Final abrupto para el contrato entre la SIDE y Scatturice

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11/09/2026 La Nación – Nota – Política – Pag. 13
Ignacio Grimaldi

Se había firmado dos semanas antes del episodio del vuelo investigado por la falta de controles en Aduana; el Poder Ejecutivo no realizó pagos por este convenio, indicaron.

El contrato de lobby en Estados Unidos entre la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la empresa Tactic, que entre sus autoridades tiene a Leonardo Scatturice, cercano al asesor Santiago Caputo, llegó a su final sin ningún pago declarado y con la palabra «confidencial» alrededor de los motivos que lo impulsaron.

Scatturice es un exagente de inteligencia que montó una agencia privada, C3 Consulting, que enfrentó una investigación judicial por presuntas tareas de espionaje ilegal contra políticos, empresarios, periodistas, jueces y fiscales.

El contrato con la SIDE se había firmado en febrero del año pasado por un monto de US$10.000 mensuales, según documentos presentados al Departamento de Justicia norteamericano.

En paralelo, otra firma del empresario, OCP Tech, se quedó con dos licitaciones en lo que va de 2026, mientras que en 2025 ganó 11, de acuerdo con el Boletín Oficial y el sitio de compras del Estado.

Scatturice es uno de los empresarios argentinos que forman parte de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), ámbito en el que se produjo el primer encuentro entre el presidente Javier Milei y el por entonces candidato Donald Trump, en febrero de 2024. En diciembre de ese mismo año, la CPAC llegó a la Argentina, con un evento al que asistió toda la plana mayor del Gobierno.

Menos de tres meses después, una de sus empresas obtuvo un contrato con la SIDE y Laura Arrieta, que también integra su grupo inversor, llegó a Buenos Aires en el vuelo que fue investigado por presunto contrabando por la falta de control de la Aduana a 10 bolsos trasladados.

Pablo Yadarola archivó esa causa el miércoles de la semana pasada, en su último día como juez penal económico, un día antes de jurar como camarista federal. Fuentes cercanas a las empresas de Scatturice negaron irregularidades en «el caso del avión» y le restaron importancia a la merma de licitaciones ganadas por parte de OCP Tech. «Esa percepción de que gana todos los contratos… cero», señalaron. Además, dijeron que todo lo relacionado con la SIDE y Tactic está declarado ante las autoridades reguladoras del lobby en Estados Unidos.

El contrato fue firmado el 12 de febrero de 2025, dos semanas antes del vuelo investigado. El 10 de febrero, el hermano de Laura Arrieta, Fernando Arrieta, ingresó a la Casa Rosada autorizado por el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem. Esa visita a la sede del Gobierno no encuentra correlato en el Registro Único de Audiencias, donde, además de indicar con quiénes se reúnen, los funcionarios informan el motivo de esos encuentros.

obtuvo su contrato con la SIDE. El segundo capítulo que encontró a integrantes de la empresa cerca del Gobierno lleva directo a septiembre del año pasado. Tal como contó LA NACION, Scatturice y Cedro se reunieron en Nueva York con el ministro de Economía, Luis Caputo, en la recepción del hotel The Langham, después del tuit del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, sobre posibles ayudas económicas al país durante la época electoral. «Eso no formó parte del contrato con la SIDE», señalaron las fuentes consultadas. Por su parte, Bennett también mantuvo encuentros con Santiago Caputo en Buenos Aires.

Ante la consulta de LA NACION, fuentes oficiales no emitieron comentarios sobre el asunto. La Foreign Agents Registration Act (FARA), que es donde cada empresa de lobby está obligada a declarar a quién representa en Estados Unidos, refleja que el pasado 1° de mayo terminó la relación contractual entre la SIDE y Tactic. Esto contrasta con la falta de respuesta del Gobierno a un pedido de acceso a la información pública presentado por LA NACION el 10 de abril, en el que se solicitó conocer detalles sobre pagos y servicios derivados de esa contratación.

«Tactic servirá como enlace entre la Presidencia de la Nación de la República Argentina y sus homólogos en Estados Unidos. Tactic coordinará reuniones entre funcionarios de los dos países y ofrecerá asesoramiento estratégico a la Secretaría de Inteligencia de Estado», reflejaban los puntos 8 y 9 del contrato firmado por el entonces titular de la SIDE, Sergio Neiffert.

El acuerdo estipulaba pagos mensuales de US$10.000. La empresa reportó al Departamento de Justicia estadounidense que no había recibido dinero de la SIDE. Un documento de marzo y otro de junio señalan que «el principal extranjero no realizó ningún pago». Fuentes al tanto de la práctica del lobby explicaron que el contrato nunca se ejecutó. Argumentaron que Tactic no intermedió para las reuniones entre la SIDE y autoridades estadounidenses en suelo norteamericano. Entonces, ¿para qué se firmó el acuerdo? «Confidencial», respondieron las fuentes consultadas. Tampoco se conoce a qué información del Estado tuvo acceso esta compañía.

«Pasa muchas veces que firmás determinados contratos y después no se ejecutan», agregaron. Una de las hipótesis que circularon en ámbitos judiciales es que los contratos entre las empresas del grupo liderado por Scatturice y el Gobierno no se agotan con Tactic y la SIDE. La firma tecnológica OCP Tech lleva años en las licitaciones del Estado. La administración libertaria se anotó en ese historial. Según la información disponible en el sitio Comprar y el Boletín Oficial, en 2024 acumuló 12 adjudicaciones con licitaciones abiertas ese año.

En 2025 totalizó otras 11 (hasta agosto eran siete), y en lo que va de 2026, dos. El Ministerio Público Fiscal es el organismo que encabeza la lista de quienes le adjudicaron contratos. Allí también se encuentran empresas públicas, como Trenes Argentinas y Educ.ar, y ARCA. Su titular, Andrés Vázquez, también forma parte del ecosistema de relaciones que une al Gobierno con Scatturice. La adjudicación de ARCA alcanzó los $851 millones, según el Boletín Oficial. Las de Trenes Argentinos sumaron US$7,7 millones y otros $6200 millones. Y el contrato de Educ.ar ascendió a US$78 millones. A su vez, el Ministerio de Economía se anotó con cuatro adjudicaciones, al igual que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Por detrás, con una licitación cada una, quedaron la Secretaría General de la Presidencia y la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano.

En los últimos días, el ecosistema de relaciones de Scatturice volvió a ser noticia, aunque alejado de asuntos del Gobierno. Según reconstruyeron diferentes fuentes, fue quien recomendó al abogado tributarista Horacio Díaz Sieiro para que asesorea Tini Stoessel en medio del conflicto con sus padres.

Imagen: archivo

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