El juez Villena resolvió incautar el avión venezolano
Un fallo a medida del Departamento de Justicia de EE.UU.
El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, hizo lugar al pedido de Estados Unidos para incautar el avión Jumbo de Emtrasur que ingresó a la Argentina el 6 de junio. El fallo implica una ratificación del bloqueo norteamericano sobre la aeronave, en el marco del tratado de asistencia jurídica mutua entre ambos países.
La decisión fue tomada luego de que la fiscal Cecilia Incardona avalara la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que reclama el secuestro y posterior decomiso del avión. La definición de la Justicia argentina en favor de Washington se da en medio de duros cuestionamientos por parte de funcionarios del gobierno venezolano.
Si bien los detalles de la resolución son confidenciales, de acuerdo con las exigencias del tratado con Estados Unidos, fuentes del caso aseguraron a Página/12 que el avión quedará secuestrado a disposición conjunta entre la Justicia local y la de Columbia. El magistrado tuvo que resolver, para este caso, si se cumplía con los requisitos del tratado firmado oportunamente entre ambos países, por lo que necesariamente tuvo que hacer lugar al pedido de incautación.
El Ministerio de Justicia de Estados Unidos determinó, a partir de la orden judicial emitida el 19 de julio por la Corte del Distrito de Columbia, que el avión de bandera venezolana puede ser confiscado debido a violaciones a sus normas de control de exportaciones. Allí se establece que el Departamento de Comercio de aquel país tiene la potestad de aplicar sanciones y bloqueos a toda actividad no autorizada. En este caso, la nave fue originalmente producida en suelo norteamericano, luego vendida a Air France, y con posterioridad a la aerolínea Mahan Air de Irán. Desde 2008 rige una prohibición del gobierno estadounidense sobre la empresa iraní para las transacciones relacionadas a sus exportaciones, por una supuesta vinculación con grupos terroristas. Dentro de este bloqueo se encuentra el avión que permanece en Buenos Aires actualmente, luego de ser comprado por Conviasa, la empresa estatal de Venezuela.
De acuerdo con la ley 24.034 de 1991, Argentina y Estados Unidos suscribieron al tratado de asistencia mutua que implica, en los hechos, la colaboración en materia judicial entre los dos estados. En este contexto es que el gobierno norteamericano exige al argentino que haga efectiva la orden de confiscación de la aeronave. Aunque el delito que se invoca es la reexportación, es decir, una violación a leyes inexistentes para la normativa argentina, el juez puede acatar el pedido de la Justicia de aquel país, amparado en la ley.
Esta resolución, sin embargo, no afecta la situación procesal de los tripulantes del avión que aun aguardan la definición de la Justicia argentina, en el marco de la causa que investiga si la tripulación «se encontraba vinculada a algún tipo de actividad o grupo terrorista o bien si sobrevolaron y aterrizaron en nuestro país con alguna finalidad delictiva», según la fiscalía.
Este miércoles, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Pedro Carreño, exigió al gobierno argentino que devuelva la aeronave y libere a la tripulación, por considerar que la investigación no fue más que un «falso positivo».
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