“El objetivo es vender todas las empresas y cerrar las que no tienen sentido”.
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El funcionario avanza en la privatización de las empresas que estaban en manos del Estado. Los desafíos legales, administrativos y la estrategia para que las ventas sean irreversibles y sostenibles, incluyendo a Transener, AySA, Enarsa y los trenes.
Por Lola Loustalot
El retiro del Estado de la actividad productiva ya no es una consigna electoral. Es un plan en ejecución. Con más de 40 empresas públicas en proceso de privatización o cierre, el Gobierno avanza en lo que sus propios funcionarios describen como una transformación irreversible del rol estatal en la economía. De hecho, la orden de retirada total se cocina en pleno centro porteño, dentro de los despachos del ex edificio Shell, en Diagonal Norte, donde buscan terminar con lo que consideran una “fuente inagotable de ineficiencia y gasto discrecional”.
Así lo explicó Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, en una entrevista exclusiva con Infobae. Durante la charla, el funcionario detalló el alcance de una estrategia que ya no distingue entre gigantes deficitarios y empresas con balances en verde, ya que la orden presidencial es vender todo. “El Presidente marcó que el Estado se tiene que retirar de todas las empresas. El objetivo es vender todo. Todas. Después el tema es el cuándo y el cómo”, afirmó, al mismo tiempo que precisó que la estrategia abarca tanto a grandes compañías como AySA, Enarsa, Aerolíneas Argentinas, Intercargo y el sector ferroviario, como también a numerosas firmas más pequeñas y menos visibles.
Para Chaher, el desorden administrativo que encontró al asumir no es un hecho aislado, sino una consecuencia inevitable de la histórica falta de control estatal. El funcionario sostuvo que cualquier intento de saneamiento bajo la órbita pública es, por definición, pasajero: “Por más que hagamos los deberes para que las empresas estén en régimen, eso se desvirtúa en treinta segundos si perdés la disciplina de mercado”, advirtió. En su visión, el equilibrio fiscal no es una meta técnica, sino una convicción absoluta: “Tenemos el déficit cero prácticamente tatuado en el lomo”, graficó para definir un rumbo que considera innegociable.
En esta línea, la crítica al modelo tradicional fue frontal. Chaher aseguró que el significado de empresa estatal se desvirtuó en la Argentina el último tiempo: “Tenemos internalizado que ‘público’ quiere decir quién la solventa. Somos los 47 millones de argentinos los que estamos pagando los déficits”, sentenció. Bajo esta lógica, subrayó que el concepto de empresa pública en el país acarrea una connotación negativa ligada a los subsidios permanentes y la falta de resultados.
Es por esta razón que la agenda oficial también se enfoca en el cierre de estructuras que se consideran innecesarias o, directamente, “fantasmas”. “Las que no tienen sentido hay que cerrarlas”, sostuvo y citó el caso de DCAR, una firma ferroviaria con más de 2.000 empleados que fue disuelta sin afectar la operatividad del sistema. Para el titular de la Agencia, hoy existe un “enjambre de vehículos societarios” que funcionan bajo el rótulo de empresas públicas pero carecen de una función real.
Finalmente, al analizar las privatizaciones de los años 90, Chaher realizó una suerte de “autopsia” sobre las empresas cuyos procesos finalizaron nuevamente en manos del Estado. “Muchas veces no falló el modelo, sino que la política se metió e hizo daño; no permitieron ajustar tarifas o rompieron los marcos por cuestiones electorales”, señaló. Por eso, explicó que la prioridad actual es el blindaje legal: “Estamos madurando las condiciones previas para que, si alguien quiere venir a reestatizar AySA, por ejemplo, le salga carísimo al país y tenga que enfrentar penalidades internacionales”.
Aerolíneas, AySA, Transener y el futuro de las “vacas sagradas”
Respecto al caso de Aerolíneas Argentinas, cuya autorización para su posterior privatización rebotó ya dos veces en el Congreso, el funcionario comentó: “El diseño de la empresa está mal. Tiene tres flotas distintas, triplica dotación. Está mal el diseño. Está todo integrado en una sola empresa que ocupa el 70% del sector”, ejemplificó y sentenció: “No queremos quedarnos con ninguna. Se venden todas”, reiteró Chaher.
En el caso de AySA, por ejemplo, el plan prevé vender el 90% del paquete accionario, mientras que el 10% quedará en manos de los empleados, a través de un programa de propiedad participada. Según Chaher, el proceso requiere “limpiar” la empresa antes de sacarla al mercado. “Estamos vendiendo una empresa en marcha, pero tiene que estar todo al día. Vehículo al día, libre de deuda, patente”, graficó con ironía.
El funcionario detalló los mecanismos de licitación y la búsqueda de inversores calificados. “No queremos golondrinas. Buscamos inversiones genuinas que sepan de lo que estamos poniendo a disposición para que sean procesos irreversibles”. El objetivo, insistió, es “blindar” los contratos para impedir que cambios políticos puedan revertir las privatizaciones. “Tratamos de que sea lo más irreversible posible”, explicó.
