El Gobierno gastará US$ 25 millones en un nuevo avión presidencial, tras lo ocurrido con Alberto Fernández
23/11/2022 Flipr.com.ar – Nota
Desde Presidencia ya lo dan por hecho. Sólo resta acordar las condiciones de pago de unos US$ 25 millones. La decisión se tomó luego de la gira por Bali en la que el jefe de Estado se descompensó.
Tras una década de polémicas e idas y vueltas, el Gobierno tomó la decisión de avanzar con la compra de una aeronave para reemplazar al emblemático Tango 01 para cubrir los viajes del Presidente.
Así lo confirmaron a Clarín altas fuentes de Presidencia , que argumentaron que el reciente viaje que Alberto Fernández realizó a Indonesia fue «clave» para apuntalar una decisión que había quedado pendiente por una licitación que había abierto el Gobierno ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
La operación que contempla la adquisición de un Boeing 757-256, modelo 2000 sería en torno a unos 25 millones de dólares, cuyo desembolso no sería en un solo pago: de hecho, es lo único que resta definir, ya que Presidencia busca que la compañía, propietaria de la aeronave, C&L Aviation Group, que resultó seleccionada por la entidad que regula la aviación civil a nivel mundial, acepte varias cuotas.
«Eso es fundamental porque (Sergio) Massa dijo que no va a largar todos los dólares juntos», exageró una fuente al tanto de la iniciativa, al dar cuenta de la cautela con la que el Gobierno sabe que deberá manejarse en un contexto de escasez de reservas en el Banco Central y crecientes restricciones cambiarias.
Con todo, el Gobierno daría como parte de pago el Tango 01, que fue adquirido en 1992, durante la Presidencia de Carlos Menem, por unos 66 millones de dólares y que resultó un pésimo negocio para las arcas del Estado: está fuera de funcionamiento desde 2016, por un mantenimiento anual en torno a los 220 mil dólares, y sería tomado como parte de pago por alrededor de tres millones de dólares.
El desembolso neto para el Estado será de unos US$22.300.000, aseguraron desde Casa Rosada. «Queremos hacerlo en varias cuotas pero si el costo de una financiación no es bueno, se tendrá que pagar en un solo pago», advirtió una alta fuente del Gobierno, que plantea que la conveniencia de dar señales de austeridad no puede ir en contra del precio final de la compra. «Si sube mucho por las cuotas, lo vamos a pagar de una», agregó otra voz al tanto de la operación, que fue anticipada por el periodista de Cadena 3 Ariel Rodríguez.
Entre los argumentos que plantean en el Gobierno para justificar la decisión de avanzar se anota el gasto por alquileres que debió afrontar el Poder Ejecutivo para suplir la falta de un avión presidencial. Un informe elaborado a pedido de la Secretaría General de Presidencia, a cargo de Julio Vitobello, da cuenta que «en la presente administración se llevan erogados unos U$S 4.371.286,36» en concepto de alquiler de aviones.
El documento, al que accedió Clarín, da cuenta que entre 2015 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, «se erogó en concepto de alquiler de aviones, la suma de U$S 9.862.186,94 y de Euros 379.198,00».
«Lo que gastamos en alquileres justifica comprar un avión y que ya quede para el Estado», resumió una alta fuente gubernamental, que agrega otros motivos que también figuran en el informe, que tiene fecha 21 de noviembre de 2022, es decir tres días después del regreso de Fernández a la Argentina.
El documento expone que en un vuelo comercial «la cápsula de seguridad que debe conformarse para el resguardo de la seguridad física del Presidente, su familia y su comitiva es impracticable» y añade que «la seguridad médica y electrónica durante el vuelo, y la seguridad del equipaje del Presidente y su comitiva está muy limitada». Incluso cuando se proceda, como ocurrió en las giras que realizó Fernández, a la contratación de un vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas.
En el texto se repasan varias de las recomendaciones que hizo la Casa Militar -a cargo de la seguridad del Presidente- durante el gobierno anterior y que el oficialismo, por entonces oposición, no tuvo en cuenta a la hora de criticar la medida sobre la compra que planeaba Macri.
Expone el informe que:
*»Deben utilizarse los espacios públicos de aeropuertos, especialmente, en otros países lo que acrecienta los riesgos».
*»Los aviones comerciales no son susceptibles de ser controlados por personal especializado y se carece de información sobre las personas (pasajeros) que comparten el vuelo».
*»Se multiplican las tramitaciones para el personal de seguridad (traslado de instrumentos de comunicación, elementos de seguridad, armas, etc.) que demoran los desplazamientos».
*»Frente a urgencias o imprevistos no existen márgenes para disponer de adecuaciones de horarios o cambios de destinos o de utilización de aeropuertos alternativos».
Esto último se dio durante la cumbre del G20: en caso de que el jefe de la Unidad Médica Presidencial, Federico Saavedra, hubiera dispuesto el regreso inmediato de Fernández al país por la «gastritis erosiva con sangrado» que sufrió, la comitiva oficial habría tenido que esperar. «Nos pegamos un susto bárbaro», resumió una fuente del Gobierno, que admitió que el mandatario estuvo a punto de anticipar su vuelta.
A la lista se suma un punto que le sirvió a Fernández para desconectarse forzadamente del acto que realizaba Cristina Kirchner mientras volaba de regreso a la Argentina, pero que implica riesgos políticos y resulta anacrónico en esta era: en las horas que viaja, el Presidente no cuenta actualmente con conexión a Internet.
Durante la gira presidencial, al cabo de las complicaciones de salud que sufrió Alberto F. ya había comenzado a analizarse la posibilidad de cerrar la discusión. «En algún momento, este u otro Presidente lo va a tener que hacer y la oposición, esta ó la que sea, va a tener que entender que son cuestiones de Estado», razonaba una voz de la comitiva oficial que acompañó a Fernández.
«El viaje a Indonesia fue clave: caro, inseguro, incómodo y medio Gobierno en el avión sin conexión con la Argentina», graficó otra voz.
¿Cómo son los pasos a seguir? Una vez que se acuerden las condiciones de pago, se firma el contrato y la Argentina debería depositar el pago. Una vez que se realiza la inspección pre-compra y, de no haber imprevistos, el organismo internacional libera los fondos para la empresa.
Fuente: https://mnews.com.ar/notas/
