Boeing se declaró “no culpable”

Fuente: aeromarket.com

Boeing compareció ante la corte del juez Reed O’Connor el pasado 26 y su declaración de “NO CULPABLE” sumó controversias al proceso judicial por los accidentes de los 737 MAX. Por eso, con este reciente capítulo, las derivaciones judiciales de los accidentes fatales de los MAX (vuelos 610 de Lion Air, del 29 de octubre de 2018, y 302 de Ethiopian Airlines, del 10 de marzo de 2019) continúan y el proceso podría sacudir al mismo sistema judicial de los Estados Unidos. Hoy, lo que parecía ser un caso cerrado, no lo está, y Boeing vuelve a una situación tan incómoda como riesgosa, a partir de que el juez federal Reed O’Connor, de la Corte de Fort Worth, Texas, accedió a investigar los términos de un Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido (DPA, por sus siglas en inglés) entre el fabricante de aviones y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por su sigla en inglés). La decisión de O’Connor se fundó en errores en el procedimiento de homologación porque no se habría respetado la Ley de Derechos de las Víctimas de Crimen.

Los acuerdos extrajudiciales

Explicado muy simplemente, en los Estados Unidos los fiscales pueden acordar con los acusados determinadas indemnizaciones, reducción de penas o interrupción de investigaciones si se aceptan responsabilidades y si ese acuerdo lleva a que la Justicia resuelva una causa más rápidamente y con menos costos.

El DOJ había investigado a Boeing por una serie de irregularidades en el proceso de fabricación y certificación de los aviones MAX. Luego de negociaciones muy reservadas –tal vez demasiado– el gobierno a través del DOJ llegó a un acuerdo que evitaría procesar a Boeing por supuesto fraude a EE. UU. (FAA). En el DPA se estableció que Boeing pagaría USD 2.500 millones que se distribuirían en el pago de una multa de USD 243,6 millones, un resarcimiento de USD 500 millones para las víctimas, y alrededor de USD 1.800 millones de compensación para las aerolíneas cuyos aviones MAX fueron inhabilitados para volar durante meses en que el fabricante tuvo que rediseñar el sistema MCAS que provocó los accidentes.

Reclamo de los familiares

Luego de examinar el acuerdo y la legalidad del proceso, los abogados de los familiares cuestionaron la forma en que se habría arribado a la solución y, sobre todo, el no haberlos participado sobre lo que se estaba acordando ni lo acordado en tiempo y forma. Ante el reclamo elevado, el magistrado a cargo del caso en la corte de Fort Worth, decidió que el jueves 26 de enero Boeing tenía que comparecer ante sus estrados para dar explicaciones sobre el proceso, ocasión en que el constructor de los MAX se declaró “no culpable” de cualquier cargo de fraude.

La investigación interrumpida

La investigación del DOJ podría haber revelado muchos datos sobre el proceso de fabricación y certificación y, consecuentemente, podría haber derivado en juicios penales contra varios ejecutivos que en aquel tiempo ocupaban importantísimos cargos en la compañía, y mayores costos para la propia empresa en caso de dolo, pero fue interrumpida por el acuerdo.

En la audiencia del pasado jueves, los abogados de los familiares pidieron el procesamiento de los ejecutivos, el rechazo del DPA y la participación de un experto independiente en una exhaustiva investigación. “Queremos que vayan a Boeing a incautar documentos y examinarlos”, dijo Paul Njoroge, quien perdió a su esposa e hijos en el accidente de Lion Air, en 2018 . “Sabemos que concluirán que altos funcionarios de Boeing cometieron fraude”, agregó Njoroge. El juez O’Connor rechazó el pedido de un experto independiente luego de escuchar a los abogados de Boeing y al propio Departamento de Justicia quienes, además, se oponen a reabrir el acuerdo. “Hemos realizado cambios amplios y profundos en la empresa, así como modificaciones en el diseño del 737 MAX que garantizan que accidentes como estos nunca vuelvan a ocurrir”, argumentó Boeing.

Previamente, en una presentación judicial del pasado noviembre, el Departamento de Justicia dijo que no se oponía al enjuiciamiento de Boeing, pero que deshacer el acuerdo “impondría serias dificultades a las partes y a las muchas víctimas que han recibido compensación”.

Consultado sobre la situación planteada, el profesor de la Universidad de Columbia, John Coffee, dijo: “El juez podría anular el acuerdo, pero creo que es muy poco probable que lo haga”. Los abogados de la familia sostienen que Boeing conocía que los aviones podían tener problemas y que habría decidido ocultar información a los reguladores, además de no haber advertido y/o entrenado a los pilotos adecuadamente.

Ahora los juristas especulan sobre cómo seguirá este proceso, ya que la declaración de “no culpable” de Boeing, podría poner a la compañía en riesgo de violar el propio acuerdo con el DOJ, dado que le prohibía negar su papel en ocultar problemas con el sistema de control de vuelo 737 Max a la Administración Federal de Aviación, sobre todo luego del accidente de Lion Air, en octubre de 2018, antes de que ocurriera otro en el vuelo de Ethiopian Air unos cinco meses después.

En el caso de los MAX también intervino una comisión del Congreso que tomó decenas de declaraciones e investigó lo sucedido para proponer después nuevas normas para la certificación de aeronaves que entraron en vigencia este año, excepto para los MAX 7 y 10 que, por demoras fue específicamente exceptuado de cumplirlas.