Diario de la corrupción sanchista. Caso Plus ultra:

Julio Martínez se ratifica: ZP cobró 530.000 euros por conseguir el salvamento de la aerolínea, con el dinero de los españoles.
hispanidad.com
Proseguimos con nuestro Diario de la corrupción sanchista, en el que recopilamos la actualidad sobre la corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal.
1.- Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela:
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha tomado declaración hoy al expresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola (no confundir con Julito Martínez Martínez, amigo de Zapatero).
Julio Martínez Sola y el exCEO de la compañía Roberto Roselli enviaron cartas, a finales del mes de julio, al juez Calama en las que reconocían el papel de Zapatero en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
Pues bien: en su declaración ante el juez Calama, Julio Martínez Sola ha ratificado que Plus Ultra pactó pagar una comisión del 1% del rescate de 53 millones de euros, es decir, unos 530.000 euros, al empresario Julio Martínez Martínez, considerado el presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, y «ante la duda» de que la operación no saliera adelante. Aunque ha afirmado que desconoce qué gestiones hizo el expresidente, ni tampoco se interesó por ellas, ya que su único interés era el “éxito” de la operación.
Julio Martínez Sola también ha relatado al juez que recibió una llamada de un número oculto del expresidente socialista, el 30 de abril de 2020, en la que Zapatero le dijo que “su gente” se pondría en contacto con él.
Julio Martínez Sola también ha reconocido la existencia de un contrato de asesoramiento de 5.000 euros mensuales con la consultora Análisis Relevante, propiedad de Martínez Martínez, que se elaboraron unos escasos informes y que se los pagaron igualmente (a la empresa).
Por cierto que en los mentideros políticos madrileños se especula sobre los estrechos vínculos entre Zapatero y Sánchez por lo que, de caer Zapatero o ser traicionado por el presidente del Gobierno, podría arrastrar a este tras de sí…
-Resumen del Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: el pasado 17 de junio, el expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero declaró ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros conectados (como la falsedad documental o la utilización de sociedades instrumentales para ocultar fondos). Y, en una pieza separada, le investiga también por un presunto delito fiscal y de contrabando debido al hallazgo en su despacho de joyas de alto valor -1,3 millones de euros, según la tasación- y cuyo origen “en estos momentos no está justificado”.
El pasado 18 de junio, el juez Calama imputó a las hijas del expresidente del Gobierno Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como a su secretaria, Gertrudis Alcázar. El magistrado cree que hay indicios de que la empresa de Alba y Laura, Whathefav, realizó un «papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes». Cabe recordar que el empresario Julio Martínez Martínez (Julito) –propietario de la empresa Análisis Relevante SL, investigada por su posible vinculación con el presunto blanqueo de capitales relacionada con fondos públicos otorgados a Plus Ultra– también está imputado en el caso por ser el presunto testaferro de Zapatero. Julio Martínez (Julito) declaró ante el juez Calama el pasado 21 de julio, ante el cual ratificó que el expresidente intervino en el rescate de Plus Ultra y remarcó que el expresidente socialista «marcaba los pasos a seguir» en la trama que se dedicaba a blanquear fondos internacionales.
2.-Caso PSOE: el juez del juzgado central número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, investiga si el Partido Socialista se financió ilegalmente. Santos Cerdán y Pedro Sánchez lo han negado «rotundamente». Pero el juez Moreno ha abierto pieza separada, y secreta, sobre los pagos en metálico aportados por el PSOE, dada la «gravedad» de los hechos. La investigación está bajo secreto de sumario. El pasado 12 de marzo, el empresario Víctor de Aldama entregó en secreto al juez un sobre que contendría pruebas de la presunta financiación ilegal del PSOE, en el que figuraban 250 millones de dólares en cupos de petróleo de la empresa estatal venezolana PDVSA.
Hoy El Mundo publica que entre la documentación aportada por Aldama al juez Moreno figura un documento –que está siendo analizado por el juez instructor y por la Fiscalía Anticorrupción– que demostraría un contrato ficticio de 15 millones de euros vinculado a la supuesta financiación irregular del PSOE. Ese documento está relacionado con los citados cupos de petróleo de la empresa estatal venezolana PDVSA. La información de este medio recuerda que Aldama aseguró haber entregado a Koldo dinero en metálico, procedente del petróleo venezolano, dinero que estaría destinado a financiar los gastos del PSOE y de la Internacional Socialista.
3.-Caso Begoña Gómez: La mujer del presidente del Gobierno será juzgada por un jurado popular por los delitos de tráfico de influencias y malversación, tras la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que el pasado 16 de julio confirmó los citados delitos y anuló los otros dos delitos que le atribuía el juez Juan Carlos Peinado (corrupción en los negocios en el sector privado y apropiación indebida). En este caso también están siendo procesados la asistente de Gómez, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
El juez Peinado se jubila el próximo 27 de septiembre y antes de esa fecha tiene previsto convocar una vista, que es un puro trámite procesal, para que la mujer de Pedro Sánchez sea juzgada por un jurado popular: esa fecha será mañana 8 de septiembre. Después dictará un último auto para elevar la causa de forma definitiva a la Audiencia Provincial de Madrid. De esta manera, el juez peinado lo que busca es evitar la dilación judicial. Aunque lo que no puede hacer el magistrado instructor es imponerle una fecha a la Audiencia Provincial de Madrid.
Por otra parte, el pasado 2 de septiembre un juez de Majadahonda ha citado a Begoña Gómez y a Vito Quiles a declarar el próximo 23 de octubre, después de que Quiles presentara una querella contra Gómez por un presunto delito de acusación o denuncia falsa. La querella de Quiles llegó tras el archivo de otra denuncia presentada por la esposa del presidente del Gobierno por un incidente ocurrido el pasado 29 de abril en un restaurante de Las Rozas (Gómez denunció a Quiles por una presunta agresión y por haberle impedido salir mientras la grababa).


