Bullrich no logró la ley que vende la Argentina
Paula Marussich
Con una mayoría debilitada, el oficialismo se encaminaba a aprobar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Se trata de la versión número 17 de la iniciativa que redactó Federico Sturzenegger para entregar el país e imposibilitar su recuperación. Sin el capítulo de extranjerización de la tierra, el corazón del proyecto, Patricia Bullrich sesionó con el único objetivo de aprobar un texto desmembrado que le permitiera ocultar la derrota que cosechó el día anterior. El Gobierno quedó herido y perdió aliados por la presión política y social que creció durante las últimas dos semanas para impedir la extranjerización de la tierra. El peronismo recibió el dictamen apenas una hora antes del inicio de la sesión y pidió que el texto volviera a comisión.
El rechazo a la moción de José Mayans, con 38 votos en contra y solo 31 a favor, anticipó que el oficialismo se llevaría lo que fue a buscar. Mientras tanto, en las inmediaciones del Congreso, una multitud resistió el agua y los gases de la Policía, cantando contra la entrega del país que promueve Milei. Nuevamente, en medio de la feroz represión, una fotógrafa fue herida durante la cobertura.
Sin necesidad de reunir quórum, Patricia Bullrich logró reanudar la sesión que pasó a cuarto intermedio el último 19 de julio, el día después de que los jugadores de la Selección desplegaron la bandera que reivindicó la soberanía de Malvinas, un hecho anticolonial sin precedentes que dio la vuelta al mundo y quebró los apoyos del oficialismo. Del grupo de los 44 que Bullrich supo ostentar, al cierre de esta edición solo le quedaban unos 38 aliados. Además de los 21 libertarios, la jefa de la bancada contaba con el respaldo del PRO y la mayor parte del radicalismo. También de los bloques provinciales de Neuquén, Chubut, Tucumán y Misiones, además del correntino Carlos «Camau» Espínola. Si bien el número le alcanza para avanzar con la ley, la merma refleja el desgaste al que el oficialismo se expuso con una iniciativa que llegó cinco veces al recinto y se fue desarmando en el camino. Antes de tener que retirar el capítulo de extranjerización de la tierra, la ley ya había perdido el artículo que se metía con el Registro Nacional de Barrios Populares por presión de la Iglesia.
El texto, con nuevas desregulaciones a la Ley de Manejo del Fuego, la restricción a las capacidades del Estado para realizar expropiaciones y la habilitación de los desalojos exprés, llegó a manos de la oposición una hora antes de que comenzara la sesión. La cartera de Seguridad ayudó a su antigua ministra a concentrar la atención pública en una represión incesante que se mantuvo en pie toda la tarde, con un operativo desproporcionado y fuera de control. Cerca de las nueve de la noche, la senadora Di Tullio advirtió que una fotógrafa había sido trasladada al Hospital Argerich gravemente herida. «Hacemos una sesión en medio de un desastre en la calle. Lo que está haciendo el Gobierno es enojarse con el pueblo porque el pueblo le torció la mano y tuvo que sacar el capítulo de extranjerización de la tierra», denunció.
La tensión en las calles no se reflejó al interior del recinto. Si bien se esperaba un comienzo de debate acalorado por la poca transparencia con la que se modificó el dictamen, la impugnación a Joaquín Benegas Lynch, dueño de una compañía que se dedica a la venta de tierras argentinas a extranjeros, y el pedido de votación virtual de la senadora Anabel Fernández Sagasti por su embarazo avanzado, todo se resolvió con celeridad. «El capítulo III no se va a votar hoy. La senadora hizo la presentación a sabiendas de que no se iba a votar. Pero, por supuesto, esta es la vieja política», fue la respuesta de Benegas Lynch a la impugnación presentada por Juliana Di Tullio, eludiendo el evidente conflicto de intereses que expuso la denuncia. Sobre Sagasti, Bullrich acordó con todos los bloques enviar el tema a la Comisión de Asuntos Constitucionales. El propio peronismo aceptó y perdió la oportunidad de ir a fondo con la discusión de una problemática que solo pueden padecer mujeres del interior. En el bloque que conduce José Mayans aseguran que irán por la modificación del reglamento, mientras que Sagasti presentará su propio proyecto de resolución.
