El rompecabezas del espionaje ilegal

Marcelo Sebastián D’Alessio nunca integró la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de manera formal, pero a través suyo es posible reconstruir en gran parte cómo funcionaron los servicios durante el gobierno de Mauricio Macri y cómo eran sus terminales con el Poder Judicial. Desde la semana que pasó las tres investigaciones que se llevaron adelante en el juzgado federal de Dolores pasaron a los tribunales de Comodoro Py, un territorio históricamente atravesado por los vaivenes políticos. El mapa de las causas se reacomoda y, para quienes las impulsan, el horizonte se oscurece.

D’Alessio pasa sus días en el penal de Ezeiza. Describe su celda como diminuta y cuenta que su única compañía son los insectos que hacen de él una presa fácil. D’Alessio supo presentarse como un integrante de la agencia antidrogas estadounidense DEA o mandaba informes con el logo de la propia AFI. Tenía terminales allí como el excomisario Ricardo Bogoliuk. Su detención en febrero de 2019 conmocionó al mundo del espionaje vernáculo.

D’Alessio cayó porque un empresario denunció que buscaba extorsionarlo para no involucrarlo en la causa de los cuadernos en compañía de su compinche el fiscal Carlos Stornelli. El juez Alejo Ramos Padilla, desde el juzgado federal de Dolores, investigó las operaciones en las que participó D’Alessio. Fueron más de medio centenar. En esa investigación quedaron expuestos sus vínculos no solo con la AFI, sino también con el ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, con la justicia federal –a través del fiscal Carlos Stornelli– y con la justicia provincial –a través del fiscal Juan Ignacio Bidone–. Ramos Padilla escribió que no le quedaban dudas de que D’Alessio era un espía. Podría ser un inorgánico, pero era un espía.

De inorgánicos a orgánicos

La maquinaria dedicada al espionaje político se aceitó en la AFI desde los primeros días. Parte de esa tarea se concentró en una de las áreas más sensibles de la Agencia, la de Contrainteligencia. Allí, el primer director operacional de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, conformó un grupo de hombres que estuvo dedicado a espiar entre otros a Cristina Fernández de Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta, Emilio Monzó pero también a la hermana menor del entonces presidente, Florencia Macri. Ese grupo pasó a la fama como los Súper Mario Bros. Su núcleo originario estuvo compuesto por policías de la Ciudad que pasaron en comisión a la AFI. Algunos de estos espías frecuentaban la Casa Rosada, donde se reunían con la entonces coordinadora de Documentación Presidencial Susana Martinengo. La mujer se jactaba en sus conversaciones con los espías de su acceso al secretario privado de Macri, Darío Nieto.

Los Súper Mario Bros, además, tuvieron otro rol. Estuvieron involucrados en el espionaje que se hacía desde el Servicio Penitenciario Federal (SPF) sobre los exfuncionarios y empresarios kirchneristas que estaban presos en Ezeiza. La AFI, a través del área de Asuntos Jurídicos, tenía acceso a las escuchas de los teléfonos de los pabellones. Sabían de qué hablaban con sus abogados, con sus familias y con quienes lo visitaban. Esas escuchas muchas veces alimentaban otras causas o se filtraban en los medios de comunicación.

La AFI tenía un sistema de punto a punto –llamado SIDEA– con la oficina de escuchas de la Corte, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), que les permitía a los espías escuchar casi en vivo y en directo lo que se hablaba en Ezeiza. Cristina Caamaño encontró 105.000 registros en la AFI. Ya anunció que lo denunciará en los próximos días como una maniobra que orquestaron desde la cima del Poder Judicial para devolver las escuchas de manera solapada a la exSIDE, que las perdió con la reforma de 2015.

Las andanzas de los Súper Mario Bros se investigaron en la justicia federal de Lomas de Zamora. Allí, el juez Juan Pablo Augé procesó a los exdirectivos de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto con el exdirector del SPF Emiliano Blanco. De los 38 procesamientos que dictó Augé, la Cámara Federal porteña dejó en pie diez. CFK impugnó esa decisión mientras reclama que la causa vuelva a Lomas.

En la provincia

Si los Súper Mario Bros se conformaron con policías de la Ciudad, el desembarco de la AFI en provincia de Buenos Aires estuvo conducido por expolicías bonaerenses. Para ello convocaron a dos exjefes policiales como Daniel Salcedo y Vicente Melito, que quedaron bajo el mando de Pablo Pinamonti.

Entre 2016 y 2017 funcionó en la provincia lo que se conoció como el Proyecto AMBA. La iniciativa de la AFI significó triplicar la presencia que ese organismo había tenido históricamente en la provincia de Buenos Aires. A las tres bases que ya existían desde los años ‘70 en Mar del Plata, Bahía Blanca y La Plata se le sumaron otras seis delegaciones en Ezeiza, Quilmes, La Matanza, San Martín, Morón y Pilar. Las ubicaciones de las bases fueron pedidas por la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, según la versión de Arribas y Majdalani. En total 87 hombres estuvieron destinados al Proyecto AMBA.

