Aerolíneas y los sindicatos intentan un acuerdo para solucionar el conflicto

Negociación. Si los gremios no ceden, la empresa apelaría al Procedimiento Preventivo de Crisis.
Autoridades de Aerolíneas Argentinas se volverán a reunir hoy con los tres sindicatos que aún no firmaron la nueva paritaria para discutir si ceden algunos puntos de los convenios para hacer más productiva a la compañía. De lo contrario, la compañía de bandera presentaría el Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresa (PPCE).

El encuentro está previsto para las 16 en las oficinas de la empresa en el Aeroparque Metropolitano y, según representantes de los gremios, van a discutir salarios y distintas propuestas de convenio. Sin embargo, fuentes de la empresa hicieron más hincapié en la discusión de las pautas para mejorar la productividad. Las autoridades de Aerolíneas buscan que los sindicatos entreguen varios puntos de los convenios, como el traslado en remises a los puestos de trabajo de tripulantes y pilotos y los intervalos de descanso entre vuelos, que son mayores a los regulados por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), entre otros.

De lo contrario, en la firma dijeron que es altamente probable que presenten el PPCE ante la Secretaría de Trabajo.
Crisis El PPCE es un mecanismo que les permite a las compañías despedir y suspender empleados ante una disminución del trabajo por fuerza mayor o por causas no imputables al empleador. El árbitro es el Gobierno y no la Justicia, y hasta que no concluye el procedimiento, que tiene plazos establecidos, los trabajadores no pueden ejercer la huelga u otras medidas de acción sindical, algo importante en este contexto, ya que Aerolíneas enfrentó 14 paros aeronáuticos en lo que va del año, que habrían ocasionado pérdidas por aproximadamente US$26 millones.

De acuerdo con la ley N°24.013, el PPCE debe tramitarse antes de la comunicación de despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas, y cuando la propuesta del empleador para superar la crisis incluya un alto porcentaje de reducción de la planta de personal (más del 15% de los trabajadores en empresas de menos de 400 empleados, más del 10% en empresas de entre 400 y 1000, y a más del 5% en empresas de más de 1000 empleados).

Según cifras oficiales, desde que comenzó la presidencia de Milei, Aerolíneas Argentinas desvinculó a 1334 trabajadores para llegar a una planta compuesta por 10.592 personas. En la empresa conviven cinco gremios: la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aerona- vegantes (AAA) y la Asociación de Personal Aeronáutico (APA). Los dos primeros ya firmaron la paritaria, pero los otros tres no, porque buscan una recomposición de entre el 25% y el 70%, cuando Aerolíneas ofrece un 11%, en línea con el aumento de los empleados estatales.

El procedimiento no afecta los planes del Gobierno para avanzar hacia la privatización de la empresa. Pero la Casa Rosada abrió otras posibilidades. El miércoles, cuando APA realizó el paro por el despido de un empleado de Intercargo, en un despacho oficial dijeron que, más allá de la venta, también está sobre la mesa la posibilidad de «entregarla a los trabajadores para que ellos se hagan cargo» o cera.

Estos dos escenarios presentan distintas características. El primero supone un corrimiento del Estado y una administración 100% de la empresa por los trabajadores, algo que estipularía el fin de las transferencias del Estado para financiar a la compañía. El segundo implicaría un impacto mayor al universo de Aerolíneas Argentinas y sus empleados. ¿Por qué? Porque cerrarla deja una gran incógnita sobre el futuro de la conectividad aérea del país.

Según muestran los datos de la Secretaría de Turismo, hay ocho provincias que solo reciben vuelos de Aerolíneas Argentinas. Entre ellas se encuentran Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos, San Luis, Formosa, La Rioja, Catamarca y Chaco. Estas ocho jurisdicciones suman casi al 10% de la población del país.