El primer decreto presidencial brinda facultades para analizar el estado societario de las empresas ligadas al Ministerio de Defensa
Durante el 10 de diciembre, luego de la asunción del presidente Javier Milei, una de las principales medidas tomadas a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) fue la modificación de la Ley de Ministerios, reduciendo a los mismos a un total de tan solo nueve. Dentro de los cuales, contemplados como la Estructura Orgánica Funcional Básica para el Poder Ejecutivo, se encuentra el Ministerio de Defensa presidido por el Dr. Luis Petri, perteneciente al bloque político de Patricia Bullrich, y la Unión Cívica Radical.
Durante la gestión pasada, el organismo de Defensa acuñaba 27 responsabilidades primarias, pero fueron agregadas dos adicionales siendo estas las siguientes. Una primera enfocada en la estructura de las empresas dependientes del Ministerio de Defensa mencionando el decreto “Entender, de conformidad con las pautas y lineamientos impartidos por el Jefe de Gabinete de Ministros, en la administración, coordinación y ejecución de las políticas y acciones que hacen al ejercicio de los derechos societarios correspondientes a las participaciones accionarias pertenecientes al ESTADO NACIONAL en las empresas de su ámbito. Por otro lado, la segunda responsabilidad primaria estima “Ejercer el control tutelar de los organismos descentralizados actuantes en su órbita”.
Siguiendo los principales objetivos del gobierno electo, estas nuevas responsabilidades pueden contemplarse de acuerdo a los mismos: la reducción de gastos de los Ministerios, la racionalización profunda de los presupuestos e inversiones en los mismos, y el control de los proyectos impartidos hacia las empresas publicas que trabajan en torno al Ministerio de Defensa. Estas empresas son Fabricaciones Militares, la Fabrica Argentina de Aviones y Tandanor.
Esto podría considerarse como la “letra chica“ de la reforma del Estado de público conocimiento, pero que gira entorno a la reducción de costos prescindibles, especialmente de las empresas estatales, y evaluando sus rendimientos económicos. Cabe destacar, que la privatización de las mismas aún no ha sido discutida de manera oficial desde la asunción, pero que algunos consideran que va de la mano con la evaluación del rendimiento que realice el Poder Ejecutivo.
¿Qué podemos esperar de una racionalización de recursos profunda en materia de Defensa? Teniendo en cuenta que es uno de los Ministerios que menor presupuesto recibe por parte de la gestión ejecutiva -aunque aún no se han tomado medidas nuevas al respecto-, podríamos contemplar desde un recorte aún más agravado en materiales o instrumento militar (incluso proyectos); o un replanteo y racionalización para el mismo: agilizando procesos, recortando plazos de evaluación, o intimando a las empresas estatales a finalizar proyectos de larga data para las Fuerzas Armadas. Sin embargo, es preciso dar cuenta que la incertidumbre hasta ahora es total ya que el gobierno electo posee tan solo un día de antigüedad, y no se conocen declaraciones oficiales del Ministro Luis Petri al respecto de los proyectos de cara a los próximos cuatro años de gestión.
Imagen: P-3B Orion 6-P-56 esperando los trabajos de extensión de vida en las instalaciones de FAdeA. Zona Militar.
