Desprivatización de los servicios públicos
02/11/2020 Página 12 – Nota – Economía – Pag. 10
Opinión
Américo García y Juan Diego González Morales
El debate que generó la situación crítica que atraviesa la prestación del servicio eléctrico, especialmente los casos de Edesur y Edelap, plantea una reflexión general acerca de los servicios públicos, desde los derechos que les asisten a los usuarios, reales o potenciales, hasta las formas de propiedad y de gestión de las empresas. En diversos países, incluida la Argentina, se han registrado distintas experiencias que tienen que ver con lo que denominamos procesos de «desprivatización», un cuestionamiento a la privatización de empresas de servicios públicos que caracterizaron a las décadas de los años ?80 y ?90 y la vuelta a la gestión pública o comunitaria.
Las críticas a las privatizaciones de fines del siglo pasado se centran en varios aspectos: altas tarifas, dificultades de acceso para los sectores de bajos ingresos, deterioro ambiental, precarización de los trabajadores a través de la tercerización y, en los países de menor desarrollo, dificultades de financiamiento en la extensión de las redes.
Un trabajo de la Internacional de Servicios Públicos, da cuenta de más de 800 experiencias en 45 países, de empresas de diferentes áreas que habiendo sido privatizadas volvieron a la propiedad pública o a la gestión comunitaria. De ese extenso listado nos interesa destacar dos casos significativos, por los países involucrados y por circunstancias particulares que nos interesa mencionar.
La primera es la empresa ferroviaria inglesa Railtrack. Los ferrocarriles fueron privatizados separando la infraestructura (vías y estaciones) de las operaciones de carga y pasajeros. La privatización trajo aparejada altas deficiencias en el servicio ferroviario y el derrumbe de un mito: la puntualidad de los trenes ingleses. En el caso de la empresa de infraestructura fueron notorios los incumplimientos en las inversiones comprometidas (algo que parece ser un denominador común) y el aumento de los subsidios públicos para afrontar las deficiencias. Ello llevó al gobierno de Tony Blair a la desprivatización, y a la constitución de una nueva empresa, Network Rail, cuyo directorio convocó a la participación de diferentes actores sociales: trabajadores, usuarios, proveedores.
La otra experiencia tuvo lugar en la ciudad francesa de Grenoble en los servicios de agua potable, prestados por la multinacional Suez (hoy Engie). A pesar de la presencia de este gigante, el municipio procedió a la remunicipalización debido a una serie de fraudes en que habría incurrido la prestadora.
En el caso de la Argentina, desde la crisis del 2001 que derivó en la renegociación de los contratos de privatización y en una mayor presencia y actividad regulatoria del Estado, podemos citar varias empresas de servicios públicos que pasaron a la órbita estatal o cambiaron su formato jurídico: Aerolíneas Argentinas, YPF, Correo Argentino, AySA, la infraestructura ferroviaria y las líneas San Martín, Mitre, Belgrano Sur y Roca, y empresas provinciales de agua potable y saneamiento.
En la electricidad, donde mayoritariamente la prestación recae hoy en el sector privado, se ve en los últimos años una preocupante insuficiencia de inversiones y una muy deficiente calidad en los servicios. A partir de la intervención al ENRE se aplicaron fuertes sanciones a Edesur y Edenor por la baja calidad de la prestación, que diariamente sufren los usuarios, traducida en cortes o baja tensión y falta de resolución de sus reclamos.
Los servicios públicos son servicios esenciales y básicos en la sociedad moderna.
Desde esta concepción, y vista las experiencias internacionales y nacionales de «desprivatización», es que nos enfrontamos al desafío de pensar en alternativas a la privatización de los 90, superando viejos esquemas no aptos para las nuevas realidades y que involucren accesibilidad para la ciudadanía, eficacia en calidad de prestación y participación en su forma de gestión y control.
Director de la Fundación Acción para la Comunidad
Presidente del Centro de Estudios de Servicios Públicos.
