Evalúan pedir sanciones a Flybondi porque poner en riesgo la salud de un adolescente

15/01/2026 Pagina12.com.ar – Cable

Suspendió el vuelo a un paciente que debía asistir al Garrahan
Por Laura Urbano

La oficina del Defensor del Pueblo de Salta afirmó que podrían llegar a solicitar la intervención de la Justicia. La oficina del Defensor del Pueblo de la Ciudad de Salta, a cargo de Federico Núñez Burgos, analiza llevar ante la administración de justicia a la línea aérea Flybondi por entender que puso en riesgo la salud de un chico de 15 años que tenía turno para ser atendido en el Hospital Garrahan, en Buenos Aires, el 5 de enero, y por las suspensiones de los vuelos de la compañía fue atendido finalmente una semana después.

Los pasajes fueron gestionados para el adolescente y su madre, María Luisa Giménez, a través de una obra social para el domingo 4 de enero. Ese día llegaron a las 8. El vuelo salía 9.10, pero le dijeron que no podía subir por haber llegado tarde, dado que no había hecho el check in con antelación. La madre dijo que desconocía que debía realizar este trámite antes.

Ese domingo Giménez y su hijo -quien padece síndrome de Falconi con anemia severa, tiene trasplante de médula ósea, además de retraso madurativo-, se quedaron hasta las 23 en el Aeropuerto Martín Miguel de Güemes, con la esperanza de salir en otros dos vuelos que la aerolínea tenía programados a Buenos Aires. Pero la negativa a viajar se reiteró. La mujer perdió la posibilidad de llegar a Buenos Aires y de atender a su hijo con los turnos ya agendados en el Hospital pediátrico.

Giménez precisó que su hijo debe asistir todos los meses y recibir la medicación indicada, por las secuelas que dejaron las sesiones de quimioterapia por el cáncer de médula. La medicación que se le otorga es justa y una demora (como la ocurrida), pone en riesgo su vida.

Pese a las explicaciones, la empresa le dijo que tenía lugar recién para el viernes 9 de enero, a las 7. Ese día a las 5, ambos llegaron al aeropuerto desde el asentamiento Gauchito Gil (ubicado en la zona sudeste de la ciudad de Salta), en donde viven con un sobrino de Giménez. Pero recién entonces les informaron que el embarque había sido adelantado a las 4 y una vez más, les impidieron viajar.

“El día viernes ella suplicó de rodillas y los de Flybondi la sacaron con Policía (de Seguridad) Aeroportuaria empujándola a ella y a mi primito”, contó a este diario una familiar de Giménez.

La familia solicitó entonces la ayuda de funcionarios salteños. No hubo respuestas. Entonces hicieron una denuncia pública. Enterada de la situación una mujer, que pidió la reserva de su identidad, compró los pasajes en Aerolíneas Argentinas para que madre hijo viajaran esa misma noche a Buenos Aires.

La salud en riesgo
“Pusieron en riesgo la salud de una persona”, dijo el defensor del Pueblo al diferenciar esta situación de las constantes quejas contra la aerolínea privada acusada por estos días de la suspensión de más de 200 vuelos y el perjuicio causado a más de 22 mil personas.

Lo de la suspensión de vuelos ya es conocida. Núñez Burgos recordó que en diciembre de 2024 denunció la mala prestación del servicio de esta aerolínea ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y Defensa al Consumidor. A raíz de estas y otras presentaciones en el país se multó a la empresa, que en ese momento argumentó que un reordenamiento era la causa de las suspensiones.

“Lo que ocurrió en estos días es otra situación y estamos analizando con el equipo jurídico porque lo que mueve a la opinión pública no es solamente la cancelación, sino que además lo que hubo es un riesgo a la salud, a la calidad de vida de una persona que tenía turno para ir al Garrahan”, sostuvo el funcionario.

El defensor entendió que en un caso como el de este adolescente que esperaba ser atendido, era necesario que la empresa ofreciera una alternativa para solucionar la situación por una vía extraordinaria con el objetivo de que el chico llegara a Buenos Aires. En cambio, el camino que se sigue es la reprogramación de vuelos, pero con demora de cinco días.

Las regulaciones para las empresas no enmarcan de manera específica las acciones a tomar frente a una situación como esta. Ante ello, Núñez Burgos entendió que debería haber una interpretación judicial sobre las normativas existentes con el fin de establecer una sanción que se corresponda con el posible daño en el que se pudo haber incurrido.