Ante la ofensiva gubernamental, Moyano empuja a la CGT hacia posiciones más confrontativas

Después de una semana en la que el Gobierno nacional decidió no hacer ninguna concesión a los numerosos planteos de la Confederación General del Trabajo (CGT), la central obrera, sobre todo a instancias de su cosecretario y Adjunto de Camioneros Pablo Moyano, decidió retirarse de la mesa de diálogo tripartita que impulsaba el oficialismo junto a las cámaras empresariales. El endurecimiento moyanista fue indirectamente sancionado con el reconocimiento de la Secretaría de Trabajo a un gremio alternativo de camioneros para la provincia de Jujuy.

Aunque tras la aprobación de la Ley Bases la CGT había decidido bajar la intensidad de su enfrentamiento con el Gobierno y mantuvo un encuentro con el secretario de Trabajo Julio Cordero para comenzar a debatir la implementación concreta de la reforma laboral aprobada en el Parlamento, el Gobierno leyó esta decisión como el reconocimiento de una derrota política y decidió no concederle a los gremios ninguno de sus reclamos.

Así, reglamentó el Impuesto a las Ganancias y de la figura del “colaborador independiente” sin atender a los señalamientos gremiales, laudó en el Consejo del Salario fijando un mínimo muy cercano a lo pedido por el sector empresarial (casi la mitad de lo que reclamaban la CGT y las dos CTA), se reunió con las cámaras patronales del Grupo de los Seis buscando profundizar la reforma laboral y empoderó al ministro de Desregulación del Estado Federico Sturzenegger, quien anticipa embestidas privatizadoras más graves sobre distintas empresas estatales, avanzar con una extensión de la jornada laboral y profundizar la pérdida de derechos laborales. Entre estos planes se incluyen los puntos que originalmente componían el cuestionado DNU 70, que avanzaban con una reforma laboral más dura, con la generalización del fondo de desempleo al estilo del de la construcción y hasta con los aportes sindicales voluntarios.

Esta seguidilla de ninguneos no hizo más que quitarle sostén al sector más “negociador” y “dialoguista” de la CGT, encarnado sobre todo por el líder de la UOCRA Gerardo Martínez y por el de UPCN Andrés Rodríguez (curiosamente, dos de los sectores más duramente golpeados por los despidos en el gobierno de Javier Milei), que se quedaron sin argumentos para defender la utilidad del “diálogo” con el oficialismo sobre el que habían venido avanzando en las últimas semanas y fortalecer la posición más confrontativa de Moyano, quien logró que la última reunión de Consejo Directivo de la central obrera definiera retirarse de la mesa de “diálogo” y confirmara su participación en la jornada de lucha que convocan las organizaciones sociales para el próximo 7 de agosto, día de San Cayetano, con las consignas de tierra, techo, paz, pan y trabajo. En ese marco, la CGT convocó a un plenario de regionales, como el que se concretó en enero, que definió el primer paro general contra Milei, que podría avanzar en la aprobación de nuevas medidas de fuerza nacionales contra el Gobierno.

Ante esta perspectiva, el oficialismo intenta advertir a los gremios sobre las consecuencias que podría tener una guerra abierta. Uno de los mensajes en este sentido que se vieron en las últimas horas fue la decisión de la Secretaría de Trabajo de aprobar la incorporación al registro oficiales de asociaciones gremiales del Sindicato de Conductores de Camiones de la provincia de Jujuy, que disputaría directamente el encuendre de los camioneros de la provincia con el Sindicato de Camioneros conducido por Moyano, que ya anticipó que apelará la decisión.