Los buitres contra Aerolíneas
La medida, que no implica ejecución directa ni inmediata, habilita al litigante a identificar activos argentinos en Nueva York y Washington.
La jueza federal Jia Cobb, con asiento en los tribunales de Washington DC, autorizó formalmente al fondo especulativo Titan Consortium a iniciar los procedimientos tendientes al embargo de bienes de la Argentina en Estados Unidos. La decisión no implica una acción automática ni inmediata sobre activos específicos.
El objetivo del demandante buitre es, al igual que en el caso YPF, ejecutar un cobro de 390,9 millones de dólares, más los intereses, derivado de la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, concretada en el año 2008.
Titan Consortium solo podrá avanzar si presenta los pedidos formales exigidos por la ley estadounidense, la cual protege de eventuales embargos a los bienes soberanos argentinos. Para hacerse efectiva, la ejecución, entonces, contempla excepciones de inmunidad y restricciones severas a ese tipo de iniciativas.
La resolución judicial se produce luego de que la jueza constatara que en los últimos 21 meses el Estado argentino no realizó ninguna presentación efectiva ni intento de cumplimiento respecto de la orden judicial previa, que implicaba el pago de lo adeudado según el CIADI.
El caso ingresa en una fase operativa de búsqueda de activos en territorio estadounidense, con foco primario en las jurisdicciones de Nueva York y Washington D.C., donde está presentada la causa, aunque no se descartan nuevas jurisdicciones siguiendo los procesos judiciales establecidos.
De Marsans a los fondos buitre
Los casos de litigios contra YPF y Aerolíneas surgen luego de las estatizaciones de empresas privatizadas en la década de 1990 que retornaron al control estatal mediante leyes aprobadas por el Congreso durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, con la finalidad de recuperar soberanía energética y garantizar integridad e integración territorial. Ni en una ni en la otra demandan los dueños originales en esa etapa. En el caso Aerolíneas, los derechos de cobro del grupo Marsans fueron adquiridos por Titan Consortium.
Los anteriores accionistas acudieron al Ciadi -el tribunal arbitral del Banco Mundial- bajo el argumento de que la Argentina había incumplido el tratado bilateral de inversiones suscrito con España. Tras un tiempo prolongado, en diciembre de 2024 la justicia federal de Columbia falló a favor de los demandantes por una suma de 390,9 millones de dólares más intereses. Si bien una primera instancia intervino Burford Capital -el estudio de origen británico especializado en litigar contra Estados, que perdió en el juicio contra YPF- y luego terminó por ceder la posición demandante a Titan Consortium LLC. A partir de 2021, la firma impulsó la homologación de la sentencia del Ciadi en la Justicia federal estadounidense.
Qué sigue
Para que cualquier fondo buitre pueda ejecutar el embargo concreto, debe demostrar ante la Corte que el bien en cuestión posee un destino estrictamente comercial en territorio estadounidense. De esta manera quedan excluidos de cualquier ejecución los bienes diplomáticos, las cuentas corrientes de embajadas, los insumos militares y las reservas del Banco Central depositadas en custodia.
Sin embargo, la estrategia de manual que llevan a cabo los litigantes que compran este tipo de juicio apunta a solicitar medidas sobre bienes u operaciones pertenecientes a empresas con participación estatal mayoritaria, intentando argumentar que funcionan como dependencias o apéndices corporativos del Estado nacional, una postura que suele abrir complejas batallas de interpretación jurídica en los tribunales neoyorquinos. Mismo modus operandi que con YPF, donde la estrategia -lobby mediante- no les funcionó como esperaban.
Resta conocer la respuesta del Estado argentino. Una alternativa será solicitar al mismo tribunal que revise su decisión, otra pedir la ampliación del tribunal o llevar directamente el planteo a la Corte Suprema de Estados Unidos. Durante el transcurso del proceso arbitral, los dueños originarios del grupo Marsans transfirieron sus derechos a cobrar eventuales resarcimientos a sociedades dedicadas al financiamiento de pleitos internacionales. En la defensa argentina buscó frenar la causa sosteniendo que la acción legal había prescripto, la Cámara de Apelaciones confirmó el fallo en julio de 2026.
Resta conocer la respuesta del Estado argentino.
