Milei cambió el cálculo de las indemnizaciones

Para que despedir trabajadores sea más fácil: quedan afuera bonos, premios, horas extras y aguinaldo
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El Gobierno reglamentó un nuevo criterio para determinar la base salarial de las indemnizaciones por despido sin causa. La medida restringe los conceptos que podrán computarse, reduce el monto que percibirán miles de trabajadores y anticipa una fuerte disputa judicial por su aplicación.
El Gobierno de Javier Milei volvió a avanzar sobre uno de los pilares del derecho laboral argentino al modificar el criterio para calcular las indemnizaciones por despido sin causa. A través de una nueva reglamentación, el Ejecutivo redefinió qué conceptos integran la base salarial sobre la que se determina la compensación por antigüedad, dejando afuera adicionales que hasta ahora incrementaban el monto final que percibían los trabajadores.
Con la medida, el Gobierno sostiene que busca otorgar mayor previsibilidad a las empresas y reducir la litigiosidad laboral. Sin embargo, abogados laboralistas y dirigentes sindicales advirtieron que el cambio abarata el costo de los despidos y representa un nuevo retroceso en los derechos de los trabajadores.
Qué cambia en el cálculo de las indemnizaciones
La modificación mantiene el principio general de abonar un salario por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses, pero altera el concepto de «mejor remuneración mensual, normal y habitual», que sirve de base para calcular la indemnización.
En cambio, quedarán excluidos de la base de cálculo:
- Premios.
- Bonos.
- Horas extras.
- Aguinaldo.
- Participación en las ganancias.
- Plus vacacional.
- Sumas no remunerativas.
- Pagos extraordinarios.
Además, la reglamentación incorpora una cláusula amplia al establecer que tampoco integrará la indemnización «todo otro concepto, cualquiera fuere su naturaleza jurídica, origen o denominación, que no se abone en forma normal, habitual y mensual».
Menores indemnizaciones para miles de trabajadores
El impacto de la medida será diferente según la composición salarial de cada trabajador. Mientras quienes perciben únicamente un sueldo básico mensual prácticamente no registrarían modificaciones, la situación cambia para aquellos que cobran parte de sus ingresos mediante horas extras, premios, bonos u otros adicionales.
«Quienes cobran exclusivamente un sueldo mensual fijo verían pocos cambios, mientras que aquellos cuyos ingresos incluyen conceptos variables podrían percibir una reducción significativa en la indemnización en caso de despido», advirtieron especialistas en derecho laboral.
En actividades donde esos conceptos representan una parte importante de la remuneración mensual, la reducción del monto indemnizatorio podría ser significativa en caso de un despido sin causa.
El Gobierno defiende la medida
Desde la administración nacional sostienen que la nueva reglamentación busca brindar mayor seguridad jurídica a los empleadores y disminuir la cantidad de litigios derivados de la interpretación sobre qué conceptos deben integrar la indemnización.
Según la postura oficial, la definición más precisa de la base salarial permitirá reducir conflictos judiciales y facilitará la contratación de trabajadores al disminuir los costos asociados a un eventual despido.
Sindicatos y laboralistas cuestionan el alcance de la reforma
La medida fue recibida con fuertes críticas por parte de abogados laboralistas y representantes de la CGT, quienes consideran que implica una reducción concreta de los derechos económicos de los trabajadores despedidos.
Para los especialistas, excluir conceptos salariales que forman parte habitual de los ingresos significa disminuir el resarcimiento previsto por la legislación laboral y trasladar el costo de la flexibilización hacia los asalariados.
Desde distintos sectores gremiales también advirtieron que la decisión se enmarca en la política de reformas laborales impulsada por el Gobierno de Javier Milei desde el inicio de su gestión, orientada —según sostienen— a reducir el costo laboral para las empresas.
En ese contexto, remarcaron que la modificación llega en un escenario caracterizado por la caída del empleo registrado, la pérdida del poder adquisitivo y el crecimiento de la informalidad laboral.
Se anticipa una nueva disputa en la Justicia
La implementación de la norma también abre un nuevo frente de discusión en los tribunales laborales.
Uno de los principales interrogantes será determinar qué conceptos pueden considerarse efectivamente «normales, habituales y mensuales», ya que esa definición podría variar según las características de cada actividad y de cada relación laboral.
En ese sentido, se anticipa que la Justicia Nacional del Trabajo deberá definir el alcance real del criterio de habitualidad de los distintos conceptos salariales en cada caso particular, lo que podría derivar en una nueva ola de litigios.
Mientras el Gobierno presenta la reforma como una herramienta para modernizar el mercado laboral y reducir la litigiosidad, sus críticos sostienen que la consecuencia inmediata será un abaratamiento de los despidos y una menor protección económica para quienes pierdan su empleo, reabriendo el debate sobre el alcance de los derechos laborales en la Argentina.