El conflicto diplomático con Brasil también se coló en el inicio de la sesión vía cuestiones de privilegio. Mayans repudió los dichos de Milei sobre Lula y Bullrich salió a cruzarlo. «Nuestro bloque no comparte las declaraciones del presidente y pide disculpas al presidente de Brasil», dijo el titular del interbloque peronista. Por su parte, Bullrich justificó a Milei. «Queremos que se separe la política de las relaciones institucionales estratégicas que Argentina y Brasil han mantenido siempre», dijo, sin reconocer la gravedad de los ataques del presidente libertario a su par regional.
El despojo: La ley bautizada como Inviolabilidad de la Propiedad Privada posibilita la aceleración de los desalojos. Si bien el senador Agustín Coto, miembro informante, dijo que era para recuperar «propiedades usurpadas», lo cierto es que la normativa pondrá en riesgo a millones de inquilinos. «Lo que hacen es incluir en los desalojos exprés a los inquilinos con contratos, en un contexto en el que la gente no llega a fin de mes y se endeuda. No hay ninguna ley ni proyecto que condene a pagar en término los salarios, pero ahora buscan que sí la haya en contra del inquilino», dijo Mariano Recalde. El texto habilita que cualquier persona que invoque un derecho o un interés legítimo sobre un inmueble pueda solicitar la restitución inmediata de la propiedad. Si el juez considera que el planteo reúne elementos suficientes en una evaluación preliminar, podrá ordenar la entrega del inmueble sin esperar la sentencia definitiva del proceso. En los hechos, es la culminación de un proceso de despojo que comenzó con la derogación de la Ley de Alquileres, se profundizó con el endeudamiento de los sectores medios y populares y culmina con los desalojos exprés.
Sorpresas en la Ley de Manejo del Fuego: La versión número 17 del dictamen introdujo mayores desregulaciones a la Ley de Manejo del Fuego. Estas no se habían incluido en la versión que circuló Bullrich a comienzos de esta semana para negociar con los dialoguistas los votos que le faltaban. En los archivos anteriores que el oficialismo circuló se proponía eliminar solo el artículo 22 quater, que impide durante 30 años cambiar el destino de tierras arrasadas por incendios. Pero el texto distribuido antes de la sesión también derogó el artículo 22 ter, incorporado en 2020, que habilitaba a las provincias a extender las restricciones sobre los bosques nativos incendiados. Los cambios sobre la marcha fueron otro de los argumentos que usó la oposición para que el texto volviera a comisión y para que este capítulo cayera. Según pudo reconstruir Página/12, Wado de Pedro recorrió los despachos de los senadores buscando apoyos, pero al cierre de esta edición todavía faltaban dos votos. De Pedro fue clave en la rosca parlamentaria que posibilitó la caída del capítulo de extranjerización de la tierra. Primero, con una jornada multisectorial que hizo que la ley se sacara del temario de la sesión del 4 de junio; luego, convenciendo a senadores y gobernadores.
Expropiaciones: La ley que girará a Diputados endurece las condiciones para que el Estado pueda expropiar bienes privados. Restringe el alcance del concepto de «utilidad pública», eleva el umbral para justificar una expropiación y fortalece la posición de los propietarios frente a cualquier intento estatal de recuperar inmuebles por razones de interés general. El Estado deberá indemnizar no solo el valor de la propiedad, sino también lo que el propietario pueda inferir haber perdido como consecuencia de la expropiación. «Quieren hacer creer que en la Argentina las expropiaciones son moneda de todos los días», y señaló que «son medidas de última instancia», dijo el entrerriano Adán Bahl. La nueva normativa blinda la venta del país que el gobierno quiere perpetrar. Con este artículo difícilmente se podrán recuperar las empresas que el gobierno remate.
