado u$s17.000 millones en fallos adversos y en compensación por la expropiación de empresas. Y aún falta”.
La historia del caso Aerolíneas Argentinas es ejemplar sobre lo mal que se puede llevar adelante un caso de nacionalización de una empresa, más allá de la convicción ideológica que se tenga de llevar adelante una cruzada de este tipo. El 15 de marzo de 2018, a tres días de haber ganado el juicio ante el CIADI, Burford Capital anunció a la Bolsa de Comercio de Londres (donde cotiza) que vendía el juicio a “inversores privados” en unos 107 millones de dólares, y que se concentraría en otra megacausa contra el país: la de YPF por la renacionalización de 2012. Burford explicaba en la comunicación que habiendo ganado suficiente dinero, y ante la necesidad de derivar capitales a esa otra causa que sería más rentable, elegía desprenderse del caso Aerolíneas al no tener la certeza sobre los tiempos en que el tribunal del Banco Mundial resolvería la negativa de Argentina de reconocer la derrota. Esto finalmente ocurrió el miércoles, con lo que Burford perdió dinero al no especular con una solución rápida. Si fue un meganegocio para los que le compraron el juicio y confiaron (quizá teniendo información privilegiada) en que el CIADI no tardaría tanto en dejar firme el caso.
Burford había sido quien inició la causa ante el tribunal del Banco Mundial en 2009, y había obtenido en julio de 2017 un fallo favorable por unos u$s140 millones originales. El litigante le había adquirido en u$s13 millones los derechos de litigar contra Argentina por este caso al grupo Marsans, a través de la sociedad Teinver. Marsans no podía concentrarse en avanzar en el litigio por un detalle particular: Gerardo Díaz Ferrán, dueño del grupo, había sido condenado en septiembre de 2015 a cinco años y medio de prisión y al pago de una multa de 1,2 millón de euros por el vaciamiento de su compañía y lavado de activos. La estrategia de Burford fue separar los problemas legales de Marsans en España y concentrar la causa en una acción de una nacionalización de un país a una empresa de capitales extranjeros, sin negociar y liquidar una retribución por ese capital expropiado. La estrategia fue exitosa y Burford logró fallo positivo en 2017. Argentina apeló y el tribunal del Banco Mundial definió el miércoles que la sentencia quedaba firme.
Con el fallo de 2018, Burford había obtenido un récord mundial: una ganancia de casi 980% por haber invertido unos 13 millones de dólares en adquirir el juicio de Marsans. Lograba así superar en porcentaje y tiempo de espera la ganancia que había obtenido Paul Singer y su fondo Elliott contra la Argentina, luego de haber vencido en el “juicio del siglo” en los tribunales de Thomas Griesa. Si bien Singer cobró u$s2.426 millones en abril del año pasado con una ganancia global de 1.180%, lo hizo luego de litigar casi ocho años. Singer, además, tuvo que enfrentar él mismo las altísimas costas de sus abogados, algo que Burford tiene dentro de sus propios honorarios.
La reestatización de Aerolíneas Argentinas fue reglamentada por el Gobierno de Cristina de Kirchner el 17 de diciembre de 2008, luego que la Cámara de Diputados convirtiera en ley el pedido de la jefa de Estado de avanzar en esta operación bajo la figura de tratarse de empresas “de interés público nacional”. Abarcaba Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas, Jet Pack, Optar y Aerohanding. El 9 de enero de 2009 la presidenta Cristina de Kirchner habilitó al Ministerio de Planificación Federal que conducía Julio De Vido a que inicie la toma de la compañía; en ese entonces en manos del grupo Marsans. El 5 de febrero de ese año el Gobierno de entonces nombró a Julio Alak como presidente del directorio, dando forma a la renacionalización.
En paralelo, el Grupo Marsans, que había iniciado desde 2008 una notable desinversión en Aerolíneas que la dejaba al borde de la inactividad comenzaba a mostrar en diciembre de 2009 evidentes problemas de continuidad en España. El 22 de diciembre se le retiraba el permiso para operar a Air Comet, la compañía bajo la cual operaba Aerolíneas, y el 20 de abril de 2010 la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) les retiró la licencia para vender billetes de avión por impagos. El Grupo Marsans presentó en junio de 2010 su solicitud de concurso de acreedores voluntario para todas sus sociedades; y el 25 de junio la Justicia española le habilitó el proceso de quebranto. El 2 de julio la Justicia española comenzó un proceso contra el presidente del grupo, Gerardo Díaz Ferrán, por vaciamiento y lavado de activos, en una investigación que incluía la liquidación de los últimos ejercicios de Aerolíneas Argentinas. La causa comenzó a progresar, y el 3 de diciembre de 2012 Díaz Ferrán fue detenido y apresado, acusado de blanqueo de dinero, declarándose culpable el 2 de julio de 2015 por la causa Marsans. El fallo incluyó cinco años de prisión efectiva, que se cumplirían en 2020. Al estar procesado, no podía comenzar la causa por la manera en que se reestatizó Aerolíneas por parte del Gobierno de Cristina de Kirchner, operación por la que no se le pagó un solo dólar. La situación fue detectada por los abogados de Burford, quienes contactaron a Díaz Ferrán ya en prisión y le compraron los derechos para avanzar con el juicio ante el Ciadi.
