Echaron a una funcionaria de Karina Milei vinculada al “alquiler” de la pista presidencial de Aeroparque

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www.clarin.com / Emiliano Russo

Se trata de la titular de la Dirección de Logística, Florencia Gastaldi.

Venía desempeñándose en ese cargo desde la gestión anterior pero desde el 10 de diciembre se había ganado la confianza de la hermana del presidente Javier Milei.

Tras varios escándalos en los que se encontraba mencionada, como la causa judicial en la que se investiga si autorizó o no el presunto alquiler a dos chárters privados de la pista de la flota presidencial de Aeroparque, el Gobierno echó a la titular de la Dirección de Logística, Florencia Gastaldi, que venía desempeñándose en ese cargo desde la gestión anterior pero desde el 10 de diciembre se había ganado la confianza de Karina Milei.

Si bien la vocería oficial no confirmó la salida de la funcionaria, la propia Gastaldi informó a Clarín que no forma más parte del Gobierno. Su continuidad al frente del Ejecutivo tuvo un tiro de gracia en las últimas horas por la denuncia por un supuesto «direccionamiento» del chequeo del avión presidencial ARG 01. El pasado 2 de julio Clarín había contado que se había caído una segunda licitación para el control del ARG 01 «por una desprolijidad» en el proceso lo que, en los hechos, había provocado el vencimiento del permiso de vuelo de la aeronave, que deberá permanecer «en tierra» por varios meses. Pero lo cierto es que la saliente directora de Logística ha negado cualquier irregularidad en el trámite: no se trata de una operación sencilla ya que le demanda al Estado la friolera de unos 3 millones de dólares.

La también abogada negó que su «renuncia» haya sido motivada por la polémica generada por el frustrado chequeo del reemplazante del Tango 01. Pese a haber concurrido este lunes por la mañana a la Base Militar del Aeroparque (BAMA), en las primeras horas de la tarde «se le borró el GDE (sistema de gestión documental electrónica)», según pudo averiguar este diario, por lo que quedaba inhabilitada para cualquier trámite oficial. Más tarde la propia funcionaria confirmó su salida del Gobierno.

La saliente directora había asumido el cargo a mediados de 2023 y, en los hechos, se encargó de la logística de los primeros viajes que hizo Alberto Fernández a bordo del ARG 01, que se había adquirido ese mismo año a cambio de unos 25 millones de dólares.

Si bien Javier y Karina Milei en un principio habían desistido de utilizarlo en pos de una política de austeridad, por «temas de seguridad» decidieron subirse a bordo del Boeing 756 para trasladarse, por caso, a los Estados Unidos y a varios países europeos. Pero el pasado 26 de junio se cayó el permiso de aeronavegación del ARG 01 -por no haberse realizado el citado control- y tuvieron que recurrir a chárters privados: el traslado de la comitiva presidencial a una exposición de inversores en la norteamericana Idaho tuvo un costo de 350 mil dólares, por caso.

Lo cierto es que el actual gobierno hizo caer dos licitaciones para realizar el denominado «E-Checq» al ARG.01, una costosísima revisión integral. La última compulsa fue la que desató todo tipo de suspicacias. Una fuente militar, con todo, indicó que «le apuntan a Gastaldi» pero el «responsable» de los pliegos fue el jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez, en los papeles, a cargo de toda la flota aérea presidencial. Es que una modificación normativa, por un decreto publicado a comienzos de enero pasado, cargó de atribuciones al organismo en teoría encargado de la seguridad presidencial y que también depende de la poderosa secretaria general de la Presidencia.

Tras la denuncia por el presunto alquiler de la pista del BAMA, se conocieron documentos del año 2018 que mostrarían a ex funcionarios de la administración de Cambiemos gestionando un supuesto servicio vip a vuelos ejecutivos en esa aerostación militar. Esas imágenes, a las que tuvo acceso este diario, darían cuenta de supuestas maniobras para que empresarios pudieran utilizar esa pista en vuelos internacionales, con el consiguiente traslado de los controles de Aduana y Migraciones. Fuentes castrenses y ex directivos explicaron que este presunto sistema de recaudación -en negro y en dólares- dataría de hace más de un década e involucraría tanto a personal civil como militar.

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