Esa búsqueda de validación tuvo un hito este martes con Transener. El Gobierno recibió tres ofertas por un total de USD 887 millones para quedarse con el 50% de Citelec (controlante de la transportadora eléctrica). El consorcio conformado por Genneia S.A. y Edison Transmisión S.A. presentó la oferta ganadora, con USD 356 millones y se convertirá -sujeto a confirmación oficial- en el nuevo co-controlante de Citelec junto a la firma dirigida por Marcelo Mindlin.
“Hoy dicen que vamos lento, pero en su momento otros gobiernos trataron de privatizar Transener y terminaron reestatizando parte de la empresa”, disparó. Para el funcionario, el caso de la red eléctrica demuestra la dificultad de los procesos y justifica la necesidad de “madurar” las condiciones previas. “No es una crítica, es la realidad: nuestra consigna es llegar a la entrega al privado con un esquema que sea irreversible y sostenible en el tiempo”, explicó.
Según adelantó, la hoja de ruta para el resto de 2026 incluye nuevas unidades de Enarsa (hidroeléctricas y térmicas) y el sector ferroviario, donde el Gobierno planea reinvertir lo obtenido por la venta de material rodante en infraestructura. Para Chaher, el sistema actual es un “monumento a la obsolescencia. Muchas empresas están diseñadas con una lógica de los años ’70. Tenemos distintas trochas en los trenes de carga por un contexto de hipótesis de guerra que ya no existe y eso solo encarece la logística”.
Incluso en sectores estratégicos como el atómico, el diagnóstico es tajante. Al referirse a Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la calificó como una estructura sobredimensionada: “Tiene 3.000 empleados para algo que debería funcionar con 600. Es una vaca sagrada que se mantuvo por inercia y que hoy es inviable bajo el control exclusivo del Estado”, señaló.
Tasaciones, el “boom” de inversores locales y el cambio de régimen jurídico
En el mercado y en los sectores técnicos, el debate sobre los precios base de las operaciones —especialmente en casos como Transener o Intercargo— genera ruido. Las voces críticas apuntan a valores que consideran llamativamente bajos. Ante este escenario, Chaher se planta: “No estamos regalando nada. Todo tiene valor”, retrucó e insistió: “Algunos decían que el precio de Transener era demasiado bajo, otros que era muy alto. Lo cierto es que la oferta final fue superadora”. La operadora de la red eléctrica del país salió a la venta con un precio base de USD 206 millones; la oferta ganadora, en tanto, superó ese monto por USD 150 millones.
En este sentido, el funcionario explicó que los montos no son arbitrarios, sino que surgen de un mecanismo técnico cruzado entre el Tribunal de Tasación de la Nación y el BICE, aunque reconoció que la realidad macroeconómica juega su partido. “Somos conscientes de que hay un valor intrínseco por el hecho de estar en la Argentina y con una situación particular, pero no vamos a regalar los activos”, aclaró. Ante la consulta sobre si las tasaciones descuentan el ‘riesgo local’, Chaher fue pragmático: “El objetivo no es una liquidación por desesperación, sino encontrar al inversor adecuado que entienda el ciclo argentino. Buscamos al inversor correcto, aquel que sepa que el modelo de negocio es bancable más allá de la coyuntura’, insistió.
Más allá de la discusión por los montos, la reacción del mercado arrojó una novedad que el Gobierno utiliza como bandera: el apetito del empresariado nacional. “Es una novedad que los argentinos estén invirtiendo en Argentina. Antes no pasaba. El 70% de las operaciones de compra de empresas en 2025 fueron protagonizadas por capitales locales”, destacó Chaher. El funcionario resaltó que, a diferencia de las privatizaciones de los años ’90 —realizadas mayoritariamente con firmas extranjeras—, hoy el proceso se apoya en el capital local, que corre con la ventaja de saber convivir con la volatilidad propia del país. En la visión oficial, este fenómeno funciona como el primer sello de confianza para tentar, más adelante, a los grandes fondos internacionales.
Este proceso de venta se apoya en un cambio de raíz: la transformación de 13 Sociedades del Estado en Sociedades Anónimas. “Parece un trámite, pero es un cambio cultural. Había empresas que debían 10 balances nunca tratados. Al pasar a SA se terminan los privilegios y la opacidad; ahora tienen que rendir cuentas igual que cualquier hijo de vecino”, explicó el funcionario sobre la transición que busca alinear a las compañías estatales con los estándares de gobernanza de la OCDE.
Desde el ex edificio Shell, el corazón operativo de las privatizaciones, la consigna que repite Chaher es una sola y no admite segundas lecturas: “No queremos quedarnos con nada, queremos vender todo y hacerlo bien”.