Las bases estuvieron al mando de oficiales retirados de la Bonaerense también. Los espías desplegados en la provincia se dedicaron a monitorear la situación política en un año electoral y a controlar los posibles focos de conflictividad social. Para diciembre de 2017, el Proyecto AMBA se desmanteló. Ya habían pasado las elecciones de medio término y hay quienes piensan que los exbonaerenses devenidos en agentes de la AFI empezaron a competir con sus antiguos compañeros por las “cajas” en el territorio provincial. Hubo también versiones de que la AFI espió incluso a Vidal.

Cuando el Proyecto AMBA se extinguía, los seis agentes que reportaban en la base Mar del Plata encontraron una nueva razón de ser. En noviembre de 2017 se hundió el submarino ARA San Juan con sus 44 tripulantes. Desde entonces, la AFI siguió a los familiares de los submarinistas. La información llegaba al mismísimo Mauricio Macri, cree el juez Martín Bava que procesó al expresidente.

Donde todo se une

Por esos días se hizo la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en la Argentina. Para el macrismo significaba la vuelta al mundo. Para garantizarse que nada se saliera de control, se coordinó en una mesa de trabajo desde el Ministerio de Seguridad cómo serían todas las tareas. En esa mesa también se sentaban los espías de la AFI, que incluso participó en el esquema para decidir quiénes ingresaban o no al país. Un esquema similar se replicó al año siguiente cuando se hizo la reunión del G20. Entonces incluso la AFI “fichó” a los periodistas que pidieron acreditarse para cubrir el evento.

Entonces estaba en funcionamiento lo que se conoce como la “mesa judicial”. Allí se daban cita los funcionarios o asesores de Macri en materia de justicia y definían cuáles eran los objetivos a perseguir. También iba Arribas, que estaba al mando de los servicios, según surge de los mails que encontró en 2020 Caamaño. Para la fiscalía que investiga su accionar, uno de esos objetivos podría ser presionar a magistrados que no comulgaban con el accionar del gobierno de Macri. Una de ellas era la procuradora Alejandra Gils Carbó, a quien el macrismo buscó remover desde antes de llegar al gobierno.

En la Comisión Bicameral de Inteligencia creen que todo lo que recogía la AFI llegaba a la “mesa judicial”. A fin de año apareció un video en el que se ve cómo la filial bonaerense de la “mesa judicial” se daba cita para armarle una causa al sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina, a quien desde el macrismo denunciaban como parte de una “mafia”. En esa mesa estaban los funcionarios de Vidal, los empresarios y tres de los más altos cargos de la AFI: el director operacional de Contrainteligencia (Dalmau Pereyra), el director administrativo de Asuntos Jurídicos (Juan Sebastián de Stefano) y el jefe de gabinete (Darío Biorci).

Llegar a Comodoro Py

“Las causas son como distintos episodios de una misma historia que muestra el accionar de la AFI”, dice el abogado querellante Alejandro Rúa. Ahora todas las causas –a excepción de la de la mesa judicial bonaerense– tramitan en los tribunales de Comodoro Py. Esta semana, el juez Julián Ercolini recibió dos de los expedientes de Dolores (ARA San Juan y Proyecto AMBA). Ya tenía la investigación sobre D’Alessio. A principios de 2020, la Casación le había sacado la causa a Augé en Lomas y la había enviado al juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, donde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner denuncia que está frenada con el beneplácito de la Corte.

“Ahora también las causas siguen tramitando por separado. No es que se hayan unificado. Lo que cambió es la estrategia de los imputados”, explica Rúa. “Ellos buscaron que las causas se juntaran en la jurisdicción donde tienen controlado al tribunal de alzada. No importa el juzgado que toque en Comodoro Py, lo que les interesa es que intervenga la Cámara Federal porque ahí hay jueces que son parte de la mesa judicial del macrismo. Estoy hablando concretamente de (Leopoldo) Bruglia, (Pablo) Bertuzzi y (Mariano) Llorens”, denuncia. “El plan de la mesa judicial no solo tenía que ver con la persecución política a opositores, sino con la posterior garantía de impunidad. Hoy son los camaristas los que garantizan eso con la desarticulación de la posibilidad de investigar”, cierra Rúa.

César Sivo, abogado querellante en la causa del Proyecto AMBA, coincide con el diagnóstico pesimista. “Creo que tenderán a diluir las causas. Ya le han bajado intensidad a las imputaciones, han corrido a autores de relieve y peso como Arribas jugando con la idea de los cuentapropistas, muy peligrosamente cercana a la de los “excesos en la guerra sucia” y tan repugnante como ella”, sostiene Sivo. “Podría decirse que en Comodoro Py ya ha dado muestras de cómo actúan ciertos jueces, qué intereses representan y que saben que el Consejo de la Magistratura no los echará ni pondrá en riesgo sus cargos, máxime con el peculiar golpe que le dio la Corte Suprema a ese cuerpo”.

Para Valeria Carreras, abogada de las familias de los submarinistas, el pase de la causa del ARA Juan a los tribunales de Retiro fue un duro golpe. “El pase a Comodoro Py equivale a sumar una muerte más a las 44 que se cobró el hundimiento. Morirá la esperanza de llegar a la condena de los responsables, es decir, de obtener justicia. La verdad sobrevivirá porque los hechos son innegables y porque han quedado a la vista de todos”, dice Carreras que va a apelar esta semana la mudanza de Dolores a Retiro.