El Gobierno asegura que todavía tiene herramientas legales tras el fallo adverso por la estatización de Aerolíneas Argentinas
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Pese a una reciente resolución desfavorable, en el Ejecutivo afirmaron que hay instancias judiciales pendientes
Por Ludmila Di Grande“Vamos a seguir dando pelea”, aseguraron en el Gobierno, luego de que la Corte de Apelaciones de EEUU para el Circuito del Distrito de Columbia rechazara un recurso presentado por el Estado argentino contra el fondo Titan Consortium en el litigio por la estatización de Aerolíneas Argentinas en 2008.
Sucede que el país busca que la Justicia estadounidense revierta el fallo que lo obliga a pagar USD 390 millones como consecuencia de la nacionalización de la aerolínea de bandera, que en ese entonces estaba en manos de empresas del grupo español Marsans.
Es importante recordar que, en 2017, un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) dictó un laudo en el que condenó a la Argentina a pagar aproximadamente USD 321 millones, más intereses y costas. Tras el pedido de anulación, finalmente la resolución quedó firme en 2019.
Tiempo después, en 2021, Titan Consortium LLC, firma que adquirió los derechos de litigio, pidió su reconocimiento y ejecución en Columbia.
En 2024, ese tribunal rechazó el argumento de Argentina de que correspondía aplicar un plazo de prescripción de tres años y concluyó que el término vigente era de doce. Además, reconoció el laudo CIADI por un monto de USD 390,9 millones al 10 de diciembre de ese año, más los intereses devengados desde entonces.
En 2025, el Estado argentino apeló ese fallo. Sin embargo, este martes la Corte de Apelaciones confirmó la resolución de primera instancia y ratificó dicho plazo de prescripción aplicable.
“Desde la Procuración del Tesoro nos encontramos analizando todas las herramientas legales disponibles para revertir o, al menos, mitigar el impacto de esa sentencia”, comunicaron fuentes oficiales.
En ese marco, en el Gobierno dijeron: “No nos quiten las espadas antes de que terminemos de pelear”, en alusión a que todavía quedan instancias judiciales para intentar evitar el pago.
El equipo jurídico argentino, que está evaluando los pasos a seguir, tiene la posibilidad de solicitar un rehearing en banc, es decir, pedir una nueva revisión de la decisión tomada por el tribunal. Esa fue, por ejemplo, la medida excepcional que eligió Burford Capital en el juicio por la estatización de YPF, que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York desestimó posteriormente. Si ese fuera el caso, se puede recurrir a la Corte Suprema de EEUU.
Según había contado Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, previo a la expropiación, “Marsans vació la empresa, utilizó los aviones y los pasó a Iberia.Iberia le daba a Aerolíneas Argentinas los aviones más antiguos y más usados. Es decir, estaba mal manejada”.
También, el grupo español, cuyos directivos enfrentaron condenas en su país, vendió activos valiosos de la aerolínea, como oficinas en ciudades clave (Roma, París, Nueva York, Miami, Madrid, Bogotá, Lima y Caracas), simuladores de vuelo esenciales para la capacitación del personal y rutas internacionales estratégicas hacia Europa. Estas acciones redujeron la capacidad operativa y la competitividad de la línea aérea.
Marsans dejó de gestionar Aerolíneas Argentinas y Austral, acumulando una deuda cercana a USD 890 millones, tras haber adquirido ambas compañías en 2001 por un precio simbólico de un dólar a un organismo estatal español.
Los resultados operativos de Aerolíneas
Aerolíneas Argentinas cerró 2025 con un superávit operativo de USD 112,7 millones, casi el doble del resultado obtenido el año anterior, cuando había alcanzado los USD 56,6 millones. De este modo, la empresa estatal encadenó su segundo saldo positivo consecutivo tras 16 años de déficit.
Con una facturación que superó los USD 2.200 millones, en la línea aérea destacan que es la primera vez, desde su reestatización en 2008, que no se requirieron transferencias del Tesoro.
Cabe recordar que entre 2008 y 2023, la firma registró un rojo operativo promedio de USD 400 millones anuales a nivel EBIT y demandó al Estado más de 8.000 millones de dólares.
En suma, el año pasado disminuyó su deuda bancaria y financiera en un 41% -de 341,9 a 207,4 millones de dólares entre diciembre de 2023 e igual mes de 2025- “como parte de una política sostenida de saneamiento de sus cuentas”.
En ese marco, en el Gobierno dijeron: “No nos quiten las espadas antes de que terminemos de pelear”, en alusión a que todavía quedan instancias judiciales para intentar evitar el pago.
El equipo jurídico argentino, que está evaluando los pasos a seguir, tiene la posibilidad de solicitar un rehearing en banc, es decir, pedir una nueva revisión de la decisión tomada por el tribunal. Esa fue, por ejemplo, la medida excepcional que eligió Burford Capital en el juicio por la estatización de YPF, que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York desestimó posteriormente. Si ese fuera el caso, se puede recurrir a la Corte Suprema de EEUU.
